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Ponsatí recibió 28.850 euros del Ministerio de Educación para investigar en Canadá

La exconsejera de la Generalitat fue becada con 2.400 euros al mes para gastos de estancia

Clara Ponsatí, prófuga de la Justicia ahora en Escocia EFE
Javier Chicote

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La exconsejera de Educación de la Generalitat Clara Ponsatí tiene una larga trayectoria a sueldo y subvencionada por organismos públicos estatales. Acusada de rebelión y malversación de dinero público por el juez Pablo Llarena y en libertad con medidas cautelares en Edimburgo a la espera de que se resuelva la euroorden de entrega, no solo ha trabajado para el Estado al que ahora se enfrenta, sino que incluso recibió ayudas a fondo perdido para sus estancias fuera de España.

Según publicó el Boletín Oficial del Estado el 14 de marzo del año 2000, la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, le concedió una «ayuda para el Subprograma de Estancias de Investigadores Españoles en Centros de Investigación Españoles y Extranjeros».

El Ministerio de Educación pagó su estancia en Canadá , concretamente en la Universidad de Toronto como profesora de Economía, a razón de algo más de 2.400 euros mensuales (400.000 pesetas de la época) durante un año, desde el 1 de septiembre del año 2000 hasta el 31 de agosto de 2001. En total, Ponsatí recibió 28.848,58 euros en subvenciones, la misma cantidad que su marido, Antoni Malet, también profesor y con el mismo destino, Canadá. Ambos serían después firmantes del manifiesto «Els científics per la independència» («Los científicos por la independencia»), elaborado de cara a la consulta ilegal del 9-N de 2014.

En esa fecha Ponsatí era directora del Instituto de Análisis Económico del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), con sede en Barcelona y dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Cátedra española

Ponsatí dirigió este departamento entre 2006 y 2012 , para ocupar después un puesto como profesora visitante de la cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown, en Washington, pagada por España. Allí se dedicó a hacer propaganda del separatismo, incluyendo una entrevista con el canal Al Jazeera en el que reclamaba el referéndum de independencia. El Ministerio de Educación decidió no renovarle la plaza. Ella denunció «censura», y le contestó el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien aseguró que una cátedra en el extranjero no debe servir «de base para alentar procesos secesionistas contrarios a la Constitución».

En enero de 2016 fue contratada como directora de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad de Saint Andrews (Escocia). También pasó por el secretariado de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), donde asumía labores de promoción internacional.

Puigdemont la reclamó en julio de 2017 para asumir la Consejería de Enseñanza de la Generalitat. En una de sus primeras intervenciones ante los medios fue incapaz de expresarse en castellano y, tras balbucear expresiones incoherentes, salió del paso alegando que «no practico español».

El pasado octubre huyó a Bruselas junto a Puigdemont y otros exconsejeros de la Generalitat. A principios de marzo viajó de Bruselas a Edimburgo, donde se puso a disposición de la Justicia británica. Su abogado manifestó a los medios que Ponsatí «no confía» en la independencia e imparcialidad de los tribunales españoles, porque, aseguró, «no le pueden garantizar independencia, derechos humanos o Justicia».

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