Desafío secesionista
El ensayo de «desconexión» que puede llevar a la cárcel a dos consejeros de Puigdemont
El pagano de los desacatos ha sido un pequeño pueblo oscense que está acorralando penalmente a la Generalitat
El «caso Sijena» es más que el pleito entre dos administraciones por una colección artística. El «caso Sijena» viene siendo, también, un indisimulado ensayo de «desconexión» puesto en práctica por la Generalitat , una suerte de «secesión» judicial puesta a prueba por las autoridades catalanas en la recta final del Gobierno de Artur Mas, continuada por el gabinete de Carles Puigdemont , cultivada por la antigua Convergencia (actual PDeCat) y alimentada por sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña ( ERC) .
Se trata de un ensayo de «desconexión» sustanciado en más de dos años de continuos desacatos judiciales, de los que ha sido pagano un pequeño pueblo aragonés, Villanueva de Sijena (Huesca) . Un pueblo que, sin embargo, está acorralando judicialmente cada vez más a la Generalitat y que acaba de conseguir que el Tribunal Supremo abra diligencias penales contra dos consejeros de Puigdemont, Santi Vila y Lluís Puig .
Villanueva de Sijena ha sufrido y sigue sufriendo las consecuencias de esos desacatos exhibidos públicamente por la Generalitat desde hace más de dos años, desde que -tras muchos más años de litigio- consiguió que la Justicia reconociera que el Gobierno catalán debía devolverle casi 100 obras de arte que había comprado ilegalmente décadas atrás. Pero la Generalitat lleva más de dos años incumpliendo sistemáticamente las órdenes judiciales de devolución de esa valiosa colección artística.
Las autoridades catalanas han hecho de este caso una proclamación de pretendida superioridad política y jurídica para alimentar su objetivo de «desconexión», de independencia. Así, en estos más de dos años el hilo argumental ha sido insistentemente el mismo: se ignora el cumplimiento de las órdenes judiciales , se ningunea al Estado de Derecho, se proclaman como superiores las «leyes catalanas» frente al ordenamiento jurídico del Estado y se desafía a los tribunales ignorando -también- las reiteradas advertencias de que esa desobediencia está castigada por el Código Penal.
Cadena de desacatos
Lo cierto es que, en todo este tiempo, esa cadena de desacatos - cinco desobediencias ha sumado la Generalitat en este proceso judicial - no le ha traído consecuencia penal alguna a sus protagonistas: Lluís Puig, consejero de Cultura de la Generalitat desde primeros del pasado mes de julio; y su antecesor en el cargo, Santi Vila, actual «conseller» de Empresa en el gabinete de Puigdemont. Las advertencias legales lanzadas por los jueces no se han hecho efectivas, pero ahora sí que ha cuajado la petición formulada por el letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, para abrir diligencias penales contra Vila y Puig.
Esta semana se conocía la decisión del Tribunal Supremo de abrir formalmente un procedimiento judicial de investigación penal contra ambos consejeros de la Generalitat . Y los presuntos delitos por los que se les investiga -de acuerdo con la Fiscalía- no son menores: apropiación indebida y desobediencia, a los que Vila suma un tercero, el de prevaricación.
Se arriesgan a pena de prisión
Si finalmente se determina que hay indicios suficientes de la comisión de esos delitos, Vila y Puig se enfrentarían a un juicio penal que, entre otras cosas, les podría llevar a la cárcel. Y es que el delito de apropiación indebida de bienes del patrimonio histórico español está castigado con penas de hasta seis años de prisión .
La Generalitat ha dejado claro, con sus palabras y con sus hechos, que el «caso Sijena» no era un mero litigio concreto sobre unas obras de arte, sino que era una oportunidad -en plena deriva soberanista- para ensayar y poner en práctica sus tesis de «desconexión». Y lo hizo con precocidad, hace ya más de un año, cuando el desafío secesionista aún no había alcanzado las cotas de tensión en las que está sumido.
El hilo argumental de los independentistas lo expusieron públicamente hace más de un año en este particular, y llegaron a proclamarlo en el «Parlament»: las «leyes catalanas» o las disposiciones jurídicas de la Generalitat están por encima del Estado de Derecho si éste actúa en contra de lo que el Gobierno catalán considera que son los intereses de su territorio.
Hace unas semanas, en vísperas de la rebelión contra el Estado que consumaron el 'Parlament' y el Gobierno de Puigdemont, el vicepresidente catalán Oriol Junqueras (ERC) dio una vuelta de tuerca más a esta rebelión contra la Justicia ensayada en el «caso Sijena». Junqueras abogó por desobedecer las órdenes judiciales no solo moldeando el argumentario legal sino, simple y llanamente, apelando sin más a razones «de conciencia» que son de aplicación en el «caso Sijena» como ensayo manifiesto de «desconexión».
Noticias relacionadas
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete