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Sánchez, dispuesto a dar «el primer paso» para normalizar las relaciones con la Generalitat

Batet asegura que el presidente del Gobierno «tiene la voluntad de llamar a Torra inmediatamente»

El primer Consejo de Ministros en directo

Pedro Sánchez y Mertixell Batet ISABEL PERMUY
Víctor Ruiz de Almirón

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El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez buscará en sus primeros movimientos un gesto que favorezca la normalización de las relaciones entre el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña. Fuentes del nuevo Consejo de Ministros aseguran que ya en la primera reunión del Gobierno se abordará la estrategia respecto a las primeras acciones del Ejecutivo, incluyendo la posibilidad de abordar un acercamiento con Quim Torra , presidente de la Generalitat. Y no dejarlo «para después del verano».

En su discurso durante la moción de censura, Sánchez manifestó su voluntad de abrir una vía de diálogo con el nuevo presidente autonómico . El ahora presidente del Gobierno siempre ha defendido su voluntad de reunirse con los líderes catalanes, y así se lo reclamaba a Mariano Rajoy, cuando él era líder de la oposición.

Este intento de normalización podría escenificarse con una reunión entre ambos, que según la voluntad expresada por ambas partes no se desea que se posponga mucho en el tiempo.

La apuesta por proyectar un nuevo talante en lo que respecta a la relación con Cataluña lo representa la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet . Esta mañana, en declaraciones a Antena 3, ha asegurado que el gobierno quiere «escuchar y dialogar» para «normalizar» las relaciones entre ambas instituciones. Según recoge Ep, Batet ha afirmado que el presidente del Gobierno «tiene la voluntad de llamar a Torra inmediatamente» y que será así el Ejecutivo central quien dé «el primer paso», salvo que el president catalán llame «hoy mismo y se adelante».

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá , ha afirmado también hoy que «urge abrir un diálogo con Cataluña». El Gobierno se va a reunir «probablemente antes del verano» con el presidente Torra, dentro de una ronda de encuentros que se van a convocar con representantes de todas las Comunidades Autónomas.

Pero en el Gobierno se insiste en que la columna vertebral de su proyecto seguirá siendo el respeto a la integridad territorial del país. Un objetivo que representa el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell , que ayer en su primer discurso, informa Luis Ayllón , situó esta cuestión en primer término: «No les oculto que son tiempos difíciles, España se enfrenta quizá al mayor problema que puede enfrentar un país, el de la integridad territorial, y la Unión Europea a una crisis de confianza».

Leyes suspendidas

En esta línea, Elsa Artadi , que ayer se estrenó como portavoz de la Generalitat tras la primera reunión del Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán, preguntada por la posible reunión entre Torra y Sánchez, indicó que el Ejecutivo catalán es partidario de que el encuentro se celebre «mañana mismo» y lo consideró «importantísimo».

De todas formas, tanto en Junts per Catalunya (JpC) como en ERC vienen advirtiendo de que no piensan renunciar a su proyecto independentista. Ahora, una vez en la Generalitat, tras la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución, el gobierno catalán intentarán «reparar» los efectos de este artículo.

Siguiendo esta premisa, Elsa Artadi informó de que el Gobierno catalán ha dado la orden de personarse ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155 y de presentar alegaciones judiciales en defensa de doce leyes autonómicas suspendidas por los tribunales. Esta segunda decisión es una estrategia de defensa judicial y, por lo tanto, no supone, en una primera lectura, un intento de vulnerar el ordenamiento constitucional. Entre estas doce leyes no está, por ejemplo, la de transitoriedad jurídica, una de las llamadas «leyes de desconexión» aprobadas en septiembre y que «permitió» los hechos de octubre.

Entre las normas en cuestión, sí figura la que modifica la ley de presidencia, con la que JpC pretendía investir a distancia de Carles Puigdemont, así como leyes relativas a pisos vacíos, universalización de la asistencia sanitaria, la agencia catalana de protección social, comercio, transporte de viajeros, ciberseguridad, cambio climático, impuestos de la ley de acompañamiento para 2017, código civil y regulación del cannabis.

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