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ECONOMÍA

El 25% de la paga extra atrasada de 2012 tampoco se pagará este mes en Castilla-La Mancha

Ruiz Molina dice que no es posible «por la incertidumbre de cumplimiento de los objetivos de déficit», pero que «como muy tarde» se abonará en enero

El presidente Emiliano García-Page con el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina LUNA REVENGA

ABC

Los empleados públicos de Castilla-La Mancha tampoco cobrarán este mes el 25 por ciento de la paga extra de 2012 que en su día les retuvo el Gobierno de Rajoy por la crisis y que poco a poco, en función de su situación económica, han ido devolviendo las comunidades autónomas. El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, explicó este jueves en las Cortes regionales que la razón se debe a que en estos momentos no se dan las condiciones presupuestarias para abonar ese 25 por ciento adeudado (unos 30 millones de euros en total).

Según Ruiz Molina, los empleados públicos conocían esta noticia desde el lunes cuando el director general de la Función Pública, José Narvaez, confirmó a los representantes de los trabajadores que no se dan «desde el punto de vista presupuestario, por la incertidumbre de cumplimiento de los objetivos de déficit, las condiciones para poder abonar ese pago».

Hay que recordar que el pasado febrero el Gobierno regional y los sindicatos llegaron a un acuerdo por el que se acordó pagar el 25 por ciento de la extra de 2012 este mes de octubre. En caso de que no se pudiera, también se acordó que el pago se retrasaría hasta enero de 2017.

Propuesta de Podemos

Este jueves, el consejero de Hacienda aseguró que «como muy tarde» se hará en enero, pero que también cabe la posibilidad de que se realice antes, en noviembre o diciembre, dado que semanalmente se analiza el saldo presupuestario para ver si se cumple con el déficit. En este sentido, las Cortes regionales aprobaron una propuesta presentada por Podemos para que el Gobierno socialista pague el 25 por ciento antes de que finalice el año y solo de manera «excepcional» se tenga que esperar a enero.

En todo caso, Ruiz Molina recordó que el Gobierno socialista abonará el 75 por ciento de la extra suprimida, mientras que el anterior Ejecutivo del PP solo devolvió un 25 por ciento, y lo hizo «dos meses antes de las elecciones».

Por otro lado, el PP acusó al Gobierno socialista de guardar «en los cajones» facturas por valor de 304 millones de euros . Algo que negó el consejero Ruiz Molina, que explicó que desde que se implantó la factura electrónica esto sería imposible.

El diputado popular Lorenzo Robisco explicó que hay varias partidas presupuestarias, como el Fondo Regional de Cooperación Local (Forcol) o el Plan Adelante, en las que no se ha gastado nada. «¡Qué poco les ha cundido el trabajo!», dijo Robisco al Gobierno regional, al que acusó de «estar retrasando los pagos».

Las acusaciones de Robisco fueron negadas por Ruiz Molina, al que acusó de mentir. «Aquí no hay interpretaciones», sino que se está pagando a los proveedores, cuyo plazo medio de espera es de veinte días», aseguró el consejero.

En este punto del debate se produjo la anécdota de la jornada en las Cortes, ya que el presidente del Parlamento, Jesús Fernández Vaquero, amenazó a Robisco con retirarle el turno de palabra al entender que no se estaba ajustando al tema propuesto. Sin embargo, poco después Fernández Vaquero dio marcha atrás: «Antes he hecho una reflexión pensando que lo que estaba diciendo no se ajustaba a lo que establece la normativa. Ha sido un error manifiesto de este presidente y, por lo tanto, le pido disculpas» .

El 60% ejecutado

Por último, el consejero Ruiz Molina informó al pleno de las Cortes regionales de que a 30 de septiembre el presupuesto de este año estaba ejecutado al 59,93 por ciento, mientras que los ingresos reconocidos eran de 5.005 millones, el 58,5 por ciento de la previsión definitiva.

«Tienen un halo de masoquismo. Frente a sus mentiras está el rigor de los datos», les dijo el consejero a los diputados del PP, que previamente habían preguntado sobre el control presupuestario. Así, a 30 de septiembre, el Gobierno de Castilla-La Mancha había reconocido obligaciones por valor de 4.496 millones, 548 más que en el mismo periodo de tiempo del año anterior, según Ruiz Molina.

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