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Rajoy achaca a «dictaduras» el plan secesionista de Puigdemont

«Pretenden una de las mayores cacicadas que he visto en mi vida», dice el presidente a ERC en el Senado

Mariano Rajoy durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado EFE
Itziar Reyero

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El Gobierno ha elevado este martes el tono ante los planes secesionistas de la Generalitat de Cataluña y los ha tildado de «cacicada» propia de «las peores dictaduras». Así se ha referido el presidente, Mariano Rajoy , al proyecto de ley de desconexión perfilado por los dirigentes catalanes, en su contestación en el Senado al grupo de ERC , que ha avanzado que mantendrán su desafío a la unidad del Estado hasta el final.

«Esto solo pasa en las peores dictaduras, pero España de momento es una democracia y un Estado de Derecho, y lo vamos a preservar», ha aseverado Rajoy. Por la mañana, varios ministros -entre ellos el portavoz Méndez de Vigo - han tachado la propuesta de ley de la Generalitat de «verdadero golpe de Estado».

En la Cámara Baja, Rajoy ha insistido en que lo que debe hacer el presidente catalán, Carles Puigdemont , es defender sus ideas ante el Congreso de los Diputados , sede de la soberanía nacional, para ver si concita o no apoyos. «Si va el señor Puigdemont debatiré con él, lo haré con mucho gusto. Espero que tenga la valentía, el coraje y la determinación de hacerlo», ha señalado el presidente del Gobierno.

Rajoy ha vuelto a decir que el plan de la Generalitat es «uno de los mayores disparates». «Pretenden una de las mayores cacicadas que he visto en mi vida», ha dicho en su respuesta a la senadora de ERC Mireia Cortés , que le preguntaba sobre la consulta.

«¿Conoce algún país, alguna democracia se entiende, en el que alguien plantee que en un día va a aprobar una Constitución sin debate, sin que la oposición pueda decir nada, y liquidando la unidad de España? Eso sólo pasa en las peores dictaduras», ha concluido.

La senadora catalana ha asegurado que seguirán hasta el final con su plan secesionista porque, a su juicio, existe un «choque de legitimidades» entre las Cortes Generales y el Parlamento autonómico de Cataluña, que pretenden resolver convocando a las urnas.

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