Referéndum independencia Cataluña Rajoy garantiza que no renunciará «a nada» para impedir el referéndum

El Gobierno presenta seis recursos ante el Constitucional en solo dos días

Envía una carta a los 947 ayuntamientos catalanes para que no presten locales

El presidente Rajoy y Sánchez, en su reunión de hoy en Moncloa - EFE

El desafío independentista recibió ayer la respuesta del Estado de Derecho en varios frentes: el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el Gobierno de la Nación. En el Palacio de La Moncloa, el presidente Rajoy convocó un Consejo de Ministros extraordinario a la una de la tarde para interponer cuatro nuevos recursos ante el TC contra la ley del Referéndum secesionista en Cataluña y su convocatoria. La ofensiva del Gobierno en los tribunales se completó con un nuevo recurso, el quinto del día y el sexto desde el miércoles, en este caso contra la admisión a trámite de la ley de Transitoriedad, que acababa de aprobarse en la Mesa del Parlamento autonómico catalán.

Rajoy había solicitado el miércoles por la noche al Consejo de Estado, por vía de urgencia, los informes preceptivos antes de interponer todos los recursos. Ayer por la mañana, los dictámenes del órgano consultivo ya estaban en La Moncloa, y respaldaban de forma unánime la acción del Gobierno al encontrar fundamentos jurídicos suficientes. El presidente convocó inmediatamente un Consejo de Ministros, pero antes quiso reunirse con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y enviar así un mensaje de unidad de los dos principales partidos nacionales en la defensa de la democracia en España.

«Sé mis obligaciones»

Rajoy preparó junto a su equipo más cercano su comparecencia posterior ante los medios. Era un discurso especial, en un momento decisivo para España, y el presidente quiso combinar la firmeza frente a los secesionistas con un mensaje de confianza en la democracia, y una confesión en primera persona sobre la responsabilidad que asumía.

«Soy muy consciente de mis obligaciones y de la gravedad del momento. Soy muy consciente de lo que está en juego. Sé lo que se espera de mí y sé cuáles son mis obligaciones, y les puedo asegurar que no he dedicado tantos años de vida a mi país y al interés general como para permitir ahora que se pueda liquidar de un plumazo nuestro modelo de convivencia. Eso no va a suceder y haré todo lo necesario, sin renunciar a nada, para evitarlo». Este fue el momento más intenso de su declaración, de 20 minutos. Rajoy dejó así la puerta abierta a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supone la suspensión de competencias autonómicas.

El presidente estuvo rodeado de todos sus ministros, a excepción del titular de Exteriores, Alfonso Dastis, en una reunión de la UE en Estonia. Otros ministros, como el de Interior, suspendieron su agenda para hacer piña con el presidente durante su mensaje.

El tono de Rajoy fue grave y sereno. Sin estridencias, anunció un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Referéndum que el Parlamento catalán votó la noche anterior. Y otros tres recursos más, para impugnar ante el TC el decreto de convocatoria, el decreto de las normas complementarias para la realización de la consulta y la resolución del Parlamento catalán para designar cinco miembros de la Sindicatura Electoral, la especie de Junta Electoral que han ideado los secesionistas para sus planes. En total, cuatro recursos de una sola vez, que se completaron con el incidente de ejecución de sentencia contra la tramitación de la ley de ruptura.

El Gobierno pide la nulidad de todos esos actos, que se decrete su suspensión a la espera de la sentencia y que se notifique personalmente al presidente de la Generalitat y a todo su Gobierno, a los principales altos cargos relacionados con la organización del referéndum, a los 947 alcaldes de Cataluña y a los medios públicos catalanes, como TV3. El Ejecutivo solicita que en esas notificaciones se advierta a todos ellos de su deber de impedir cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum. También se pide al TC que actúe para exigir responsabilidades penales a los miembros del Gobierno autonómico.

Al mismo tiempo, desde La Moncloa se remitió una carta a todos los ayuntamientos de Cataluña para advertir de que el referéndum del 1 octubre viola al menos seis artículos de la Constitución y dos del Estatuto de Autonomía, y por tanto no pueden ceder locales como centro de votación.

Voluntad de los españoles

Rajoy explicó las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros con frialdad quirúrgica, pero su discurso se cargó de intensidad cuando advirtió lo que está en juego: «Nuestra Nación no es producto de ninguna imposición, ni una ocurrencia de última hora. Es el resultado de la voluntad y de los sentimientos de generaciones y generaciones de mujeres y de hombres que han querido vivir juntos en su innegable y enriquecedora pluralidad. Juntos hemos compartido nuestras vidas y lo seguiremos haciendo en cuanto no decidamos, todos juntos, lo contrario».

El presidente se refirió al «deplorable» espectáculo vivido el día anterior en el Parlamento autonómico catalán, y remarcó que «lo que no es legal no es democrático». Por eso, subrayó que «esa consulta, por más que se pretenda imponer de forma atropellada, chapucera e ilegal, no se va a celebrar». Y acabó recurriendo al principal argumento que ha utilizado el Gobierno para negar el referéndum, sin una gota de sentimentalismo: «No habrá referéndum de autodeterminación, porque supone privar al conjunto de los españoles del derecho a decidir su futuro».

El presidente se dirigió directamente a los responsables de la Generalitat: «No sigan avanzando hacia el precipicio, no menosprecien la fuerza de la democracia española, asuman el fracaso de su proyecto». Según Rajoy, la imagen de lo que ocurrió el miércoles en el Parlamento catalán ante los ojos de Europa y del mundo, en esa jornada bronca en la que se forzó la votación de la ley del Referéndum sin debate y por encima de los letrados, «es uno de los mayores golpes que han recibido las instituciones catalanas en toda su historia». «Renuncien a imponer por las bravas aquello que no consiguen ganar en una buena lid democrática», les pidió.

Rajoy tuvo palabras de reconocimiento y gratitud para la oposición en el Parlamento catalán y para los responsables de los servicios jurídicos, por su «coraje» en la defensa de la legalidad. Gracias a los letrados, dijo, «el Parlamento de Cataluña sigue siendo hoy una institución respetable».

Por último, envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos de Cataluña y a los funcionarios, presionados por los independentistas: «Nadie les puede obligar a hacer nada ilegal. La ley les obliga, pero también les protege y defiende». Consciente de la «zozobra» y el «desasosiego» de mucha gente, aseguró que «nadie, nadie va a vacilar a la hora de cumplir con su deber. La democracia responderá con firmeza, aplomo, serenidad y dignidad».

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