Podemos pide que la Policía avise antes de cargar en una manifestación y que se adopte el DNI plurilingüe

Por esto, desde Unidos Podemos se han presentado más de 100 enmiendas para modificar los dos textos con el objetivo de tumbar el corpus del actual texto en vigor. Las reformas abarcan varias dimensiones legales, desde los delitos contra la autoridad y los desórdenes públicos contemplados en el Código Penal hasta la ley de extranjería. En este sentido, los de Iglesias pretenden eliminar que una manifestación en las inmediaciones de estructuras sensibles –como los edificios públicos– constituyan una falta grave, o que las manifestaciones en lugares de tránsito público sean faltas leves.

Se propone también una modificación puntual de la ley orgánica que regula el derecho de reunión para evitar que el simple hecho de que no se comunique una manifestación con 24 horas de antelación no suponga un motivo «para que las fuerzas de oden público tenga excusa para disolver esa concentración». El diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto ha explicado que «se pueden dar elementos para que una manifestación se convoque con menos de 24 horas y en todo lugar tiene que quedar siempre salvaguardado el derecho de la ciudadanía a manifestarse frente a esa traba administrativa que obliga a visar con 24 horas de antelación».

En cuanto a las reformas del Código Penal, desde el grupo se exige «aquilatar» el delito contra la autoridad, los desórdenes públicos y los mensajes en redes sociales. En este último asunto, Sixto ha asegurado que el actual ordenamiento «lo deja como un supuesto muy abierto. Nosotros lo que queremos es que cuando eso tenga una consecuencia sea efectivo, pero una simple difusión tan hetérea de cuestiones que sí puedan ser apreciadas por un juez y por otro no, deja el castigo penal en un campo difuso».

En cuanto al atentado a la autoridad, Unidos Podemos busca que diferencie «claramente» un atentado contra la autoridad de los altercados que se puedan producir en una manifestación. «No se puede aplicar el mismo principio ni la misma gravación cuando en una manifestación se produce un altercado entre fuerzas de orden público y manifestantes que cuando se produce un atentado deliberado en un momento pacífico contra una autoridad», ha explicado el diputado.

También quieren modificar la dinámica de las actuaciones policiales en las manifestaciones a la hora de cargar. Desde Unidos Podemos se propone que las fuerzas de seguridad avisen con antelación de las cargas que vayan a realizar . «En las cargas policiales, por sistema, nunca se avisa. Hemos introducido la obligatoriedad de que antes de que se produzca la actuación policial en una manifestación siempre se tenga que avisar por megafonía de forma que lo oiga toda la gente que está en la manifestación, prara evitar que cualquiera que no quiera participar tenga tiempo para poder escaparse y salir del embrollo». También proponen bajar el tiempo máximo permitido a las fuerzas para que identifiquen a una persona de seis horas a dos horas.

La diputada de En Marea Yolanda Díaz ha insistido en una de sus iniciativas que tienen que ver con la dimensión burocrática de las indentificaciones. «Para acomodar las fuerzas del orden público y del Ministerio del Interior a la realidad plurinacional del Estado, para esto se formula una enmienda para que pongamos tanto los documentos nacionales como los pasaportes que sean por una parte accesibles para las personas que tengan algún tipo de limitación, como el hecho de que sean invidentes, pero también que sean plurilingües. Ha llegado el momento reconocer los hechos y las lenguas nacionales que tenemos y que son cooficiales en nuestro propio Estado», ha explicado.

En cuanto a la ley de extranjería, las enmiendas del grupo porponen la elimianción de las llamadas «devoluciones en caliente» de inmigrantes irregulares y que se refuercen algunas cuestiones de protección a los inmigrantes irregulares. En este sentido, piden garantía para solicitar el derecho de asilo, que siempre se tenga que documentar a las personas que han entrado de manera irregular en territorio español, garantizar que tengan acceso a asistencia letrada y a intérpretes, y que el que tome la decisión de la devolución en última instancia sea siempre una autoridad gubernativa y no un funcionario.