Política
El PP aragonés exige a Rajoy que no autorice a Cataluña el trasvase del Ebro
Puigdemont se agarra a una autorización temporal que el Gobierno de Zapatero concedió a la Generalitat en el año 2010
El PP aragonés ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que no autorice a Cataluña su pretendido trasvase de aguas de la cuenca del Ebro a municipios de las cuencas interiores de esa región, lo que a su vez sentaría un precedente que daría aire a la Generalitat para reactivar su antigua aspiración de derivar caudales del Ebro hasta Barcelona.
El Gobierno del independentista Carles Puigdemont se agarra a una autorización que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero concedió a la Generalitat en 2010 . Las autoridades catalanas la pidieron en 2009 -en 2008 lo habían intentado con el trasvase a Barcelona- y un año después Zapatero se la autorizó, con el polémico beneplácito del entonces Gobierno aragonés PSOE-PAR que presidía el socialista Marcelino Iglesias , quien actualmente ocupa escaño en el Senado.
La condición que se le puso a la Generalitat es que se tratara de un trasvase «temporal», para abastecer con aguas de la cuenca del Ebro -desde el río Segre- a 31 municipios catalanes, cuatro de ellos no pertenecientes a la cuenca del Ebro -y, por tanto, un trasvase entre cuencas de idéntica sustancia jurídica que el trasvase a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería que aprobó el Gobierno de Aznar y que acabó derogando Zapatero poco después de llegar al poder, en el año 2004-.
Aquel trasvase del Ebro a municipios catalanes situados fuera de esta cuenca hidrlógica no se llegó a realizar. Pero, ahora, Puigdemont quiere ponerlo en marcha con rapidez, construir la tubería de 122 kilómetros con la que trasvasar esas aguas de la cuenca del Ebro.
El PP aragonés, que en su momento se opuso frontalmente a la autorización «temporal» concedida por el Gobierno de Zapatero, exige ahora a Rajoy que tumbe las pretensiones hídricas de Puigdemont. La Generalitat catalana necesita únicamente el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente -a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)-, y el PP aragonés le pide que no se la dé.
Por su parte, el Gobierno aragonés PSOE-Chunta que preside el socialista Javier Lambán dice también que van a trabajar en la misma dirección, que van a oponerse «frontal y absolutamente» a esta pretensión de Puigdemont y que, para ello, van a desplegar «todas las medidas jurídicas y políticas necesarias». El asunto, sin embargo, resulta especialmente incómodo para los socialistas, toda vez que la autorización «temporal» que ahora exhibe en su favor la Generalitat catalana fue librada en su día por Zapatero con la aquiescencia final del entonces presidente aragonés Marcelino Iglesias.
En Aragón hay unanimidad política en contra de este pretendido trasvase proyectado por Puigdemont. Incluso Ciudadanos, que inicialmente se mostró abierto a estudiar el planteamiento de la Generalitat, ha dicho ahora en Aragón que en absoluto lo respalda.
Las pretensiones de la Generalitat catalana consisten en trasvasar 0,62 hectómetros cúbicos de agua anuales de la cuenca del Ebro. Es una cantidad de menor entidad, pero todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón -con el PP y el PSOE al frente- coinciden en que la clave no es la cantidad de agua, sino la consecuencia jurídica: aceptar un trasvase -sea cual sea el volumen hídrico del mismo- sería sentar un precedente que daría aire a otros proyectos que quedaron enterrados hace años: el de aguas del Ebro para abastecer Barcelona y el trasvase a la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.
En Aragón, hace más de diez años que existe unanimidad política en contra de cualquier tipo de trasvase del Ebro a otras cuencas. De hecho, quedó reflejada en 2007 en el vigente Estatuto de Autonomía de Aragón. Se considera que autorizar trasvases compromete el aprovechamiento de aguas de la cuenca del Ebro en los territorios que pertenecen a ella, y subrayan que no hay excedentes de caudal en este río como para sostener transferencias hídricas a otras cuencas. A estas alturas, en Aragón aún no se ha completado la construcción de los embalses que se fijaron en el Pacto del Agua de 1992.
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