¿Por qué el Tribunal Supremo no quiere que Puigdemont sea detenido en Bélgica?

El movimiento, absolutamente inesperado, pilló con el pie cambiado a las defensas de los cinco huidos, que ahora, ya en plena campaña electoral, tienen que replantear una estrategia frente a la que parece que no hay más salidas que volver a España y responder ante la justicia y ante su electorado -como va a hacer Junqueras, también cabeza de lista, en prisión incondicional- o renunciar a la política en Cataluña, pues no podrán poner un pie en España -lo que necesariamente tendrían que hacer para tomar posesión de su acta- sin ser arrestados. La orden de detención nacional sigue vigente, como también lo están las imputaciones que pesan sobre ellos, que son las mismas que han llevado a declarar ante el juez Llarena a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y a cinco miembros de la Mesa; y al exvicepresidente Junqueras y otros ocho exmiembros del Gobierno de la Generalitat: rebelión o sedición y malversación.

En una maniobra técnico-jurídica muy hábil, el juez que investiga a los exmiembros del Gobierno y de la Mesa del Parlamento justifica su decisión de desactivar las euroórdenes (y las órdenes de detención internacional) en la desigualdad de trato que supondría que Bruselas decida finalmente entregar a Puigdemont y a los otros cuatro exconsejeros solo por un delito de malversación, cuando los imputados en el Tribunal Supremo -los citados más los «Jordis»- lo están también por otros delitos. No se trata de una posibilidad remota, sino muy factible, teniendo en cuenta que la Decisión Marco del Consejo de Europa de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea prevé que se pueda denegar la orden cuando los hechos que la motivan no son constitutivos de delito en la legislación del Estado miembro de ejecución, como es el caso. En Bélgica, el delito de rebelión no tiene correspondencia.

Llarena recuerda que cuando la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictó estas euroórdenes, el Tribunal Supremo no había asumido todavía la totalidad de la causa , una decisión que se tomó, recuerda el magistrado, porque los hechos que se investigan «pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable». Es decir, al tratarse de un plan conjunto, la depuración de responsabilidades se tiene que llevar a cabo de forma «unificada», pues de otro modo por los mismos hechos se podrían tomar decisiones contradictorias en unos y otros tribunales. Denegar parcialmente la ejecución de las órdenes de detención dificultaría una respuesta homogénea e introduciría una «distorsión subjetiva» a las defensas de los investigados que sí están a disposición del tribunal, argumenta Llarena.

Pero hay más, el juez se hace eco de que con posterioridad a la emisión de esas órdenes de detención, los investigados «parecen haber mostrado su intención de retornar a España con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente». Puigdemont va de número uno por Barcelona con Junts Per Catalunya; con el mismo partido y circunscripción va Clara Ponsatí de número tres, mientras que Lluís Puig es el número dos por Gerona. Por su parte, Meritxell Serret es cabeza de lista por Lérida con Esquerra y Antoni Comín, número siete por Barcelona, también con Esquerra.

Por tanto, si los huidos van a concurrir a estas elecciones, antes o después tendrán que venir a España, y lo harán, además, con la garantía de que los delitos que se les imputan no se va a ver mermados por el mero hecho de que uno de ellos no tenga un equivalente en ese país.

Con su decisión Llarena neutraliza las posibles dilaciones que se iban a producir en los tribunales belgas. Los investigados ya han comparecido en dos ocasiones ante el mismo juez que el lunes anunció que pospone su decisión hasta el 14 de diciembre. Su fallo era recurrible, con lo que la entrega necesariamente iba a retrasarse como mínimo hasta un mes después de las elecciones. Si los imputados quieren tomar posesión de sus actas tendrán que venir antes a España; si no lo hacen, la perderían con las consecuencias que eso puede tener de cara a su electorado.

La detención de estos huidos en España no tiene por qué implicar que ingresen en prisión. El juez Llarena tendría que valorar la adopción de medidas cautelares una vez que les haya tomado declaración, de la misma forma que ha hecho con los otros miembros del Gobierno y del Parlament. Bien es verdad, que a diferencia de estos últimos, en los que no vio riesgo de fuga, en el caso de los huidos sí puede apreciarlo: si se fueron una vez no hay razón para pensar que no podrían volver a hacerlo.