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Rajoy reafirma su afán de consenso con Cataluña pese a la provocación soberanista

El Gobierno no cederá en su estrategia pactista y negociará la agenda de la Conferencia de Presidentes y el reparto del défict con las comunidades

Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno, ayer EFE
Itziar Reyero

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El Gobierno no desiste de su afán de consenso con el resto de las administraciones públicas, desde los principios de lealtad y solidaridad, pero también de corresponsabilidad. Tampoco con Cataluña, por más que sus dirigentes mantengan el pulso al Estado con su desafío a la unidad de España y el continuo incumplimiento de la legalidad. Mientras la tensión arreciaba ayer con los independentistas arropando en la calle a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell , durante su declaración ante el juez, el Ejecutivo no retiró su mano tendida. Todo lo contrario.

En plena inflamación del soberanismo ante los tribunales, el Gobierno anunció que negociará el orden del día de la Conferencia de Presidentes con las autonomías y será sensible a sus prioridades. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría , convocó a los consejeros de Presidencia a una reunión el próximo miércoles para acordar la agenda política. Tras este nuevo gesto está su afán de atraer a la cumbre del 17 de enero al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , y al lendakari, Iñigo Urkullu , que han anticipado que no acudirán exigiendo para sí una relación «bilateral».

El portavoz, Íñigo Méndez de Vigo , aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno «afronta con carácter abierto» esta reunión, que pretende «institucionalizar» para encauzar el diálogo interterritorial y afrontar «juntos» los problemas comunes. Y confió en que pese a las retincencias iniciales, Cataluña y País Vasco acudan. «Es una muestra de la voluntad del Gobierno de acordar con las comunidades, un ejercicio serio de hablar. Todos somos Estado. Todos debemos afrontar juntos» los desafíos planteados, dijo, señalando la oportunidad de que cada uno exponga sus propuestas en la reunión preparatoria del miércoles.

En paralelo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , inicia la próxima semana la ronda con las autonomías para individualizar sus objetivos de déficit y su necesidad financiera.

El Gobierno quiere remarcar en todo caso el carácter «multipartito» de la mesa y advierte de que quien no acuda tendrá que explicarlo a los ciudadanos. «Cualquier tiempo es bueno para reunirse y hablar, es lo que el Gobierno ofrece. Se compadece mal con las declaraciones del presidente de la Generalitat de no acudir. Nos gustaría que lo reconsideraran porque se va a hablar de temas que interesan a la gente», señaló Méndez de Vigo, que usó el refranero francés para advertir que «los ausentes nunca tienen razón».

Diferencia de actitudes

El Ejecutivo mantendrá su estrategia de diálogo con Cataluña desde la convicción de que los ciudadanos sabrán «apreciar al final» entre las actitudes «correctas» o razonables , y las que no lo son, en referencia al pulso que mantienen las instituciones catalanas y sus dirigentes separatistas, que ayer volvieron a la calle en una provocación sin fin. «Nos dirigimos a los ciudadanos para que aprecien la diferencia de conductas y al final juzgarán las actitudes correctas», dijo el portavoz.

La agenda, por tanto, se mantiene intacta con desfile constante de ministros en Cataluña, señalan en La Moncloa. La vicepresidenta, que acude semanalmente a su despacho en la Delegación del Gobierno en Barcelona, participará hoy en la Ciudad Condal en un acto del PP. «El Gobierno va a tener más presencia en Cataluña» , insisten en el gabinete de Mariano Rajoy, donde se busca cerrar una reunión entre el presidente del Gobierno con Puigdemont en enero. Como se informó ayer, Rajoy ha encargado a sus ministros una respuesta a las 45 exigencias del dirigente catalán, a todas salvo a la convocatoria de referéndum.

El Gobierno replicó a la presidenta del Parlamento catalán, acusada de desobediencia por impulsar la hoja de ruta separatista, que «como cualquier otra persona» debe responder ante la Justicia y respetar sus resoluciones. El portavoz reiteró la independencia judicial, que no reacciona «a ningún tipo de presión».

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