Vídeo: Vea cómo Marta Rovira llega al Tribunal Supremo - ATLAS

El Supremo comienza la última ronda de declaraciones por el golpe secesionista

La dirigente de ERC, «pieza clave» en la logística del referéndum, comparece este lunes en el Supremo junto a Marta Pascal

MadridActualizado:

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena inicia esta semana la que previsiblemente será la última ronda de declaraciones de imputados por rebelión en el marco del plan secesionista que terminó con la declaración unilateral de independencia en Cataluña.

Las dirigentes de ERCy del PDECat Marta Rovira y Marta Pascal, respectivamente, inauguran hoy este turno de comparecencias ante el Alto Tribunal. Les seguirán, mañana, Artur Mas y la presidenta de la Asociación Independiente de Municipios (AMI) Neus Lloveras; y finalmente, el miércoles, está previsto que declare la exportavoz de la CUP Anna Gabriel.

La comparecencia de esta última es la que plantea la mayor incertidumbre, porque ahora se encuentra en Suiza y todo apunta a que podría emular al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y obligar al juez a dictar una orden de detención internacional contra ella.

Los cinco dirigentes independentistas, junto con la expresidenta parlamentaria de la CUP Mireia Boya –que ya prestó declaración el pasado miércoles y quedó en libertad sin medidas cautelares– forman parte del último grupo al que imputó el magistrado en diciembre por formar parte del comité estratégico que planeó la hoja de ruta secesionista. Sus nombres aparecían entre las notas del número dos de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, como asistentes a las reuniones en las que se decidieron los pasos para la ruptura definitiva con el Estado desobedeciendo las resoluciones del TC.

Llarena justificó estas nuevas imputaciones en que los hechos que investiga se pudieron desarrollar «bajo la dirección y coordinación de un conjunto de dirigentes entre los que se encontrarían los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas del anterior Parlamento de Cataluña». También apuntaba a los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos independentistas y a la presidenta de la AMI (Neus Lloveras).

Aunque inicialmente estaba previsto que las dirigentes de la CUP Mireia Boya y Anna Gabriel declararan el mismo día (el pasado miércoles), la segunda pidió un aplazamiento, por lo que solo compareció ante el juez Boya. Esta negó formar parte de ese comité estratégico que figura en el documento Enfocats (hallado también en el registro a Jove), y a preguntas del juez sí atribuyó una «eficacia real» a la declaración unilateral de independencia –no era «cosmética», dijo–, algo que hasta el momento no había hecho ninguno de los imputados, que la habían descrito como meramente «simbólica».

El papel más comprometido es el de Marta Rovira, cuya declaración se producirá cinco días después de que la Guardia Civil la señalara como pieza clave en la organización del referéndum del 1-O y en la posterior declaración unilateral de independencia. Como informó ABC, en un informe entregado al juez la policía judicial señala que Rovira y el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (en prisión preventiva) participaron personalmente en los preparativos de la consulta ilegal dando órdenes directas a Jové, considerado el «cerebro» de la logística del 1-O.

Procesamiento cercano

Una vez que el magistrado tome declaración a estos nuevos imputados, y una vez que ha puesto de manifiesto su intención de no absorber la causa relativa al exmayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, es previsible que en las próximas semanas –una vez recibidos los informes pendientes relativos a la presunta malversación de los miembros de la Generalitat– dicte auto de procesamiento contra los 28 investigados. Una vez que ese auto de procesamiento sea confirmado por la Sala se producirá una consecuencia inédita en España: la inhabilitación de los acusados huidos –Puigdemont y cuatro exconsejeros– y presos –Junqueras, el exconsejero de Interior Joaquim Forn y los dirigentes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart–. La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite apartar a un cargo público sin necesidad de esperar a la sentencia en el caso de que el procesado lo sea por terrorismo o rebelión y a la vez se encuentre preso o fugado.