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Molina y seis exconcejales del PP deberán declarar por el caso Sufi

Han sido citados para el 22 de febrero de 2017 a las diez y media de la mañana

José Manuel Molina, exalcalde de Toledo ABC

ABC

Seis exconcejales y el exalcalde del PP José Manuel Molina han sido llamados a declarar por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Toledo como investigados e n el caso de la adjudicación del contrato de Limpieza municipal a la empresa Sufi, por el que supuestamente habría pagado 200.000 euros, hechos que denunció el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Así consta en la diligencias previas, a las que ha tenido acceso Europa Press, en la que el Juzgado toledano cita a declarar igualmente en calidad de investigados al resto de los miembros de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo celebrada el 2 de mayo de 2007 por la posible comisión del mismo delito.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha considerado como algo «normal» y dentro del proceso la citación a Molina para que declare junto a otros ex altos cargos municipales ante un juzgado de la capital regional por la presunta«mordida». Fuentes del PP han indicado a Europa Press que confían en la justicia, y recuerdan que «fue Emiliano García-Page cuando era alcalde de Toledo» quien dio el visto bueno a la modificación del contrato por el cual serán preguntados los «populares». Así, defienden que la declaración de Molina y el resto de citados servirá para aportar datos que lleven a la justicia a esclarecer todas las responsabilidades.

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Toledo llama a declarar el próximo 22 de febrero de 2017 a José Manuel Molina , al exconcejal de Hacienda del Consistorio toledano, Lamberto García Pineda , y exconcejal Fernando Sanz Domínguez. Por su parte, los ex ediles María José Rivas, Fernando Fernández, María Paz Ruiz y Fernando Cirujano declararán el 1 de marzo de 2017.

En marzo de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ru z se inhibió a favor de los Juzgados de Toledo para que investigaran la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa en la concesión y ejecución del citado contrato de basuras.

Lo hacía en un auto por el que el magistrado transformaba las actuaciones sobre la contabilidad B del PP en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, y en el que acordaba incoar una pieza separada sobre el contrato de basuras que se llevó a cabo, según Bárcenas, a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña a la presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 remitió estas pesquisas al juzgado decano de Toledo ante la «falta de conexidad suficiente» con la causa de «los papeles de Bárcenas» dado que el propio extesorero desvinculó el caso de Toledo de las supuestas aportaciones económicas recibidas por Sacyr en la «mecánica de funcionamiento de la caja B» del Partido Popular.

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