La Junta Directiva de Cecale se reunió este pasado lunes en Burgos
La Junta Directiva de Cecale se reunió este pasado lunes en Burgos - R. O.
ECONOMÍA

Cecale alerta del aumento de empresas que se «fugan» a otras comunidades

Aboga por un cambio en la ley electoral para que los nacionalismos tengan menos peso

BURGOSActualizado:

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, advirtió este pasado lunes en Burgos aumento progresivo del cambio de sede social de empresas de Castilla y León a otras comunidades, «más del 75 por ciento de ellas a Madrid», por razones como la fiscalidad y las inspecciones y que en el primer trimestre del año llegó a 80. Aparicio, quien compareció en rueda de prensa antes de la celebración en la Casa del Empresario, sede de FAE de Burgos, donde se celebró una reunión ordinaria de la Junta Directiva de la patronal regional, lamentó la fuga de estas empresas -si bien no físicamente- ya que se verán «mermados» los ingresos en Castilla y León derivados del Impuesto de Sociedades. El responsable de la patronal regional señaló que en 2016 un total de 216 empresas de la Castilla y León cambiaron de sede social a otra autonomía (más del 65 por ciento a Madrid); en 2017 rondaron las 240 empresas y en el primer trimestre del presente ejercicio ya se contabilizan 80 factorías. De seguir a este ritmo progresivo, «más de 300 empresas se van a deslocalizar» en la región a final de este año.

En este sentido, enumeró dos razones como causantes de este cambio de sede social. En primer lugar, apuntó, se debe a la fiscalidad ya que en Castilla y León existen tres impuestos: el de Patrimonio, el de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicas Documentados que otras regiones como Madrid no tienen. Y, en segundo lugar, las inspecciones a las empresas que, a su juicio, no se hacen de «manera ordenada y coherente». El año pasado, recordó, se recaudaron únicamente 1,5 millones de euros de las inspecciones realizadas a las empresas de la Comunidad, informa Ical.

En este segundo punto, Aparicio pidió al Gobierno «actuar contra la economía sumergida», ya que se estima que su desaparición supondría 180.000 millones de euros que generan este tipo de actividad en cuanto a que ésta supone cerca del 30 por ciento en España. «Si se lograsen recaudar 120.000 millones de esa cifra, se acabaría con el déficit en España de un plumazo».

«Si no se actúa de manera consecuente contra la economía sumergida no vamos a poder mantener todos los servicios en los que España ahora es pionero», exclamó. «Va a ser insostenible todo -enfatizó- y si no se actúa, corremos riesgo de que todos los servicios del estado del bienestar se vean mermados» y se esté abocado «al copago en todos ellos». Así, entendió que en la actualidad, se está actuando sólo contra los que «legalmente están establecidos».

El presidente de la patronal también abogó por un cambio en la Ley Electoral para que «se igualen las inversiones en todas las comunidades». Al respecto, recordó que «de los presupuestos depende mucho la armonización fiscal entre las diferentes Comunidades», así como «muchas de las decisiones que son trascendentes para la economía española». En esta línea, señaló que «el tener un diputado por una provincia de España cuyo principal partido representante es nacionalista termina siendo decisivo a la hora de aprobar un presupuesto», lo que, a su juicio, supone una «merma» que termina desembocando en una «desigualdad» entre las diferentes regiones destacando que las comunidades con partidos nacionalistas «se ven beneficiadas cuando no hay mayorías absolutas» en alusión a la contraprestación que recibe por su apoyo al Gobierno para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

«Flaco favor»

Sobre esas desigualdades entre autonomía, también se refirió al nuevo impuesto de carburantes que ha puesto en marcha el Ministerio de Hacienda, el cual «nos ha hecho un flaco favor» porque, tal y como reseñó, «Castilla y León tiene una gran extensión y colinda con muchas regiones», lo que va a suponer que no solo «haya un perjuicio de las empresas del sector», sino también de las de hostelería y comercio cercanas a estas estaciones de servicio, informa Efe.