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Tribunales

La fiscalía abre 2.600 procedimientos en Canarias por crímenes informáticos

Son «numerosos» los escritos de acusación formulados por distribución de pornografía infantil en redes P2P

Las dos fiscalías provinciales de la comunidad autónoma cuentan con secciones especializadas contra los delitos informáticos Juan Carlos Soler

M. Á. Montero

El ministerio público incoó el año pasado en Canarias más de 2.600 procedimientos judiciales por posibles delitos informáticos. La Fiscalía Provincial de Las Palmas inició 962 actuaciones y la de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife, 1.661. Estos 2.623 casos incluyen estafas por medio de Internet, injurias en la red, revelación y descubrimiento de secretos, delitos contra la integridad moral, corrupción de menores, distribución de pornografía infantil ... Precisamente sobre esto último, sobre la distribución de pornografía infantil, y en concreto a través de las llamadas redes P2P (de pares, entre iguales o punto a punto), la fiscalía de Las Palmas califica de «numerosos» los escritos de acusación formulados en 2014 en conformidad con la defensa.

La memoria de la labor que el ministerio público llevó a cabo el año pasado en el Archipiélago, que el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido , expondrá estos días en el Parlamento regional y a la que ha tenido acceso ABC, dedica uno de sus apartados a los muchos delitos que se cometen al amparo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El informe avanza, al margen de esos 2.623 procedimientos incoados, que en 2014 fueron hasta 28 las sentencias condenatorias en la región por crímenes informáticos , nueve dictadas por juzgados de la provincia oriental y el resto, 19, por órganos de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife.

Las Palmas

Los datos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas revelan que son los delitos de estafa los que dan lugar al mayor número de causas, un total de 623 en 2014 solo en esta demarcación, esto es, 183 más que en 2013 . Hay que puntualizar, no obstante, que muchos de estos casos terminan en sobreseimiento provisional.

La memoria también adelanta que fueron 35 los procedimientos judiciales que se iniciaron por delitos de corrupción de menores o de personas con discapacidad ( incluidos aquellos de pornografía infantil ) solamente en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Es en este punto en el que el ministerio público pone énfasis en que fueron «numerosos» los escritos de acusación que se formularon por ilícitos de distribución de pornografía infantil por medio de las susodichas redes P2P.

Además, el informe descubre que asimismo se abrieron diligencias en 25 casos por amenazas y coacciones en la red ; en 19 por descubrimiento y revelación de secretos; en nueve por injurias y calumnias contra funcionario público, autoridad o agente; en cuatro por delitos contra la propiedad intelectual; en dos por apología o incitación a la discriminación, el odio y la violencia o por justificación de genocidios; en un caso más por ilícitos contra la integridad moral; y en 13 por daños, sabotaje informático y ataques de denegación de servicios en la red. El escaso número de este último tipo de ilícito, que contrasta con lo habitual de su comisión en Internet , obedece, en algunas ocasiones, «a la poca relevancia de los desperfectos o molestias causadas a la víctima» y, en otras, al convencimiento de esta de que será casi imposible «llegar a identificar al autor o responsable de los efectos dañinos para el software».

Santa Cruz de Tenerife

Lo primero de lo que avisa la fiscalía de la demarcación occidental es de que ha aumentado la cantidad de actuaciones relacionadas con la criminalidad informática en general. En cambio, aunque muy poco, ha disminuido, o disminuyó el último año, el número de escritos de calificación sobre estafas y corrupción de menores, aunque aquellas siguen siendo las que más procedimientos motivan.

La fiscalía provincial tinerfeña no ahonda, a diferencia de la de Las Palmas, en los datos, pero destaca dos procedimientos por delitos contra la integridad moral por su singularidad. Ambos se incoaron después de que dos personas publicaran en sitios web de contactos sexuales las señas y los teléfonos de sus exparejas, lo que les deparó a estas problemas en su «vida habitual» e incluso «un menoscabo psíquico de carácter leve» .

El ministerio público abrió en la demarcación dos investigaciones (ambas siguen judicializadas). Fueron cinco en Las Palmas, todas archivadas.

En libertad un ciberacosador de menores

En la memoria de la fiscalía de la comunidad autónoma se resumen algunos de los casos en que más horas emplearon el año pasado las secciones especializadas en delincuencia informática. Destaca entre estos el caso de un ciberacosador residente en Santa Cruz de Tenerife que establecía contacto con menores a los que luego ofrecía regalos a cambio de poder verlos por medio de la webcam. En otras ocasiones los obligaba a conectar la videocámara para internet bajo amenaza de difundir fotos o grabaciones por la red. «El imputado reside y actuaba desde Santa Cruz de Tenerife y ha causado numerosas víctimas por todo el territorio nacional, obligándolas a desnudarse o masturbarse ante la cámara del ordenador», expone el ministerio público. Con todo, «irregularidades e incorrecciones» del juez de instrucción, que la defensa puso de manifiesto en las cuestiones previas al juicio oral, desembocaron en la anulación de «pruebas esenciales» y, en definitiva, en la libertad provisional del acusado. La fiscalía entiende que no debieron anularse las pruebas.

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