Los últimos del Cavero
Cumpliendo una orden judicial, 47 familias gitanas (unas 180 personas) han dejado paso a las máquinas para derruir el poblado ocupado durante más de un cuarto de siglo
El asentamiento del Cavero , en Olías del Rey, ya es leyenda. Las máquinas acabaron ayer con 26 años de historias en un lugar de inmundicias y peligros, donde la estructura en ruinas de un enorme edificio de la Seguridad Social y varias chabolas han dado cobijo a sus últimos moradores, 47 familias de gitanos (alrededor de 180 personas).
Algunos ya se fueron este miércoles, pero los más rezagados apuraron este jueves hasta el último minuto para cumplir, antes de las diez de la mañana, con la orden judicial de desalojar este histórico emplazamiento. Lo abandonaron de manera pacífica en sus furgonetas, repletas de enseres, bajo la atenta mirada de más de un centenar de guardias civiles y seis agentes de la Policía Local de Olías , que levantaron varios controles en todos los accesos a la zona.
Como testigos del desahucio, numerosos periodistas, vecinos de los alrededores, trabajadores de los servicios sociales de la Junta de Comunidades, miembros de la asociación Llere y tres empleados de Iberdrola, que se habían encargado a primera hora de la mañana de cortar el suministro eléctrico al poblado como precaución. Salvo algún crío, los menores en edad escolar que vivían en el asentamiento no vieron nada, porque a esa hora estaban en el colegio, donde también comieron.
José Pardo , de 33 años y tres hijos menores de 10 años, llegó con siete «primaveras» a este lugar, donde el peligro del amianto pendía constantemente sobre las cabezas de sus pobladores. «Es una pena terminar así. El desalojo se podía haber hecho en verano y no ahora, en invierno. ¡Están jugando con el futuro de nuestros hijos!», exclama José, quien rompió a llorar cuando hablaba para un programa de televisión. «Es un día triste y lamentable para personas que han nacido aquí», resumía el abogado de oficio de los desalojados, Ángel Benito Pérez .
José Bono, su vecino
El Cavero no era un asentamiento cualquiera. Hasta el exministro José Bono , que tiene una casa a menos de un kilómetro, estuvo tomando café dentro de sus chabolas en dos ocasiones, según José Pardo. «Bono ha pasado por aquí con sus guardaespaldas», añadía mientras veía cómo las últimas familias desfilaban camino de un campamento provisional a menos de una decena de kilómetros, también dentro del término municipal de Olías del Rey.
Las fuerzas del orden no tuvieron que intervenir por alguna algarada. Tampoco los servicios sanitarios de las dos ambulancias del Sescam y las tres de Cruz Roja que se sumaron al extraordinario dispositivo organizado con motivo del desalojo. «Mis representados se han ido de forma pacífica y voluntaria, por lo que la comisión judicial se ha ido contenta», dijo Ángel Benito.
Sí lo hicieron las máquinas que luego destruyeron las chabolas y el edificio que llegaron a dar cobijo a cientos de personas y también a numerosos animales (incluso a caballos) durante más de un cuarto de siglo. Precisamente un perro galgo de color marrón fue el último habitante del Cavero que, estirándose plácidamente, observó cómo la comisión judicial y la Guardia Civil inspeccionaba la zona antes de permitir el paso de las máquinas.
Mientras las máquinas derribaban robustos muros y endebles chabolas, en la plaza del Ayuntamiento de Olías se concentraban los desalojados esperando noticias. Algunos de sus representantes y el presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Castilla-La Mancha, Jesús Cano , se reunían con el alcalde, José Manuel Trigo (PP), a raíz de las críticas por las condiciones del nuevo campamento en mitad del campo. «No somos ovejas. Es un barrizal. No se puede entrar en ese lugar; si llueve, ya no se puede salir (...) No me puedo fiar de este alcalde porque es un embustero», afirmaba en la plaza Cesáreo, uno de los dos patriarcas. «Cuantos más buenos somos, peor nos tratan», se lamentaba Fernando.
Al regidor le pidieron mejoras antes de ir a su nuevo emplazamiento, donde el consistorio había instalado dos gigantescas tiendas de campaña y una decena de menor tamaño. Además de agua, alimentos y mantas, que ya había, el alcalde se comprometió a adecentar el suelo y llevar inmediatamente dos generadores para dar luz y calefacción a la zona de acampada. «Calculo que el Ayuntamiento se gastará cerca de 20.000 euros», dijo Trigo, mientras un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolaba el municipio.
Para entonces, la ayuda de 1.800 euros para cada familia, proporcionada por la Junta a través de las entidades bancarias, no había llegado a todas las beneficiarias. «¡Y para qué nos sirve ese dinero, si nadie nos quiere alquilar casas porque somos gitanos!», vociferaba uno de los congregados en la plaza, que luego se trasladaron al recinto ferial, donde escendieron lumbres para calentarse a la espera de las mejoras prometidas por Trigo.
Reproches políticos
Los ediles de IU Jorge Vega y José María Fernández afirmaban a pocos metros que las administraciones «no han estado a la altura» de las circunstancias. Y dos horas más tarde, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page , aseguraba que haber dado una vivienda social a las familias hubiera sido injusto con cientos de castellano-manchegos que demandan vivienda (solo en la provincia de Toledo hay una lista de espera de 2.000 demandantes), además de que «podría haber tenido un efecto llamada». Desde el PP, en cambio, se acusaba a García-Page de dejar «a familias enteras, con niños y ancianos, tiradas en medio del campo».
En otro escenario, el delegado de la Junta en Toledo, Javier Nicolás , demostraba con documentos que el Gobierno había intentado comprar a la Seguridad Social la finca El Cavero ante el desahucio, afirmación que el delegado del Gobierno en la región, José Julián Gregorio , lo desmentía.
Por la tarde, la Junta de Comunidades informó de que había realojado en hostales a 23 personas del Cavero, entre ellas a tres mujeres embarazadas junto a sus parejas e hijos. También a una anciana y a un hombre de 45 años con una enfermedad respiratoria, que fueron trasladados a la residencia pública de Pantoja.
Al mismo tiempo, el alcalde de Olías aseguraba que el Ayuntamiento y Cruz Roja habían dado alojamiento a 15 personas de ese mismo grupo en hostales y una residencia privada de Ajofrín, después de un infructuoso intento por llevarlos al albergue juvenil «San Servando» de Toledo. Para el resto de familias, solo les quedaba dos opciones: dormir en las tiendas de campaña o en sus vehículos.
En cualquier caso, parches para una pelota que continúa en el tejado de las administraciones.
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