La Policía implica al exministro Pimentel en el cobro de comisiones ilegales de la trama de Jordi Pujol júnior

Un nuevo informe de los investigadores, firmado el 5 de mayo, aportado al juzgado el 11 de mayo y al que ha accedido ABC, señala que las comisiones cobradas se desviaron a empresas como Globaltec Desarrollos e Ingeniería SA e Ibadesa Exportaciones y Servicios, detrás de las que se escondían personas como Manuel Pimentel, Francisco Javier Valero Artola, Manuel Valdés Colón de Carvajal y Antonio Luque Ruiz. «En un momento posterior, el reparto de comisiones iría desviándose a las sociedades patrimoniales de los involucrados, como serían Almuzara Estudios SL en cuanto a Manuel Ramón Pimentel Siles y Antonio Luque», relata el escrito.

La Policía Judicial destaca, respecto al respaldo que la trama necesitaba de empresas semipúblicas, que «Manuel Pimentel es una persona con evidentes vinculaciones con el partido político PP, habiendo sido ministro de TRabajo y Asuntos Sociales».

Los agentes de la Policía Nacional achacan a Jordi Pujol Ferrusola, conocido como júnior y encarcelado en la prisión de Soto del Real , de utilizar «sociedades semipúblicas, que gozan del respaldo institucional y crediticio del estado español» para financiar o otorgar garantías a proyectos en terceros países, normalmente en vías de desarrollo como Angola o República Dominicana, cuyos funcionarios eran corrompidos con «recompensas no justificadas». Júnior alegó al juez que él intermediaba a favor de empresarios para abrir negocios en estos países.

Los agentes de la UDEF vuelven a mencionar en este informe a Ignacio López del Hierro , marido de la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El informe sostiene que la empresa Ibadesa CAT, en la que «habrían estado representados los intereses de Jordi Pujol Ferrusola, Jordi Puig Godés, Ignacio Javier López del Hierro y José Joaquín Herrero Aleixandre», se utilizaba para conseguir el apoyo de Cesce a los proyectos investigados.

Las operaciones se llevaron a cabo a través del consorcio Incatema-Mercasa –una sociedad ya investigada en la Audiencia Nacional en varias causas, como la Lezo–, según el informe. Los investigadores añaden que «normalmente» los proyectos contaban con el respaldo adicional como una garantía estatal a través de Cesce, una sociedad con capital público y privado se dedica a gestionar el riesgo comercial de firmas en el extranjero.

El informe, que recuerda en varias ocasiones que sus sospechas son indiciarias, explica que los nexos del cobro ilícito de comisiones a través de las empresas semipúblicas con Jordi Pujol Ferrusola se limitan a la utilizazión de la empresa pantalla Hutton Overseas Inc. y la involucración de la sociedad Ibadesa.

El informe aportado al juez De la Mata se centra en una de las empresas de Júnior, Project Marketing CAT.