El Auditorio del Parlament ayer, que acogió una cumbre para planificar los pasos a dar hacia la convocatoria de un referéndum
El Auditorio del Parlament ayer, que acogió una cumbre para planificar los pasos a dar hacia la convocatoria de un referéndum - INES BAUCELLS

Puigdemont pone sordina a la unilateralidad para sumar a Colau

Rebaja el tono para ampliar la base soberanista, habla de consulta pactada y anuncia una campaña para lograr adhesiones en España y Europa

bARCELONAActualizado:

Buscaba una foto de unidad, y la consiguió, aunque con renuncias y a costa de poner sordina a su «referéndum o referéndum» al que le ha empujado el pacto entre Junts pel Sí y la CUP. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, logró ayer sentar en una misma mesa a todos los actores políticos y sociales partidarios de la celebración de un referéndum, un foro que trata de recuperar el consenso perdido en torno al llamado derecho a decidir y la consulta pactada tras el enorme desgaste que en este colectivo ha producido la apuesta del secesionismo por la unilateralidad.

En la reunión de ayer cobró absoluto protagonismo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Cortejada por Carles Puigdemont, que la sentó a su lado y retrasó la hora de la reunión para que pudiese participar, la alcaldesa se prestó a participar en la escenificación del frente proconsulta, reforzando el partido político que impulsa a nivel autonómico como parte activa del bloque soberanista. Ambigua, graduando a conveniencia su oscilante apoyo al «proceso», la alcaldesa se sitúa ahora claramente en el terreno de la consulta, aunque exige, como aseguró ayer, que la misma no sea una repitición del 9N de 2014, y que el plazo de 2017 que se han fijado los partidos independentistas no debe ser un dogma.

En cualquier caso, la foto colectiva del rebautizado Pacto Nacional por el Referéndum no esconde la que sigue siendo la mayor discrepancia en el bloque soberanista, la división entre los partidarios de la unilateralidad -JpS como última instancia, la CUP por convencimiento- y quienes, reclamando la consulta, piden el imposible de que esta sea vinculante y pactada con el Estado.

Sin hablar de 2017

La novedad de ayer es que, por primera vez desde que Puigdemont atase su futuro y el de la legislatura a la CUP, el presidente insistió en hablar de «referéndum acordado» con el Estado. El precio de sumar a Colau y sus «comunes» a la causa de la consulta parece ser el de enfriar la apuesta unilateral, al menos de cara al exterior, y no plantear fechas límite. Al menos ayer Puigdemont no habló de 2017, como sí fija el acuerdo de legislatura con sus socios antisistema. Falta por ver cómo se traduce el giro de ayer en el pacto parlamentario entre Junts pel Sí y la CUP, partido que ayer reaccionó con cierta tibieza, asumiendo que el fracaso en el intento de acordar la consulta conducirá de nuevo al soberanismo a la vía unilateral. El líder de ERC, Oriol Junqueras, celebró que el consenso en torno a la demanda del referéndum se amplíe, aunque dejó claro que el gobierno catalán «tiene un mandato muy claro» de avanzar hacia la independencia y que lo que hará «es cumplirlo».

En cualquier caso, y como de lo que se trataba ayer era de cortejar y atraerse a su terreno a los «comunes», los sindicatos, las patronales y el resto de entidades que se suman al Pacto, Puigdemont optó por poner sordina al unilateralismo con objeto de no ahuyentar a los más templados. Estos se dejaron arrastrar.

El nuevo espacio que se crea, aseguró Puigdemont, nace «con una gran transversalidad y pluralidad pero con un hilo conductor, la voluntad de celebrar en Cataluña un referéndum y hacerlo de forma acordada con el Estado». Esta es la herramienta más «idónea», añadió. Para Ada Colau, el referéndum «debe hacerse con garantías», apelando «al conjunto de ciudadanos, de acuerdo con el Estado y con el máximo reconocimiento internacional». La frase «tenemos prisa», que ha hecho fortuna entre el indepenentismo hiperventilado, es un error, advirtió Colau. Se desconoce si el nuevo espacio de confluencia acabará desembocando en una propuesta operativa, o solo es una treta del secesionismo para ampliar la base sin renunciar a la ruptura unilateral en última instancia.

Como medidas concretas, ayer se decidió la creación de una suerte de comité ejecutivo, una coordinadora cuya composición -rebotados del PSC, exresponsables de ICV, gente dela izquierda...- es una nada sutil forma del soberanismo de crecer por ese flanco. Coordinará el grupo el exdiputado del PSC Joan Ignasi Elena, y en el mismo se integran la exalcaldesa socialista de Badalona Maite Arqué, la exconcejal del PSC en Barcelona Itzíar González, los exdiputados de ICV Francesc Pané y Jaume Bosch, la exconsejeraa de CDC Carme-Laura Gil, la exdiputada de ERC Carme Porta y el director de las revista Catalan International View, Francesc Dalmases.

Dicho comité será el encargado de redactar un manifiesto proconsulta sobre el que se lanzará una campaña para buscar adhesiones. La campaña se lanzará en el conjunto de España y también en Europa.

Como respuesta, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, advirtió ayer de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tomará decisiones jurídicas si de la cumbre por el referéndum se acuerdan medidas que estén «fuera del marco de la legalidad», y lamentó que se utilice el Parlament, donde se celebró el enceuntro, de «forma partidista». No obstante, para Millo la reunión de ayer «es de carácter político y, ante reuniones políticas, el Gobierno responde políticamente».