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El TSJ anula la expropiación urgente en el yacimiento Ciudad de Vascos

«Pudo incurrir en una desviación de poder para conseguir un rédito de tipo electoral»

Embarcadero de Ciudad de Vascos ANA PÉREZ HERRERA

MERCEDES VEGA

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha anulado el acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha (publicado en el Diario Oficial el 2 de mayo de 2014), por el que se declara la urgente ocupación de bienes afectados por la expropiación para ejecutar la obra «Ciudad de Vascos» , en Navalmoralejo, promovida por la Diputación Provincial de Toledo la pasada legislatura, según la sentencia dictada por la sección 2ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

El Ejecutivo que presidía entonces María Dolores de Cospedal , del PP, apoyó así un proyecto ideado por su compañero de partido, Arturo García-Tizón , que promovió una nueva ruta hasta el yacimiento arqueológico musulmán denominado Ciudad de Vascos, un acceso fluvial en catamarán por el río Huso . El proyecto incluía la construcción de dos embarcaderos, uno de ellos en la finca propiedad de la recurrente, un centro de interpretación, una cafetería, aseos, aparcamiento, zonas verdes y asfaltado desde la CM-4104.

Defectos formales

En el recurso presentado por la parte expropiada se alegan defectos formales en la tramitación del expediente y la sala reconoce que la urgente ocupación de los bienes afectados no está suficientemente motivada.

Según el fallo, a la vista del alegato de la recurrente, «la Sala se plantea si se pudo incurrir en desviación de poder al recurrir a la urgencia de un procedimiento expropiatorio con el fin de conseguir de tal proyecto un rédito de tipo electoral de cara a las elecciones de 2015, presentándolo como éxito político, siendo éste un motivo más que determinaría la anulación del acto conforme a lo previsto en el artículo 70.2 de la LJCA en relación con el artículo 63.1 de la Ley 30/92».

A pesar de la judicialización de este asunto, el proyecto siguió adelante y quedó interrumpido tras las elecciones por el nuevo Gobierno socialista en la Diputación de Toledo, que actualmente estudia qué hacer con el barco construido por los Astilleros Gondán y que costó 400.000 euros.

Contra la sentencia cabe recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo, en un plazo de diez días contados desde el siguiente al de su notificación.

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