Manifestantes y políticos soberanistas acompañan a Homs a su llegada al Tribunal Supremo, el pasado febrero
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LA FACTURA DEL 9-N

El Tribunal de Cuentas ampliará el plazo a Artur Mas porque tienen «voluntad de pagar»

Previsiblemente Cuentas les dará hoy dos semanas más para reunir los tres millones que faltan del 9-N

MadridActualizado:

Este viernes vence el plazo para que Artur Mas, su vicepresidenta Joana Ortega, los exconsejeros Francesc Homs e Irene Rigau y otros cinco altos cargos de la Generalitat presenten la fianza de 5,25 millones de euros por su responsabilidad en la consulta del 9-N de 2014. Los denunciados aportaron 2,2 millones, por lo que aún les faltan algo más de tres millones de euros que, por el momento, no tienen.

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Según fuentes consultadas por ABC, los representantes del expresidente catalán y del resto de denunciados han solicitado una ampliación y esta va a ser atendida. Previsiblemente este miércoles el Tribunal de Cuentas les dará entre una y dos semanas más para que reúnan los fondos.

El motivo de esta flexibilidad es la buena actitud de los investigados, que han mostrado «voluntad de pagar», expresan a este diario fuentes conocedoras del procedimiento. Por tanto, Mas, Ortega, Homs, Rigau y el resto de altos cargos están reconociendo la autoridad del órgano fiscalizador y, aunque discrepan de las acusaciones, tienen intención de cumplir con la fianza marcada en el acta de liquidación de provisional. Luego confían en ser exonerados en el juicio contable.

Los 2,2 millones de euros ya aportados coinciden con la cantidad que llevaba recaudada la «caja de resistencia» puesta en marcha por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, las organizaciones que lideran el independentismo en las calles (sus presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respecticamente, están en prisión preventiva por sedición en el acoso a la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre).

Impuestos

Al margen de los 5,25 millones de euros, los denunciados por la consulta ilegal del 9-N tendrán que liquidar el correspondientes impuesto de donación si ese dinero proviene de las citadas organizaciones. A partir de 800.000 euros el tipo impositivo es del 32 por ciento y se aplica un coeficiente multiplicador por 2 cuando la donación llega de terceras personas, no es entre familiares, por lo que la factura se incrementaría considerablemente. El Tribunal de Cuentas no entrará de oficio en este asunto, que es materia fiscal y corresponde a la Agencia Tributaria.

Los 5,25 millones de euros de responsabilidad contable se dividen en nueve capítulos de gasto y cada uno de ellos tienen un mínimo de dos responsables. Artur Mas, como máximo responsable de la consulta ilegalizada, figura en todos los epígrafes. Además, la responsabilidad es solidaria, por lo que si alguno de los denunciados no cumple con su parte, el resto, si tienen patrimonio suficiente, serán embargados. Si todos cumplieran con su responsabilidad personal, Artur Mas tendría que abonar 2.105.314 euros. El Tribual de Cuentas cifró la responsabilidad contable del 9-N en 4.831.599,03 euros, a los que se suman 420.349,14 euros en concepto de intereses, para dar un total de 5.251.948,17 euros.

El mayor gasto que reclama el órgano fiscalizador de forma cautelar asciende a 2.800.735,13 euros y corresponde a la «adquisición de ordenadores portátiles para ser utilizados en las mesas de votación». Con los intereses, la cifra queda en 3.044.399,09 euros, de la que responden a partes iguales Artur Mas e Irene Rigau, que era consejera de Enseñanza durante los preparativos del 9-N. La responsabilidad contable consiste en devolver al organismo público correspondiente, en este caso la Generalitat de Cataluña, los gastos irregulares.

Además del expresidente, la exvicepresidenta y los exconsejeros de Presidencia y Enseñanza, el Tribunal de Cuentas ha procedido contra Jordi Vilajoana, secretario general de la Presidencia con Artur Mas y exvicepresidente segundo del Congreso de los Diputados; LLuis Bertrán, subdirector general de Administración, Servicios y Proyección Externa de la Generalitat; Josefina Valls, directora de Servicios; Jaume Domingo, exdiputado en el Parlament y director del Diario Oficial de la Generalitat; e Ignasi Genovés, director general de Difusión.

Todos ellos fueron denunciados por Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes. Por otro lado, la vía penal se saldó con las inhabilitaciones para el ejercicio de cargo público de Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau.