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Artículo 155

Rajoy actuará sobre las 15 «embajadas políticas» de Romeva

La Generalitat de Cataluña ha destinado casi 38 millones de euros a la «administración diplomática»

El madrileño Raúl Romeva, consejero independentista para el Exterior ABC
Mariano Calleja

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Una de las actuaciones prioritarias del Gobierno de Rajoy en Cataluña, cuando entren en vigor las medidas adoptadas al amparo del artículo 155 , será la intervención del «entramado exterior» puesto en marcha por los secesionistas para actuar fuera de España como si fueran un Estado independiente. El Gobierno pondrá el foco principalmente sobre las 15 «embajadas políticas» de la Generalitat , puestas al servicio de sus fines independentistas, y que han contado para ello con el doble de presupuesto del que disponían el año anterior.

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Cuando el madrileño Raül Romeva fue nombrado consejero de Exteriores, aunque él se llama a sí mismo ministro de Exteriores del Gobierno de Cataluña , advirtió de que el objetivo de su Consejería sería explicar el «proceso» soberanista en el escenario internacional, y en ello puso todo su empeño... y el presupuesto de su departamento, que subió más de un 100 por ciento este año.

El Gobierno impugnó ante el Tribunal Constitucional la creación de una Consejería de Exteriores, pero no fue obstáculo para que Romeva y su estrategia de propaganda independentista en el exterior siguieran campando a sus anchas, con un simple cambio de nombre. Sin embargo, su intento de «internacionalizar el proceso» resultó un fracaso absoluto: no cuenta con un solo respaldo.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría , confirmó ayer –en Telecinco– que con las medidas del 155 se pretende intervenir las oficinas en el exterior de la Generalitat , tanto en Estados Unidos como en Europa, que han difundido información sobre el proceso independentista: «Una cosa son las competencias de promoción que tienen las CCAA y otra cosa es construir toda una administración en el exterior como si fueran un Estado. Como no lo es, eso tiene que recuperarse para la legalidad».

Delegaciones activas

La Generalitat tiene actualmente creadas catorce delegaciones en el extranjero más la delegación en Madrid que dirige Ferran Mascarell. De estas catorce fuera de España, doce están activas con delegados nombrados.

La más potente es la «Delegación del Govern ante la Unión Europea» , dirigida por Amadeu Altafaj, que ha trabajado en distintos cargos de confianza en Bruselas al amparo del pasaporte español, entre otros: fue durante cuatro años portavoz de Louis Michel, actual primer ministro belga, y el único dirigente europeo que ha pedido «diálogo» entre el Gobierno y la Generalitat tras el 1 de octubre.

Además, la Generalitat tiene oficinas políticas en Francia (Martí Anglada); Reino Unido e Irlanda (Sergi Marcén); Alemania (Marie Kapretz); Estados Unidos, Canadá y México (Andrew Davis); Austria (Adam Casals); Italia (Luca Bellizzi); Portugal (Ramon Font); Croacia (Eric Hauck); Polonia (Ewa Adela Cylwik); Dinamarca (Francesca Guardiola); y ante los organismos internacionales en Ginebra, Estrasburgo, París y Viena (Manuel Manonelles). Y otras dos sin representación, en Marruecos y ante la Santa Sede.

A este equipo de «embajadores», la Generalitat suma un ente autónomo sufragado con dinero público: Diplocat , cuya misión es crear una red de contactos al más alto nivel para divulgar los pormenores de la secesión. Para este ente se destinan 2,3 millones al año. A los que hay que sumar otros más de 35,5 millones de euros que maneja la Secretaría de Asuntos Exteriores y de la UE, dependiente de Romeva, y cuya responsable es la exdiputada del PSC Maria Badia.

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