El Supremo denuncia que la respuesta de la UE aumenta el riesgo de fuga de los secesionistas

En un auto, en el que confirmó la prisión provisional de Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, la Sala Penal del Supremo considera que la permanencia de los fugados en Bélgica, Alemania y Reino Unido incrementa la tentación de huida, uno de los tres riesgos que justifica el encarcelamiento preventivo, que permite enviar a prisión a una persona que no ha sido juzgada.

El Supremo reconoce «la confianza que merecen los sistemas de cooperación judicial internacional instaurados en el ámbito de la Unión Europea» , pero alega que éstos «no tienen por finalidad enjuiciar la actuación de las autoridades judiciales de otro socio», sino «aumentar la agilidad de la colaboración basándose en un reconocimiento de las resoluciones judiciales que tiene su razón de ser en el respeto mutuo y en la confianza recíproca».

En esa argumentación, el Supremo va más allá y lanza un mensaje a la UE: advierte al club comunitario de que los delitos investigados, si alcanzasen su propósito, «podrían afectar a la propia estructura política y los valores de la Unión». El Alto Tribunal y el juez consideran que los antiguos gobernantes catalanes asumieron la violencia como un medio (no deseado, pero aceptado) para alcanzar la secesión y proclamar la república catalana. El delito de rebelión, el más grave sobre la mesa, castiga a aquellos que se alcen pública y violentamente para declarar la independencia de una parte del terroritorio nacional. Se castiga hasta con 25 años de cárcel.

La partida de ajedrez entre la justicia española y los secesionistas fugados ha registrado nuevos movimientos. El juez Pablo Llarena movió ayer ficha. El magistrado que investiga a los líderes del «procés» pidió a Alemania que no cometa con Carles Puigdemont el «error» de Bélgica, que ha rechazado entregar a los exconsejeros Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig por un supuesto defecto de forma, sin ni siquiera valorar el fondo del asunto.

En una carta enviada a la fiscal jefe del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein , Llarena comunicó que la orden europea de detención y entrega cursada contra Puigdemont está sustentada en el auto de procesamiento con el que el juez cerró la investigación, una «resolución ejecutiva» en la que ordenó mantener la prisión provisional dictada contra los fugados. El auto de procesamiento , señala Llarena, equivale así a una orden nacional de detención, con lo que la reclamación cumple los requisitos de la norma comunitaria. La Justicia belga denegó la entrega por considerar que la petición no iba acompañada de una orden de detención nacional previa, pues Llarena revocó la primera reclamación de la juez Carmen Lamela.

Los jueces alemanes, que deben resolver sobre la entrega de Puigdemont, adelantaron que no aceptarán la reclamación por el delito de rebelión, al no apreciar violencia en el «procés».

Llarena verbaliza así la indignación del Tribunal Supremo, la cúspide del sistema penal español, y explica a Alemania que Bélgica ataca el «principio de confianza recíproca» al valorar la naturaleza jurídica de las resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español, sin aceptar la explicación aportada por el magistrado. El Supremo informó a Bélgica de que el auto de procesamiento equivale a la orden nacional de detención. Para esquivar la negativa de Bélgica, la Fiscalía pidió ayer a Llarena que curse una nueva euroroden contra los tres exconsejeros catalanes fugados allí, después de dictar contra ellos un auto de mantenimiento en prisión.

Con la carta, Llarena rebate a Puigdemont, que tardó solo unas horas en redactar un recurso para alegar que la reclamación padece un «defecto de forma», invocando el caso de Bélgica, informa Rosalía Sánchez desde Berlín.