Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza
Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza - Fabián Simón
Política

El alcalde 'podemita' de Zaragoza, ante la Fiscalía por cinco presuntos delitos

Remiten al fiscal el informe de una empresa municipal que ve indicios penales contra Santisteve, de la órbita de Podemos

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El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve -de la coalición ZEC (Podemos-IU)- tendrá que responder finalmente ante la Fiscalía por un informe jurídico que le achaca cinco presuntos delitos en el ejercicio de su cargo público: prevaricación, acusación y denuncia falsa, ocultación de documentos, falsedad e incluso acoso laboral.

Ese informe sostiene que el alcalde habría incurrido en esos delitos cuando, a mediados del año pasado, maniobró para denunciar supuestas irregularidades en la empresa municipal Ecociudad Zaragoza. Ahora ha sido el propio consejo de administración de Ecociudad -integrado por PP, ZEC, PSOE, Ciudadanos y Chunta- el que ha decidido remitir a la Fiscalía ese informe jurídico que apunta penalmente contra Santisteve.

Dicho documento es un análisis legal realizado por el abogado asesor de la propia sociedad municipal Ecociudad. En el informe se considera, a tenor de los datos recabados, que el alcalde llevó a cabo presuntamente una «caza de brujas» para 'fabricar' un argumentario con el que acusar ante la Fiscalía a gestores de la sociedad municipal Ecociudad y a directivos ligados a contratos adjudicados por esa compañía pública.

El caso quedó en nada. La denuncia de Santisteve se archivó, por inconsistente, pese a las gruesas acusaciones que había lanzado. Ahora, el informe jurídico dice que el alcalde pretendió atribuir «la comisión de un delito por unos hechos que no eran ciertos». Es decir, que habría presionado e incluso falseado sus supuestas pruebas cuando denunció ante la Fiscalía.

Por todo eso tendrá que responder ahora. La presidenta del consejo de administración de Ecociudad, María Navarro (PP), considera que el órgano rector de esta sociedad municipal ha hecho lo que debía: cumplir con su «obligación» de trasladar al fiscal un informe jurídico en el que se habla de sospechas de delito. Ahora será la Fiscalía la que determine si pide o no la apertura de un proceso penal contra Santisteve, quien además es abogado de profesión.