La Junta impone nuevas condiciones en la contratación pública

Unas cláusulas que van desde la prioridad en la contratación a personas con discapacidad, parados de larga duración , mujeres, jóvenes, y con problemas de exclusión social; a que la empresa no tribute en paraísos fiscales o que se tenga en cuenta el coste de la mano de obra a la hora de fijar el presupuesto máximo de licitación.

En opinión de Ruiz Molina, con estas novedades se pretende mejorar el medio ambiente, promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad , potenciar la seguridad y salud laboral, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y fomentar el empleo de personas en situación de exclusión social.

Será a partir de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha cuando entren en vigor estas nuevas condiciones, si bien no afectarán a los contratos que en estos momentos están a punto de licitarse , como el del transporte sanitario, que tantos problemas está originando con las denuncias de los sindicatos por incumplimientos de las empresas adjudicatarias.

El consejero ha recordado que la instrucción será de aplicación a los contratos que celebre la Administración de la Junta de Comunidades, sus organismos autónomos y el resto de entes y entidades que integran el sector público regional , quedando excluidos del ámbito de aplicación aquellos realizados a través de la adhesión al sistema de contratación centralizada de otras administraciones públicas y los contratos menores .

El incumplimiento de algunas de las cláusulas sociales, ya sea en la ejecución del contrato o en las diferentes fases de adjudicación, facultará a la Administración regional a resolver el contrato o a imponer penalizaciones económicas a la empresa adjudicataria.

Según Ruiz Molina, desde la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se va a «supervisar que los contratos que se ejecutan en la administración, con un carácter trimestral , se adecuan a las instrucciones».

Una causa específica de resolución de un contrato es el impago a cualquiera de los trabajadores adscritos a la ejecución del mismo de la totalidad de los salarios y cantidades adeudadas por la empresa contratista, cuando dicho impago sea por tiempo igual o superior a dos meses . «A partir de este momento, si una empresa deja de pagar el salario a los trabajadores en un contrato de la administración será causa de resolución», ha destacado Ruiz Molina.

Otra causa de resolución de un contrato será que la empresa abone salarios por debajo de lo establecido en el convenio colectivo que le sea de aplicación, que incumpla el deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores o el impago de las cuotas a la Seguridad Social.

Entre las cláusulas de obligado cumplimiento que ha mencionado el consejero de Administraciones Públicas está la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales o que en la adquisición de productos y servicios tecnológicos de información y comunicación los pliegos de prescripciones técnicas garanticen que los productos o servicios son accesibles también para las personas con discapacidad .

Además, se tendrá que cumplir que en la redacción de toda la documentación que forme parte de los expedientes de contratación se utilice un lenguaje no sexista .

También será obligatorio que en los contratos en los que el componente económico fundamental sea el coste de la mano de obra los órganos de contratación a la hora de fijar el presupuesto máximo de licitación tengan en cuenta todos los costes salariales según el convenio colectivo vigente.

Habrá otra serie de cláusulas sociales que serán obligatorias en función del tipo de contrato. En este segundo grupo, Ruiz Molina ha destacado como novedades que la empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable la afiliación y el alta a la Seguridad Social de los trabajadores , garantizar durante la vigencia del contrato la igualdad entre hombres y mujeres, adoptar medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de género , así como establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores.

Otra novedad será que en las nuevas contrataciones de personal durante la ejecución del contrato se deberá hacer respetar la normativa que en materia de empleo establece los colectivos prioritarios , es decir, se debe contratar a las personas con dificultades de integración en el mercado de trabajo.

En relación con la subrogación, se establece que, con independencia de lo que recojan los convenios colectivos, será obligatoria la inclusión de una cláusula que establezca la subrogación de los trabajadores, «con respeto absoluto a los derechos económicos y laborales que tuvieran reconocidos ».

Ruiz Molina ha indicado que las cláusulas de carácter laboral se van a introducir también en el Pacto por la Estabilidad en el Empleo, en el que el Gobierno regional está trabajando con los representantes de los trabajadores.

El consejero ha destacado otras cláusulas, que serán voluntarias y que varían en función de cada contrato, entre las que se encuentran la reutilización o reciclaje de envases y productos usados , su correcta eliminación a través del gestor autorizado y la recogida selectiva de residuos.

También se reservarán determinados contratos a centros especiales de empleo y a empresas de inserción . Este mandato ya se aprobó en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha de este año y en este momento la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas está trabajando con la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo para determinar qué actividades pueden ser ejecutadas por estos centros.