Francisco Correa, ayer, en su alegato final de 27 minutos - DE SAN BERNARDO

El «show» de Correa cierra el juicio a la trama Gürtel

La vista oral quedó vista para sentencia 125 sesiones después, tras un año y dos meses

Altos cargos como Rajoy, Arenas o Aguirre testificaron ante el tribunal

MadridActualizado:

«Se levanta la sesión, definitivamente». Con esas palabras celebradas entre risas por los abogados defensores, el juez de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado bajó ayer el telón del primer gran juicio a la trama Gürtel, una vista oral que se ha extendido durante 125 sesiones, a lo largo de un año y dos meses. En la última sesión, los protagonistas fueron dos actores principales en este acto judicial, los mismos que acapararon el inicio de la investigación: el cabecilla Francisco Correa, y el exjuez Baltasar Garzón, quien le encarceló en 2009 y destapó el caso.

En su última palabra, que utilizó durante 27 minutos, Correa sorprendió y pidió al Gobierno que indulte al exjuez Garzón, inhabilitado por el Tribunal Supremo por autorizar que se escucharan las conversaciones entre los acusados de la Gürtel y sus letrados. Correa, que se enfrenta a 125 años de prisión por esta causa, aseguró que Garzón «es una víctima más de esta causa política», como él, según sus propias palabras. «Este señor ha sido injustamente inhabilitado», expresó el cabecilla, que no pudo explicarse al ser cortado por el presidente del tribunal, que le instó a hacer esa petición en otro foro, por los cauces oportunos.

Apoyado en apuntes manuscritos, y con una botella de agua siempre a mano, Correa pidió ayer ser liberado para colaborar con la justicia y agilizar todas las causas pendientes que indagan en la trama Gürtel, el caso que ha sobrevolado la política española en los últimos tiempos. Cumple una condena de 13 años de cárcel por las actividades de la trama en Valencia.

Correa denunció ayer el trato desigual de la justicia con los líderes de la trama Gürtel –también Pablo Crespo, y Álvaro Pérez–, quienes han sido encarcelados a pesar de que la condena todavía no es firme. «¿Por qué somos tratados peores que terroristas?», cuestionó Correa, quien no quiso dar nombres de otros condenados por corrupción sin sentencia firme que se encuentran libres. «Quiero solucionar este tema, y que el país deje de hablar de ello. Me dan igual 200 o 300 años de cárcel», expresó el acusado, cuyo descaro siempre caracteriza sus declaraciones, plagadas de ironías y dardos.

El cabecilla defendió las actividades de la trama, una red corrupta que se extendió por numerosas administraciones del PP en los años previos a la crisis. Esta vista enjuicia sus actividades entre 1999 y 2005 en las regiones de Madrid y Castilla y León, y los municipios de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Madrid y Estepona. Correa ensalzó su modo de trabajar, agasajando a sus clientes, y señaló que es una práctica habitual en el mundo empresarial, y en los palcos de los clubes del fútbol español. Llegó a comparar sus manejos con las gestiones de los expresidentes del Gobierno para promover el éxito de las empresas españolas por el resto del mundo. Para él, la esencia es la misma: las compañías acudían a él para triunfar en las adjudicaciones gracias a sus contactos.

Aun así, el cabecilla negó que esa círculo de favores suponga un delito, porque solo cobró de la empresa privada, una tesis que no comparte la Fiscalía, que le acusa de causar un grave perjuicio a las arcas públicas y le atribuye ocho delitos. «¿Cuál fue mi error? ¿Dónde está mi falta?», preguntó Correa. Solo reconoce el fraude a Hacienda.

Testifical de Rajoy

El discurso de Correa cerró el primer gran juicio a la trama Gürtel, en el que también está acusado el extesorero del PP Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía solicita 39 años y medio de prisión. En la vista también declararon como testigos personalidades como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, quien rompió a llorar al atender a los medios por el arresto de su antiguo número dos, Ignacio González.

El tribunal –tres jueces de la sección segunda de la Sala de lo Penal– también resolverá si el PP es condenado a devolver el dinero que, según la Fiscalía, se ahorró en las campañas electorales en Pozuelo y Majadahonda en el 2003 gracias a gastos pagados por la trama, cifrado en 245.492 euros.