Las penas para los agresores de Alsasua apenas variarían si se les juzgara en Pamplona, según Covite

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo desmonta ante Juncker la campaña europea a favor de los agresores

PamplonaActualizado:

El pasado 30 de septiembre, un grupo de eurodiputados de Bildu, PNV, Podemos e Izquierda Unida asumieron la campaña europea a favor de los agresores de Alsasua y arrancaron del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, un escueto «estaremos atentos» para garantizar la proporcionalidad en las penas durante el próximo proceso judicial por la agresión de dos guardias civiles y sus parejas el pasado 15 de octubre de 2016 en la localidad navarra de Alsasua.

Sin embargo, según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), asociación que consiguió que los sucesos de Alsasua fueran a la Audiencia Nacional, asegura que «La pena que se solicitaría por estos hechos de no apreciarse delito terrorista y ser enjuiciados en tribunales locales (en este caso, la Audiencia Provincial de Navarra) sería similar a la solicitada por delito de terrorismo». Así lo explica la presidenta de Covite, Consuelo Ordoñez, en una carta remitida al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.

Ordóñez considera que no existe la desproporcionalidad que trataron de denunciar los eurodiputados tras la visita a Bruselas de las familias de los jóvenes agresores ya que por los tribunales ordinarios se les acusaría de un delito de atentado a la autoridad, de cuatro delitos de lesiones no terroristas y otro de amenazas condicionales a colectivos en conexidad con delito de odio y el agravante de discriminación ideológica.

En la carta, Covite desmonta cada uno de los argumentos esgrimidos por la defensa de los radicales. Recuerda que la organización a la que pertenecen, Ospa Mugimedua, fue creada al amparo de la campaña de ETA Alde Hemendik! (Fuera de aquí), al tiempo que hace un repaso de las celebraciones del Ospa Eguna vividas hasta ahora en la localidad navarra y en la que se dan evidentes muestras de odio hacia la Guardia Civil.

El colectivo se refiere también a las acusaciones de «montaje policial-judicial» y recuerda que la propia Ospa afirmó en un comunicado que los guardias civiles fueron «increpados».

Por todo ello, Covite pide a Juncker que la Comisión «transmita su cercanía y apoyo a las víctimas, que además de las secuelas, siguen padeciendo señalamiento y acoso, y continúan desatendidas por autoridades e instituciones nacionalistas, volcadas en dar voz a los agresores y a su entorno».