Cuatro nuevos imputados de la marca de ropa Lolita Canalla en Invercaria

Según ha podido saber ABC, en el nuevo atestado la policía formula imputaciones al menos a otras cuatro personas por supuestos delitos de malversación de caudales públicos en relación con la marca de ropa Lolita Canalla. Se trata de la propietaria de la marca textil de Tarifa, María Malo (que también es propietaria de otra conocida marca de ropa) así como del responsable de comunicación de la misma empresa, Ignacio Jarillo.

A ellos se suman también los dirigentes de Invercaria que aparecen imputados en la mayoría de las tramas policiales. Es el caso del expresidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo y el exdirector de Promoción de la empresa Cristóbal Cantos. En principio solo hay imputaciones policiales que estarían relacionadas con un préstamo de 100.000 euros solicitado a Invercaria.

Ahora ese atestado, aún en manos del juez, será remitido al fiscal anticorrupción que deberá decidir si pide que se realice formalmente una imputación a todos ellos y decide llamarlos a declarar en el juzgado o, por el contrario, considera que no hay indicios de delito y pide el archivo de las actuaciones.

Se trata de una nueva pieza que se une a las investigaciones que ya hay abiertas en la trama principal, en FIVA, Fumapa, Operadores Aéreos, Juana Martín y EDM. Aunque de ésta última el magistrado decretó el pasado viernes el sobreseimiento parcial de las actuaciones para dos personas por no encontrar vinculación con los hechos, aún sigue la investigación sobre otros imputados en relación con esta entidad.

En cualquier caso la macrocausa de Invercaria tiene ya miles de folios y acumula cerca de medio centenar de imputados aunque hay algunos, como los exdirigentes de la empresa, que tienen a sus espaldas varias imputaciones.

Y eso que solo se ha investigado una pequeña parte. Todavía quedan numerosas empresas que debe investigar la Policía ya que el informe de la Cámara de Cuentas que destapó las irregularidades hablaba de más de 34 empresas en las que pudieron producirse los supuestos delitos de malversación de caudales públicos.