Autovía que fue objeto de reclamación administrativa en el norte de Gran Canaria
Autovía que fue objeto de reclamación administrativa en el norte de Gran Canaria - ABC

Un juzgado niega a OHL cobrar 13,4 millones de euros por el sobrecoste de un tramo de autovía

El Tribunal Superior de Canarias afirma, en parte, que las ofertas son «a riesgo y ventura del contratista» y que los aumentos de costes son responsabilidad de las empresas y no de la Administración que licita

Las Palmas de Gran CanariaActualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado que OHL cobre los sobrecostes de 13,42 millones que decía haber soportado al construir un tramo de la autovía GC-2, una obra que logró precisamente por el precio que ofrecía y por la que luego se le concedió una ampliación del 20%.

La constructora del grupo madrileño y sus socios locales Hermanos García Álamo y Santiago Melián sostenían que habían tenido que afrontar inversiones no previstas al duplicar la carretera del norte de Gran Canaria (GC-2) entre las localidades de Pagador y Guía, un sobrecoste del que culpaban a la administración que les había adjudicado la obra, el Gobierno de Canarias.

La empresas sostenían en su recurso que no podía discutirse legalmente su derecho a ser indemnizadas y que, en todo caso, su litigio con el Gobierno canario debía centrarse en la cuantía. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC subraya que OHL se llevó esa obra porque ofreció un precio rebajado respecto al presupuesto de partida, 59,54 millones, en un concurso en el que el valor de los trabajos determinaba casi el 50 % de la decisión (30 de los 65 puntos de valoración dependían de la oferta económica).

Y recuerda que luego el Gobierno canario le aceptó una modificación del proyecto que encareció la obra en 10,68 millones, es decir, un 19,93%, justo por debajo del límite del 20% que permite la ley sin tener que convocar una nueva licitación pública.

Los magistrados responden a OHL y a sus socios en esa obra que los sobrecostes que atribuyen a haber utilizado «los mejores sistemas de seguridad existentes en el mercado debieron haberlos incluido en su oferta», para así «ponderar» bien su impacto.

Criterio

Porque, a juicio de la Sala, «resulta absolutamente desproporcionado y contrario a los principios que deben regir una contratación administrativa realizar una oferta y pretender cobrar vía sobrecoste lo que no estaba en la oferta».

El TSJC remarca que, si OHL y sus socios hubieran incluido esas cantidades en su oferta inicial, ello «quizás hubiese motivado» que el contrato hubiera sido adjudicado a otra empresa, «dada la importancia en la adjudicación del criterio económico».

La misma contestación da a la constructora respecto al argumento de que tuvo que afrontar más gastos de los previstos al utilizar determinados procedimientos de obra o materiales, o por no haber podido emplear parte de su maquinaria, que no estaba homologada. La Sala remarca que ese es «un problema del contratista que no se puede trasladar al contratante», que se debe a su «falta de previsión» a la hora de calcular su oferta económica.

Matemáticas

El TSJC subraya que OHL y sus socios canarios presentaron «un proyecto a la baja sobre el precio presupuestado por la Administración» y luego cobraron un 20% adicional al serles aceptada una modificación.

«La presente demanda engloba la petición de un 20 % adicional, lo que nos situaría en un 40% adicional vía sobrecostes de elementos que no son tales, sino que, a la vista del expediente, son bajas aceptadas por el contratista al suscribir el contrato y obtener su adjudicación. Por lo tanto, son a riesgo y ventura del mismo», añade.

La Sala también considera que «son a riesgo y ventura del contratista» los sobrecostes que OHL decía haber sufrido como consecuencia del cambio de legislación que rige cómo afrontar este tipo de obras, más aún cuando eran «previsibles, ya normativa invocada estaba en tramitación cuando se adjudicó el contrato».