Algunos de los recibos de la tarjeta de crédito de Diplocat
Algunos de los recibos de la tarjeta de crédito de Diplocat - ABC
LA MALVERSACIÓN DEL 1-O

Romeva cargó 41.000 euros en una tarjeta de crédito para los gastos de los «observadores internacionales»

Informes de la Guardia Civil acreditan con decenas de pruebas el destino de 1,9 millones de dinero público al 1-O

Madrid/BarcelonaActualizado:

ABC ha accedido a las pruebas de la malversación de caudales públicos de la consulta ilegal del 1-O recabadas por la Guardia Civil y entregadas al titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Las cifras reveladas ayer por este diario -un total de 1,9 millones de euros- se cimentan en una serie de documentos, intervenciones telefónicas y testimonios que apuntalan las acusaciones.

Entre las pruebas hay decenas de facturas y hasta recibos de datáfono correspondientes a pagos con una tarjeta de crédito que manejaba Diplocat, el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña que manejaba Raül Romeva para la «proyección internacional de Cataluña».

La información recabada por la Policía Judicial contradice la afirmación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien dijo en una entrevista en el diario «El Mundo» que no se había gastado dinero público para el 1-0.

Autorización para cargar en la tarjeta de crédito más de 10.000 euros en habitaciones de hotel
Autorización para cargar en la tarjeta de crédito más de 10.000 euros en habitaciones de hotel - ABC

Entre esos casi dos millones de euros presuntamente malversados, el Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil de Cataluña ha encontrado 217.656,22 euros de los que responsabiliza directamente al entonces consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalidad de Cataluña: «El responsable último de estas dos instituciones, Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la UE y el Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomácia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT), que ha asumido gastos de fondos públicos que hasta ahora alcanzan la cantidad de 217.656,22 euros es Raül Romeva».

Esa cantidad se destinó a la contratación de «observadores internacionales» para la votación ilegal del 1-O y a sufragar sus gastos en Barcelona. Para esto último Romeva autorizó que se hicieran cargos por 40.591,22 euros en una tarjeta de crédito de su departamento.

Factura de 3.180 euros en comida y bebida en un hotel de Barcelona
Factura de 3.180 euros en comida y bebida en un hotel de Barcelona - ABC

Los movimientos de la tarjeta «Diners» muestran cómo el aparato internacional de la Generalitat abonó los vuelos de los observadores (la ida el 28 de septiembre y la vuelta el 2 de octubre del pasado año), sus habitaciones de hotel, las comidas y otros gastos en los hoteles en los que se alojaron.

La tarjeta, domiciliada en una cuenta del Patronat Catalunya Món-Diplocat, se emitió a nombre de Albert Royo Mariné, entonces secretario general del Consell de Diplomàcia Pública. El mayor cargo fue una factura de 15.287 euros del hotel Praktik Bakery de Barcelona, donde se alojaron los «observadores». Entre otros muchos gastos soportados por la misma tarjeta hay una factura de 3.180 euros de comida, bebida y un atril en el hotel Gallery.

Las cantidades presuntamente malversadas por Raül Romeva se completan con los 177.000 euros que la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Cataluña ante la Unión Europea destinó para contratat al «think-tank» de La Haya (Holanda) The Hague Center for Strategic Studies, a cambio de suministrar los «observadores internacionales».

El Govern de Carles Puigdemont sabía que podía incurrir en un delito de malversación si destinaba fondos públicos al referéndum. Por eso, según la Guardia Civil, trataron de diseñar «argucias para impedir que se conociese la trazabilidad» del dinero público que estaba previsto desviarse para la consulta.

Un ejemplo paradigmático fue el intento de camuflar propaganda del referéndum en los medios como una campaña institucional para fomentar una sociedad «más cívica, justa y avanzada». La bautizaron como «Civisme». Tenía dos partes. La primera era una anuncio donde se planteaba la pregunta «Has nacido con la capacidad de decidir, ¿renunciarás?».

«Valores cívicos»

No se mencionaba la consulta y el entonces consejero de Presidencia, Jordi Turull, justificó que solo fomentaba «valores cívicos» y que lamentó que hubiese una «persecución ideológica» sobre el mismo. El «spot» tuvo una segunda parte, que se comenzó a emitir a partir del 7 de septiembre. Entonces sí se hizo más nítido el mensaje. «Ahora, más que nunca, el futuro de Catalunya está en sus manos. Participa en él. El 1 de octubre referéndum».

La campaña contaba un presupuesto de 2.299.000 euros. El entonces vicepresidente, Oriol Junqueras, autorizó a Turull a disponer de los fondos públicos para ello. Pero las cosas no salieron como el Govern tenía previsto. Las dos empresas adjudicatarias para difundir la campaña se negaron a hacerlo al comprobar que lo que Turull pretendía era fomentar la participación en el referéndum. Carat renunció ya después de ver el primer anuncio, que ni si quiera hacía referencia explícita a la consulta. Consideraba que podía ser perjudicial para los intereses de la compañía, según explicó a la Guardia Civil el consejero delegado de la empresa. La otra adjudicataria, Focus, también renunció.

En un correo, al que ha tenido acceso ABC, una responsable de Focus comunicaba el 5 de septiembre al entonces responsable de difusión Institucional de la Consejería de Presidencia, Jaume Mestre, que no seguían adelante. En la misiva dejaba claros los motivos: se trataba de «una campaña política y no de civismo». Decían que podrían llegar a admitir el primero de los anuncios, pero no el segundo, «de mayor duración y con un mensaje más explícito».

Ante este nuevo escenario, la Generalitat decidió que los anuncios se emitieran sólo a través de los medios públicos, TV3 y Catalunya Ràdio. La Guardia Civil cifra en 277,804 euros el gasto que supuestamente se empleó en esta publicidad. Se cargaron al «presupuesto del contrato del programa que la Generalitat tiene con la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales» y el Instituto Armado considera que pudieron incurrir en un delito de malversación y otro de desobediencia.

La mayor partida de la presunta malversación corresponde al envío de las tarjetas censales y las citaciones a los miembros de las mesas, que Unipost facturó a cinco consejerías por un total de 979.661,96 euros, cuyo pago está pendiente de acreditar.