El juez Santiago Pedraz instruye la causa
El juez Santiago Pedraz instruye la causa - MAYA BALANYÁ

Trece empresas piratas estafan 100 millones en venta de electricidad a pymes

La UCO detiene a 18 personas en la primera operación policial que se lleva a cabo en el sector

MadridActualizado:

La red criminal vendía electricidad sobre todo a grandes pymes, clientes de alta tensión y algunos clientes domésticos; les cobraba (aunque con suculentos descuentos respecto a otras empresas que podían alcanzar hasta el 30 por ciento) pero no pagaba a los suministradores. Y así, cliente tras cliente, ha enjaretado una estafa que supera los 60 millones de euros a las empresas que sí generaban esa electricidad, así como otros 14 millones a la Hacienda Pública y 20 más en peajes no recaudados.

Son los datos de la operación Ámbar, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la primera que se realiza en el sector energético y en la que han sido detenidas ya 18 personas en Madrid, Barcelona, Tarragona, Gerona, Alicante y Valencia por formar parte de una organización criminal. Al frente de la misma está un conocido en el sector, un liquidador de empresas que había constituido un complejo entramado a base de sociedades interpuestas y testaferros. Las empresas piratas que vendían luz a coste cero para ellas eran trece, diez ya inhabilitadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según ha informado en rueda de prensa la subdirectora adjunta de Energía, Paloma Espeja.

Cuatro mil clientes

La organización desmantelada en este operativo dirigido por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mantiene en secreto las diligencias, sobre todo lo que afecta al entramado internacional, hacía negocio con el desfase entre la energía contratada (y pagada) y la que posteriormente consumía una cartera de unos 4.000 clientes.

De la operación Ámbar ha dado cuenta este jueves el teniente coronel responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Francisco Almansa, y la subdirectora adjunta de Energía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Paloma Espeja. Fue este último organismo el que alertó de un fraude al detectar del desfase entre la energía contratada y la finalmente comercializada.

La UCO, según ha informado el teniente coronel responsable de Delicuencia Económica, Francisco Almansa, investigaba el fraude desde 2012, con un primer expediente en 2014 remitido a la Fiscalía. La red la lideraba una única persona con vínculos en el sector energético desde que se liberalizó el sector, con lo que se permitió que las empresas pudieran ofertar energía directamente a una cartera de clientes.

En la operación se han bloqueado 18 vehículos y un velero de 12 metros, así como 56 productos financieros del total de 154 analizados. También se han intervenido nueve inmuebles y 67 sociedades, de las 180 investigadas. Por ahora se tiene constancia de 24 testaferros que se encargaban de crear y hacer desaparecer el entramado empresarial sobre el que, en un margen de tiempo de siete meses como máximo, se apoyaba la estafa.

Fraude a Hacienda

Almansa ha detallado la hiperactividad de la organización que abría y cerraba continuamente empresas y ha destacado que es la primera vez que penalmente se logra actuar contra unas empresas que, hasta ahora, eran sancionadas administrativamente, por lo que podían seguir defraudando a las generadoras de electricidad y a Hacienda.

La organización criminal ofrecía descuentos del entre el 20% y el 30% con respecto a la comercialización habitual, según ha detallado la subdirectora de Energía de la CNMC. «Buscaban una red de clientes y una vez consolidada, accedían al mercado mayorista para ofrecerles la electricidad con precios muy competitivos para, inmediatamente, dejar de comprar energía, desapareciendo tras detectarse por los reguladores el desfase», ha detallado Paloma Espeja.