La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, con José Luis Ayllón este martes en el Congreso - Ángel de Antonio

El CNI tendrá 600 agentes más por el yihadismo y la ciberseguridad

La violencia de género sumará 4 millones para salvar el Pacto de Estado con el PSOE

MadridActualizado:

El Gobierno salvó ayer en el Congreso la primera jornada de votaciones de los Presupuestos Generales, que aprobará hoy, si no hay sorpresas, con el apoyo del PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro Asturias, UPN y Nueva Canarias. Sus 176 diputados votaron en bloque hasta doscientas enmiendas y dieron el visto bueno a las secciones ministeriales ya debatidas en el Pleno. La vicepresidenta inició la sesión anunciando un aumento del 8,25% para la dotación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), casi 20 millones de euros más, hasta los 161 millones, que justificó por la necesidad de reforzar la lucha contra el yihadismo y la ciberseguridad.

Un refuerzo de los medios económicos que estará acompañado también de un aumento de los medios personales, ya que la plantilla del CNI se verá incrementada en 600 nuevos agentes en los próximos cinco años. La labor de este nuevo personal se centrará en incrementar la capacidad tecnológica del CNI ya que Santamaría ha subrayado esta competencia como «esencial» para reforzar la lucha tanto contra el terrorismo islamista como contra los ciberataques.

Los partidos independentistas y Podemos criticaron este refuerzo del CNI. El portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, lo vinculó con un supuesto intento del Gobierno por marcar de cerca al soberanismo en Cataluña. «Un país decente no necesita más espías, ni más micros ni más brigadas patrióticas», dijo en alusión al presunto uso partidista que el exministro popular, Jorge Fernández Díaz, pudo hacer de los medios públicos. También Podemos y Bildu aprovecharon el debate presupuestario para recriminar al Gobierno una falta de respuesta política sobre Cataluña, y le acusaron de mostrar «la cara más autoritaria».

Santamaría explicó que se amplía 300 millones la dotación de Presidencia para reforzar la colaboración con las comunidades autónomas y entes lcoales. «Intensificación del diálogo», enunció aludiendo a la búsqueda de una salida negociada al desafío secesionista planteado por la Generalitat.

Por otra parte, el Gobierno alcanzó ayer un acuerdo con el PSOE para aumentar la partida de violencia de género, después de que éste amenazara con cuestionar el Pacto de Estado si no se aceptaban algunas de sus enmiendas. La negociación se cerró con un aumento del presupuesto de cuatro millones más, de los cuales, dos corresponden a enmiendas del PSOE y otros dos a una de Nueva Canarias.

Bonificaciones al transporte

Muchas de las enmiendas que se aprobaron ayer en el Pleno no se habían abordado ni en fase de ponencia ni en la comisión, por el apoyo «in extremis» de Nueva Canaarias al proyecto de las cuentas públicas. Entre ellas, se ha aprobado la partida propuesta por el diputado canario Pedro Quevedo para aumentar las bonificaciones en el transporte marítimo y aéreo interinsular y con la Península. Finalmente, lograron luz verde no solo para Canarias, sino también para Baleares, Ceuta y Melilla. En el caso de los billetes aéreos para viajeros el porcentaje subvencionado pasa del actual 50% hasta el 75%, alza que, como recoge la propia iniciativa, supondrá un aumento del gasto, solo para Canarias, de 40 millones. Para el transporte de mercancías, las bonificaciones se elevan al 100%.

El acuerdo con el PP le ha permitido al diputado canario lograr también apoyo para llevar a cabo varios proyectos de infraestructuras en la región, como un aumento de 51 millones hasta 2022 para carreteras, así como convenios de ferrocarril en Tenerife y Gran Canaria, adecuación de paseos marítimos, subvenciones para plantas potabilizadoras, acondicionamiento de varias playas y el proyecto «Metroguagua» (similar al tranvía), que establece un convenio por el que la Administración central debe invertir 50 millones hasta 2020. Junto a los cambios de Nueva Canarias, Ciudadanos logró incluir en el Pleno una enmienda para crear en seis meses una Oficina Nacional de Evaluación de obras públicas y contratos del Estado y de ayuntamientos.