Baeta y Tobalina apuntan también que Villanueva decidió sobre la Perla Negra

El nombre de Tomás Villanueva volvió a resonar en la sala de vistas en la que están prestando declaración los investigados por el caso de la «Perla Negra» que analiza si hubo delito de malversación. Ayer fue el turno de dos altos cargos de la Junta, los directores generales de Presupuestos y Estadística, José Armando Baeta Canales, y de Industria e Innovación Tecnológica, Carlos Martín Tobalina, quienes formaron parte de los consejos de administración de Gesturcal, y ambos apuntaron al ex consejero de Economía como el que llevaba la voz cantante, señalando que las decisiones en torno a la compra del polémico edificio de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos del parque de Portillo las tomó él.

Al contrario que algunos de los investigados que ya han pasado por el trámite de declarar ante el juez y que han alegado no recordar detalles, tanto Baeta como Martín Tobalina sí tuvieron presentes buena parte de ellos. Asumieron su responsabilidad en los trámites que se aprobaban en los consejos de administración de Gesturcal -que gestionó ambas operaciones urbanísticas-, pero no en las decisiones que se adoptaron. Éstas, insistieron, procedieron de «arriba», de la Consejería de Economía. Y aunque inicialmente no aportaban nombres, finalmente coincidieron en apuntar hacia Villanueva como la persona que marcó las pautas en todo lo relacionado con la «Perla Negra», tanto en lo referente al alquiler en los inicios del procedimiento, como en la alternativa de compra por la que, finalmente, se optó, según informaron fuentes jurídicas.

Expusieron así ante el juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid que en las reuniones del consejo de Gesturcal se daba el visto bueno a decisiones que presuntamente habría adoptado Villanueva. De hecho, salió a relucir a preguntas de las partes cómo precisamente éstas no siempre fueron de su absoluto agrado. Y es que en lo que respecta al parque empresarial de Portillo -que no llegó a construirse- ambos mostraron en su día su sorpresa ante el modo de actuación, tras sortearse al consejo de Gesturcal, al firmarse la adquisición sin informar de ello.

Cabe recordar que al respecto del parque de Portillo -del que trascendió que las empresas a las que Gesturcal compró los terrenos por 35 millones los habrían adquirido por diez- ya se había pronunciado ante el juez el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo, quien afirmó que se solicitó más información acerca del proyecto y de la potestad que tenían quienes tomaban las decisiones. Unos hechos que ambos investigados reconocieron ayer en el Juzgado, donde manifestaron haber compartido junto a Trillo y otros vocales el rechazo a la forma de actuar. Una oposición que llevó, incluso, a solicitarse la suspensión de la formulación de las cuentas anuales de la empresa pública.

Ninguno de los dos quiso pronunciarse ante los medios de comunicación tras su declaración en el Juzgado, que se extendió por un periodo de hora y media en el caso de Batea y de una hora en el de Martín Tobalina.

Las declaraciones continúan mañana con el director general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, consejero de ADE desde 2008 a 2015; y el ex director general de Economía y ex presidente de ADE, Javier Rodríguez. El viernes será el turno de Francisco Javier de Andrés Guijarro, secretario general de la Consejería de Hacienda, el último alto cargo actual citado en esta primera tanda.