Un manifestante frente a la cárcel donde ha estado Puigdemont - EFE

Supremo y Fiscalía se rebelan contra Alemania e irán al Tribunal de la UE

Puigdemont esperaría al juicio en prisión preventiva en España y se enfrentaría a al menos doce años de prisión por una malversación agravada

Fuentes del Ministerio Público tachan de «inadmisible» la «intromisión» de un tribunal regional, al cuestionar al Tribunal Supremo español

MadridActualizado:

El rechazo de un tribunal regional alemán a entregar a España a Carles Puigdemont por el delito de rebelión ha puesto en pie de guerra a la justicia española, que no piensa quedarse de brazos cruzados ante lo que considera una extralimitación de los tribunales alemanes en la legislación española. Lejos de limitarse a decidir sobre la tramitación o no de la orden española y sobre si Puigdemont debía esperar esa decisión en prisión o en libertad, los jueces de Schleswig-Holstein han entrado a valorar el componente de violencia de la rebelión durante el «procés», una cuestión que no les corresponde y que tendría que ventilarse ya en el juicio oral, el momento de la verdad, señalaron a ABC fuentes de la Fiscalía.

Para el Ministerio Público esta intromisión de «inadmisible». Desde este órgano denunciaron ayer en una nota oficial que ejercitarán «las acciones pertinentes para la protección y defensa del orden jurídico europeo».

Cuestión prejudicial

Y esto es precisamente lo que está estudiando el magistrado del Tribunal Supremo e instructor del caso, Pablo Llarena, quien valora acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evitar que Alemania marque el alcance de un futuro juicio contra Puigdemont. Fuentes jurídicas informaron de que el magistrado valora cuestionar la decisión alemana en Europa para impedir que los tres jueces del Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein -la región del norte de Alemania donde fue arrestado el «expresident»- dejen fuera del proceso contra Puigdemont el delito de rebelión, el más grave sobre la mesa.

Llarena se plantea presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE, que tiene su sede en Luxemburgo, sobre la decisión marco de las euroórdenes de detención y entrega, la normativa comunitaria que regula el proceso para entregar a una persona reclamada entre países de la UE. En este caso, esto supone preguntar al tribunal comunitario si Alemania está interpretando de forma correcta la norma europea con su decisión, o si está yendo más allá de lo que fija la regulación.

Con este paso, si se culmina, el juez busca neutralizar los perjuicios que la decisión alemana provocaría en el proceso por rebelión, pues se podría dar la paradoja de que el principal líder del plan ilegal, Puigdemont, fuera juzgado por un delito con una pena menor que los demás. El delito de rebelión castiga con hasta veinticinco años de prisión a aquellos que declaren la independencia de un territorio de España a través de un alzamiento violento y público, si se comete sin armas.

Bélgica, Reino Unido y Suiza

Al cerrar la investigación, el juez Llarena procesó por un delito de rebelión a trece líderes secesionistas, entre ellos el propio Puigdemont, al concluir que asumieron la violencia como un medio necesario para alcanzar la secesión por un camino ilegal. Según el magistrado, los antiguos gobernantes catalanes siguieron adelante con su plan, que incluía el referéndum ilegal, a pesar de que se preveía violencia, como sucedió en el acoso a la Guardia Civil del 20 de septiembre de 2017.

En cualquier caso, la tesis de Llarena es la conclusión del juez investigador, cuya misión es resolver si hay indicios suficientes de los delitos para que se debatan en el juicio oral, el momento decisivo, que llegará en otoño. En la vista oral se reproducirán de nuevo las pruebas, las partes enfrentarán sus argumentos, y un tribunal formado por siete jueces de la Sala penal del Supremo tendrá la última palabra. Ahí se resolverá si la justicia ve violencia.

Con este movimiento y un pronunciamiento rápido por parte de Luxemburgo, Llarena se adelantaría además a la decisión que otros tres países -Bélgica, Reino Unido y Suiza (este último esta fuera de la UE)- tienen que tomar acerca de la entrega de los otros cinco huidos que también han sido reclamados. La cuestión al Tribunal de la UE -que se encarga de interpretar las normas comunitarias para que se apliquen de la misma manera en los países miembros- paralizaría la tramitación de la entrega de Puigdemont hasta que Luxemburgo aclare si los jueces alemanes se han extralimitado. Se desconoce por ahora los términos de la futura petición de Llarena, que podría esperar a la decisión definitiva del Tribunal de Schleswig-Holstein, que llegará en las próximas semanas. Los jueces alemanes adelantaron ayer el sentido de su decisión, antes de tiempo.

Fuentes de la Fiscalía explican que la decisión marco que regula la euroorden es clara. Las autoridades judiciales del país al que se solicita la entrega se tienen que limitar a analizar si los delitos por los que se reclama al procesado en cuestión tienen correspondencia en ese país. En Alemania, señalan las citadas fuentes, la regulación del delito de alta traicion es igual que la de España, y así lo puso de manifiesto la Fiscalía germana que, según manifestaron a ABC representantes de la española, «ha mantenido una estrecha relación de confianza y cooperación en el acopio de información». Esas fuentes consideran que el tribunal provincial «se ha extralimitado al resolver una cuestión preliminar como si se tratara de un procedimiento de extradición en lugar de una OED (euroorden)». Al considerar delictivos los hechos expuestos por Llarena, y al existir un delito equivalente, deberían aceptar la reclamación.

La decisión quiebra, a juicio de la Fiscalía, los principios básicos de la confianza mutua entre ordenamientos de la UE, pilar de la cooperación judicial penal en Europa. El Ministerio Público transmitió ayer su confianza en que la posición de fondo alemana, la final, respete este marco.

Aunque el procedimiento europeo impidiese el juicio por rebelión contra el expresidente catalán, su horizonte judicial en España se mantiene negro. Fuentes jurídicas explicaron a ABC que el derroche de dinero público empleado en el «procés» permitiría castigar a Puigdemont por el delito de malversación de caudales públicos, en su modalidad agravada. Esto supondría elevar la pena máxima posible por este crimen, que penaliza el empleo de dinero público en fines ilegales, desde el tope de ocho años de prisión, hasta un máximo de doce. Puigdemont, como líder del antiguo Gobierno catalán que impulsó el plan ilegal, fue el máximo responsable de las decisiones del Ejecutivo autonómico, cesado tras aplicarse el 155.

Además, a corto plazo, Pugidemont sería enviado a prisión preventiva en cuanto llegase a España. La gravedad del delito atribuido, aunque solo fuese malversación, y el evidente riesgo de fuga justificarían la adopción de la medida cautelar más grave, que permite encarcelar a una persona que no ha sido juzgada para que no entorpezca la causa o vuelva a delinquir.

Por qué delito se acepte la entrega del «expresident» será decisivo para su carrera política. Si solo es procesado en firme por malversación, a diferencia de Oriol Junqueras y Jordi Sànchez no podría ser suspendido de cargo público antes del juicio y habría que esperar a la sentencia.