Imagen de archivo de un lobo ibérico
Imagen de archivo de un lobo ibérico - ICAL
MEDIO AMBIENTE

Los cazadores ven tras la sentencia del TSJ un «brusco repunte» de lobos

Tras prohibirse el aprovechamiento cinegético del cánido, UPA-COAG denuncia «indefensión»

VALLADOLIDActualizado:

«Puede ser comprensible» la apreciación de un «perjuicio de imposible reparación que constituiría la caza de lobo sin tener asegurado que pueda cazarse». Así lo reconoció la Federación de Caza de Castilla y León tras el pronunciamiento judicial que prohíbe que esta temporada se levante la veda en base a varias sentencias contrarias a la regulación de la especie. No obstante, denunció el colectivo que lo «que es más difícil de entender es que no se considere al menos igual de irreparable y de mucho mayor calado el perjuicio que supone la suspensión» de esta práctica «para el interés general».

Así, desde la Federación regional, que presiden Santiago Iturmendi, advirtieron este pasado miércoles en un comunicado que la medida cautelar adoptada por el TSJ de prohibir la caza al norte del Duero -al sur ya lo estaba al ser esta especie protegida en ese territorio- tendrá «repercusión» sobre «el medio ambiente y sobre los intereses de ganaderos y otros habitantes el medio rural. El interés cinegético aquí puede ser lo de menos».

Entre esos efectos de la suspensión de la caza, la Federación señaló hacia un «brusco repunte y un grave desequilibrio en las poblaciones de lobo en el medio natural». Y es que argumentaron que «se puede caer en el error de pensar que están en recesión en Castilla y León cuando no es así». Aseguraron, en este sentido, que la manadas se mantienen «estables y en algunas zonas se encuentran en expansión». Y ante ese panorama, tienen claro que «ganaderos, cazadores y administración saben que la única forma de gestionar el lobo de forma eficaz es a través de la caza y que no hay recetas mágicas para resolver el problema de la convivencia del hombre y el lobo si no es a través de un aprovechamiento cinegético ordenado».

Con ese convencimiento y «para evitar este perjuicio irreparable que los tribunales ignoran», instaron a la Junta de Castilla y León a resolver esta situación «a la mayor brevedad adaptando la regulación sobre el lobo al ya modificado Decreto que regula la conservación de las especies cinegéticas». Además, lanzaron una advertencia: el «rechazo hacia esta especie por sus afectados, personas del medio rural que viéndose desesperadas y abandonadas a su suerte podrían verse tentadas a actuar al margen de la ley con el peligro que esto conlleva para el propio lobo y para el resto de especies, incluidas las protegidas».

Por su parte, desde la Alianza UPA-COAG denunciaron la «indefensión absoluta en la que se encuentran los ganaderos, que sufren en primera persona la expansión incontrolada de lobos y son víctimas de la fauna salvaje en su propio patrimonio personal cada vez que se produce un ataque».

La organización profesional agraria consideró que la situación «exige de actuaciones firmes» y aseguró que «no sólo considera justificada la caza de ejemplares debido a los altísimos niveles poblacionales», sino que ve «incomprensible que no se presenten alegaciones suficientemente pormenorizadas por parte del Gobierno regional, tal y como recoge» el auto del TSJ.