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Congreso de los Diputados

Santamaría engorda el presupuesto del CNI para reforzar la lucha contra el terrorismo yihadista

Aumenta la dotación del Centro en 20 millones y contratará a 600 nuevos agentes en cinco años

Incrementar la protección contra los ciberataques será el segundo de los objetivos del Centro Nacional de Inteligencia

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendiendo esta mañana los Presupuestos de Presidencia EFE
Ana I. Sánchez

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Fortalecer la lucha contra la amenaza del terrorismo yihadista y los ciberataques. Con este doble objetivo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , ha aumentado el presupuesto del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un 8,25 por ciento o casi 20 millones de euros, hasta alcanzar los 161 millones.

Un refuerzo de los medios económicos que estará acompañado también de un aumento de los medios personales ya que la plantilla de este organismo se verá incrementada en 600 personas durante los próximos cinco años. La labor de este nuevo personal se centrará en incrementar la capacidad tecnológica del Centro ya que Santamaría ha subrayado esta competencia como «esencial» para luchar tanto contra el terrorismo islamista como contra los ciberataques.

Con todas estas medidas, la número dos del Gobierno quiere que el Centro Nacional de Inteligencia pueda estar en condiciones de «evitar cualquier riesgo o amenaza» para nuestro país. Así lo ha destacado este martes durante su intervención en el debate de defensa de los Presupuestos del ministerio de Presidencia.

Sáenz de Santamaría también ha hecho hincapié en las nuevas encomiendas territoriales que ha recibido este departamento en esta legislatura y que han llevado a ampliar el presupuesto de Presidencia en 300 millones de euros para este año con el objetivo de reforzar la colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales. En este apartado ha incluido la labor de intensificación del diálogo dirigida a buscar una salida negociada al desafío secesionista planteado por la Generalitat catalana.

En esta línea, ha subrayado la importancia del nuevo plan de modernización de la administración periférica del Estado que el Gobierno quiere poner en marcha en cuanto los nuevos presupuestos Generales queden aprobados por la Cámara Baja.

Se trata de un plan a cinco años para incrementar la presencia de la Administración Central en todo el territorio nacional, reforzando también los servicios que presta el Estado.

Aún así, le han llovido las críticas desde los partidos independentistas y Podemos. El portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, ha visto en el aumento del presupuesto y los medios personales del CNI un intento del Gobierno por marcar de cerca a los partidos catalanes. «Un país decente no necesita más espías, ni más micros ni más brigadas patrióticas », ha hecho en alusión al presunto uso partidista que el exministro popular, Jorge Fernández Díaz, pudo hacer de los medios públicos.

Desde Unidos Podemos, Josep Bendrell, ha exigido a la número dos del Ejecutivo más diálogo con Cataluña y la ha acusado de no tener «respuestas para la cuestión territorial». Por su parte, la portavoz de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha acusado al Gobierno de mostrar su «cara más autoritaria» con la Generalitat y ha recordado que su formación reclama también la celebración de un referéndum como vía para alcanzar la independencia.

El anterior secretario de Estado de Seguridad y hoy portavoz de Interior del PP, Francisco Martínez, ha replicado a todos estos partidos echándoles en cara el presupuesto que dedican ellos a intentar destruir la unidad de España.

Tras la vicepresidenta del Gobierno, han intervenido en el Pleno los ministro de Economía, Luis de Guindos, de Justicia, Rafael Catalá, y de Sanidad, Dolors Montserrat, para defender los presupuestos de sus respectivos departamentos.

Este trámite, por el que pasarán todos los responsables ministeriales entre hoy y mañana, permitirá la aprobación de las nuevas cuentas de este año con el margen mínimo : 176 escaños frente a 174 en contra. Cualquier error o ausencia en la bancada del PP o sus aliados (Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias) devolvería el proyecto al Ejecutivo.

Sigue el cerco a Catalá

En su turno de intervención, Catalá ha advertido a la oposición de que la recuperación económica requiere de confianza en la Justicia. Y ha defendido que el Ejecutivo está poniendo toda la carne en el asador para conseguirlo con un aumento presupuestario del 7,6 por ciento en estas nuevas cuentas.

«A este Gobierno le interesa una Justicia que funcione, que esté mejor dotada, que cuente con recursos para desempeñar más eficazmente una de las funciones esenciales de la democracia, como es cumplir y hacer cumplir la ley; y que el servicio público de la Justicia se preste a los ciudadanos cada vez con mayor calidad», ha subrayado mientras desde las bancadas socialista y podemita le lanzaban miradas incrédulas.

Catalá ha vuelto a tender la mano a la oposición para negociar «con premura» una reforma integral de la Justicia. A todos ellos les ha asegurado que «no se arrepentirán si lo hacen».

En el fondo de toso estos mensajes se encontraba una petición a los socialistas y Podemos para que relajen la estrategia de derribo al que le han sometido, y también a la Fiscalía, desde que estalló el escándalo Lezo. Pero el PSOE ha demostrado que no se conforma con haberle reprobado y que mantendrá el placaje sobre su figura.

Así, al margen del Pleno en los pasillos del Congreso, la portavoz adjunta de los socialistas, Isabel Rodríguez, ha exigido la comparecencia urgente de Catalá ante las informaciones que apuntan a que el fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, controla el 25 por ciento de una empresa en Panamá.

«Debe seguir el camino de Soria», ha señalado en alusión al exministro de Industria, José Manuel Soria, dimitido en la pasada legislatura por sus conexiones con empresas en Panamá para eludir el pago de impuestos.

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