Los pasos y reacciones de la Generalitat y el Gobierno ante el referéndum ilegal del 1-O

Desde que el Parlamento catalán aprobó la ley del Referéndum el pasado 6 de septiembre, el Ejecutivo central y el Govern no han dejado de dar pasos, unos para impedir y otros para promover su celebración

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El pasado 6 de septiembre, tras horas de tensión en el Parlamento catalán, los miembros independentistas aprobaron la ley del Referéndum, un acto ilegal por inclumpir las sentencias del Tribunal Constitucional. Ese mismo día, el Gobierno pidió al TC que la anulara, y desde entonces ambos bandos no han dejado de dar pasos, aunque en direcciones opuestas: el Govern para que se celebre el referéndum ilegal, y el Ejecutivo central para impedirlo.

6 de septiembre

El Parlament aprueba la ley del Referéndum: El Parlamento catalán aprueba, tras once horas de un Pleno lleno de tensión, la ley del referéndum, un acto jurídico ilegal que incumplía las sentencias del Tribunal Constitucional. Puigdemont firma el decreto de convocatoria de la consulta de autodeterminación del 1 de octubre.

El Gobierno pide al TC que anule la ley del Referéndum: El Gobierno plantea un «incidente de ejecución de sentencia», por incumplimiento de resoluciones previas del Tribunal Constitucional y pide exigir responsabilidades penales a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

7 de septiembre

El Parlament aprueba la ley de Transitoriedad: El Parlamento catalán aprueba la ley de Transitoriedad, un texto que pretende regular la vida «legal» en Cataluña tras el «sí» en el referéndum secesionista del 1 de octubre.

El Gobierno interpone cinco recursos ante el TC: El Ejecutivo interpone primero cuatro recursos ante el Constitucional contra la ley del Referéndum y su convocatoria y uno más contra la admisión a trámite de la ley de Transitoriedad.

El Constitucional suspende la ley del Referéndum: El TC suspende la ley del Referéndum y el decreto de convocatoria de la consulta ilegal por unanimidad de sus doce magistrados.

La Fiscalía ordena una querella contra el Govern: La Fiscalía anuncia una querella criminal contra todos los miembros de la Generalitat por convocar el referéndum ilegal y ordena a Policía y Mossos investigar cualquier acto preparatorio del 1-O y requisar urnas, papeletas y ordenadores que se vayan a utilizar.

8 de septiembre

La Generalitat activa el mecanismo para votar: La Generalitat pone en marcha el mecanismo habilitado para permitir a los catalanes con residencia en el extranjero poder votar.

El Gobierno anuncia que presentará dos recursos más: El Gobierno anuncia que va a interponer dos recursos más ante el TC, de manera que ya van ocho en total.

La Fiscalía de Cataluña se querella contra el Govern y la Mesa del Parlament: La Fiscalía Superior de Cataluña presenta una querella contra los miembros del Gobierno de Cataluña y otra contra cinco diputados regionales de la Mesa del Parlament. Además de por desobediencia y prevaricación, les acusa de cometer un delito de malversación de caudales públicos.

La Guardia Civil registra una imprenta de Constantí: La Guardia Civil registra la imprenta Indugraf Offset de Constantí (Tarragona), ante la sospecha de que pudiera ser en esta empresa donde se imprimieran los censos y las actas para la consulta ilegal.

9 de septiembre

La Guardia Civil registra un semanario de Valls (Tarragona): La Guardia Civil busca 7.000 ejemplares de guías impresas y listas para las mesas electorales en el semanario «El Vallenc» de Valls (Tarragona).

11 de septiembre

El independentismo se adueña de la Diada: Grupos y asociaciones independentistas convierten la Diada en una concentración por el soberanismo, sustituyendo la señera por la «estelada». Aun así, la Diada pierde 800.000 manifestantes desde 2014. La CUP, además, quema banderas de España y Francia.

El Gobierno interpone el recurso anunciado: La Abogacía del Estado presenta, en nombre del presidente del Gobierno, en el TC, el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Transitoriedad.

La Fiscalía cita a los jefes de Mossos, Policía y Guardia Civil de Barcelona: La Fiscalía Superior de Cataluña cita para el día siguiente al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a los máximos responsables de Guardia Civil y Policía Local.

12 de septiembre

La Fiscalía ordena a los Mossos impedir el 1-O: La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña transmite al mayor de los Mossos y a los responsables de Policía Nacional y Guarda Civil que deben requisar todo lo que sea necesario para celebrar el referéndum ilegal, tal como urnas, papeletas o equipos informáticos.

El TC suspende la ley de Transitoriedad: El Tribunal Constitucional suspende la ley de Transitoriedad jurídica, que pretendía funcionar como una especie de Constitución catalana si venciera el «sí» en el referéndum ilegal. También el código tributario catalán, que aprobaba la creación de una Agencia Tributaria de la Generalitat.

El TSJC admite la querella contra Puigdemont: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña admite a trámite las querellas del Ministerio Fiscal contra los miembros de la Generalitat y cinco miembros de la Mesa del Parlament.

13 de septiembre

El Rey avisa: «La Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra de la convivencia»: El Rey aprovecha un acto para referirse «a la situación que estamos viviendo en Cataluña» y avisa de que «la Constitución prevalecerá sobre cualquier quiebra de la convivencia en democracia».

El fiscal ordena arrestar a los alcaldes que no comparezcan: La Fiscalía General del Estado emite una instrucción para que se cite a declarar como investigados a los alcaldes dispuestos a ceder locales para que se celebre el 1-O. Ordena además arrestar a los regidores que no comparezcan.

El Gobierno lanza dos avisos más a los interventores: El Gobierno envía dos nuevas cartas a los secretarios e interventores de los 947 ayuntamientos catalanes para advertir de las consecuencias penales de los actos dirigidos a que se celebre el 1-O y hace un llamamiento a la responsabilidad de los funcionarios.

El juez ordena cerrar la web del referéndum: Agentes de la Guardia Civil entran en la empresa Cdmon, que da servicios tecnológicos a la Generalitat, para que, en cumplimiento de la suspensión del TC y por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, se cierre la web.

Puigdemont reabre la web del 1-O: Pese a estar desconectada durante unas horas, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anuncia dos nuevas webs que ofrecen la misma información sobre el referéndum, burlando la decisión del TC.

14 de septiembre

La Fiscalía se querella contra las asociaciones de alcaldes que promueven el referéndum. La Fiscalía presenta una querella contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y contra el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por promover el referéndum del 1-0.

La Fiscalía pide que se ordene a los Mossos retirar los carteles pro referéndum: La Fiscalía pide al juez que ordene a los Mossos retirar los carteles pro referéndum.

Correos ordena a sus trabajadores que no envíen nada relacionado con el referéndum ilegal: La dirección de Correos remite una circular interna a los directores de oficinas y sucursales recordándoles que, en cumplimiento de la ley, deben abstenerse de tramitar cualquier tipo de envío relacionado con el referéndum ilegal.

Junqueras deja de enviar a Hacienda los informes semanales de gastos: El conseller de Economía, Oriol Junqueras, comunica por carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dejará de enviar los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat.

Hacienda aparta a la Generalitat y pagará directamente a proveedores: Hacienda anuncia que retendrá recursos a la Generalitat y asumirá directamente los pagos a proveedores y servicios públicos.

15 de septiembre

Comienza la campaña electoral del referéndum ilegal: Puigdemont protagoniza en el Tarraco Arena de Tarragona el mitin que da inicio a la campaña electoral.

El Gobierno da un ultimátum de 48 horas a la Generalitat para intervenir sus cuentas: El Ejecutivo da 48 horas de plazo al presidente catalán para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que garantice que ni un solo euro de los presupuestos irá destinado al referéndum ilegal del 1 de octubre, o el Estado asumirá los pagos de la Generalitat.

La Fiscalía cita a los primeros cinco alcaldes «rebeldes» para declarar por el 1-O: José Manuel Maza pide que se incoen diligencias de investigación respecto del alcalde de Tortosa (Tarragona), Ferran Bel —diputado en el Congreso—, y en relación con los regidores de los Ayuntamientos de Mollerussa (Lérida), Marc Solsona Aixalà; Seo de Urgell (Lérida), Albert Batalla i Siscart; Valls, Albert Batet i Canadell; y Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras Massana -todos ellos diputados en la Cámara autonómica-. De igual modo, ordena que en el curso de las actuaciones se les llame a declarar en condición de investigados; comparecencia a la que, señala, deberán acudir asistidos de abogado.

16 de septiembre

Puigdemont exhibe su músculo municipal rodeándose de los más de 700 alcaldes independentistas, que están investigados por la Fiscalía por haber ordenado la cesión de espacios públicos para el referéndum ilegal. El presidente catalán contesta al Gobierno de Mariano Rajoy que seguirán adelante hacia la consulta separatista del 1 de octubre, pese a las advertencias de inhabilitación o incluso cárcel. «Que no subestimen la fuerza del pueblo de Cataluña», asevera Puigdemont en réplica a Rajoy, quien la víspera le avisó en Barcelona de que el Estado de Derecho seguirá actuando contra quienes infringen la ley.

La Guardia Civil interviene en la empresa Zukoy, ubicada en la población barcelonesa de Sant Adrià de Besòs, varias planchas para imprimir carteles institucionales de la consulta del 1-O, así como otra para realizar carteles por el "sí".

17 de septiembre

Puigdemont responde a la orden judicial remitida a las operadoras de telefonía de bloquear el acceso a las webs en las que se informaba sobre el referéndum difundiendo a través de su cuenta personal un tuit con las instrucciones para burlar la prohibición y acceder a las páginas afectadas. «Es imposible poner puertas al campo», escribe Puigdemont antes de animar a acceder a las páginas bloqueadas utilizando un proxy.

La Guardia Civil se incauta ade más de 1,3 millones de «carteles, dípticos y folletos de diverso tamaño» de propaganda del referéndum en una nave de Montcada i Reixac (Barcelona). Entre el material requisado destacan 700.000 folletos informativos promoviendo el sí a la independencia, 370.000 dípticos institucionales con el logotipo de la Generalitat, 130.000 carteles «de menor tamaño» con lemas favorables a la secesión y otros 138.000 carteles con el logo de la CUP, el lema «Sí, per fer-los fora» (Sí, para echarlos).

18 de septiembre

El Govern presenta ante el Tribunal Supremo un recurso contra la intervención de sus gastos por parte del Estado.

Técnicos del Ministerio se encuentran con representantes de la Asociación Española de la Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para informarles de las nuevas responsabilidades de las entidades financieras a la hora de vigilar que la Generalitat no destine fondos a la consulta independentista, señalan fuentes conocedoras de los encuentros. Los bancos vigilarán cualquier gasto de la Generalitat, lo que incluye las tarjetas de crédito de altos cargos del Govern, y exigirán certificados de la Intervención General que acrediten el destino del dinero.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) investiga el posible uso fraudulento de los datos personales de los catalanes para la configuración del censo electoral de cara al 1 de octubre.

19 de septiembre

La Guardia Civil requisa notificaciones para participar en mesas electorales: La Guardia Civil registra todas las oficinas de reparto de la empresa Unipost en Barcelona en busca de las notificaciones nominales para las mesas electorales del referéndum del 1 de octubre (presidentes, vocales y suplentes). Requisa 45.000 notificaciones que se iban a enviar a los elegidos para formar parte de las mesas electorales del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).

Asociaciones cívicas alertan de que quien participe en el 1-O podría cometer delito: No hay obligación legal de presentarse como miembro de una mesa electoral el próximo 1 de octubre, en caso de ser notificado por parte de la Sindicatura Electoral —entidad suspendida por el Tribunal Constitucional— o la Generalitat de Cataluña. Así lo confirma la asociación Llibertats, formada por juristas de reconocido prestigio, que publica en su web una guía con los pasos a seguir en caso de recibir una tarjeta o notificación para formar parte de una mesa el 1-O.

20 de septiembre

La Guardia Civil detiene a 14 cargos de la Generalitat y arruina la logística del 1-O: La Guardia Civil registra una empresa de comunicaciones que ya había participado en el 9-N. Al mismo tiempo, registra las sedes de Vicepresidencia y de la Consejería de Economía. Más tarde, Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales y Gobernación, así como otras seis sedes. En total, hay 14 detenidos y 41 registros.

La Guardia Civil requisa al menos nueve millones de papeletas para votar el 1-O en Bigues i Riells (Barcelona): La Guardia Civil requisa entre nueve y diez millones de papeletas para votar «Sí/No» en el referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional. Estaban almacenadas en una nave de Bigues i Riells (Barcelona).

La Policía interviene propaganda del 1-O en la sede de la CUP: Agentes de la Policía Nacional intervienen propaganda del referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional en la puerta de la sede central de la CUP en Barcelona.

Entra en vigor la orden de bloqueo del gasto de la Generalitat: Hacienda pone en marcha la orden para bloquear todo gasto nuevo de la Generalitat.

El TC tumba la tramitación de las leyes de ruptura: El Constitucional anula la tramitación de las leyes de ruptura en el Parlamento catalán. Los doce magistrados declaran nulos los acuerdos de Mesa del Parlament.

El alcalde de Sabadell no acude a declarar: El alcalde de Sabadell, Maties Serracant (CUP), no acude a declarar ante la Fiscalía que le había citado por firmar el decreto de apoyo al 1-O.

El independentismo traslada su frustración a la calle: Miles de personas impiden la salida de la Guardia Civil de la Consejería de Economía. El independentismo llama a salir a la calle

21 de septiembre

Puigdemont publica un enlace a la lista de colegios electorales: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, publica un enlace en su cuenta de Twitter desde el que se pueden consultar los supuestos colegios electorales del 1-O.

El juez investiga si la Generalitat se ha gastado 6,2 millones en el referéndum: El juez instructor que lleva el caso de los registros investiga si la Generalitat ya ha destinado para la organización del 1-O partidas presupuestarias por valor de 6,2 millones de euros.

El TC acuerda multas de hasta 12.000 euros ante la desobediencia: El Tribunal Constitucional acuerda por primera vez en su historia la imposición de multas (de 6.000 a 12.000 euros diarios) para los miembros de la sindicatura electoral catalana por desobedecer la orden de suspensión del referéndum ilegal.

Institutos catalanes permiten a sus alumnos a manifestarse: Varios institutos (algunos de la provincia de Gerona y otros de Barcelona) y la mayoría de universidades públicas catalanas hacen un llamamiento a sus alumnos para que se manifiesten «en defensa de la democracia y la libertad» y a favor del referéndum ilegal del próximo 1 de octubre.

22 de septiembre

La Fiscalía denuncia por sedición el acoso a la Guardia Civil: La Fiscalía de la Audiencia Nacional denuncia por sedición el acoso por parte de independentistas a la Guardia Civil mientras realizaban la operación contra los organizadores del referéndum ilegal.

La Generalitat pide dimisiones a los miembros de la Sindicatura Electoral para evitar las multas del TC: El Govern cesa a Josep Maria Jové, secretario general de Vicepresidencia y de la Consejería de Economía y Hacienda, para intentar eludir las multas del Constitucional. Veintidós miembros de la Sindicatura Electoral dimiten también.

Denuncian a Puigdemont por «elaborar un censo» para el 1-O: La Generalitat de Cataluña utiliza datos personales de ciudadanos sin su consentimiento para el 1-O, tal como recogen varias denuncias presentadas ante la Guardia Civil.

23 de septiembre

Interior anuncia que coordinará a los Mossos d’Esquadra y estos dejan en evidencia a Joaquim Forn: La Jefatura de los Mossos d’Esquadra dejan claro que van a acatar las órdenes de Interior, como han hecho hasta el momento. El consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, intenta manipular la postura de la Policía autonómica al anunciar la «voluntad del Cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del Estado español», citando incluso al major, Josep Lluís Trapero, pero la Jefatura de los Mossos difunde una nota interna en la que se precisa que no se comparte la medida aunque en ningún caso supone «una intervención del Cuerpo por parte del Estado», y que «seguirá cumpliendo» las órdenes del ministerio público.

Puigdemont publicita una web cerrada previamente: Carles Puigdemont reta a la Justicia publicitando una web sobre el referéndum que había sido cerrada previamente.

El TSJC ordena el bloqueo de cualquier «web» dedicada a difundir el referéndum: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena el bloqueo de cualquier «web» o dominio dedicado a la difusión del referéndum, y de manera particular tres páginas con toda la información oficial del mismo

25 de septiembre

El Tribunal de Cuentas notifica la liquidación de gastos del 9-N: El Tribunal de Cuentas notifica a Artur Mas y el resto de denunciados por el 9-N que disponen de quince días para depositar 5,25 millones de euros por la consulta ilegal de 2014.

Maza avisa a Puigdemont de que puede acabar detenido: El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, advierte a Puigdemont de que está perseverando en un delito de desobediencia y si incurre en malversación la Fiscalía puede pedir su detención.

La Guardia Civil requiere información a 31 consistorios: La Guardia Civil requiere a los secretarios municipales de 31 ayuntamientos de la provincia de Lérida que entreguen una copia de los documentos redactados para ceder locales para la celebración del referéndum ilegal.

El fiscal ordena identificar a los responsables de los colegios: El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ordena a los Mossos que identifiquen a los responsables de los lugares designados por la Generalitat como «colegios electorales» para el 1-O.

26 de septiembre

La Fiscalía ordena a los Mossos que precinten los colegios desde el viernes: El fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, ordena a los Mossos el precinto antes del día 30 de los colegios y el desalojo de las personas que haya en su interior.

Los sindicatos de estudiantes de Cataluña anuncian encierros para impedir la acción policial: Los sindicatos de estudiantes anuncian que se encerrarán en los colegios para evitar que se lleven a cabo las órdenes de precintar los colegios.

27 de septiembre

La juez confirma el cierre de los colegios: La juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirma la instrucción emitida por la Fiscalía y ordena a los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional impedir la utilización de colegios para que se celebre el referéndum.

Trapero advierte al fiscal de la dificultad de llevar a cabo sus actuaciones, pero dice que cumplirá: El mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, advierte al fiscal de las dificultades de llevar a cabo sus instrucciones, y dice que el cuerpo autonómico actuará basándose en «los principios de oportunidad, proporcionalidad y congruencia».

La juez ve indicios de sedición en el acoso a la Guardia Civil: La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela aprecia indicios de sedición en el acoso que sufrió la Guardia Civil en Barcelona el 20 de septiembre, cuando llevaba a cabo la operación.

Unipost sigue enviando citaciones para el referéndum: La Generalitat burla las órdenes de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional y envía notificaciones a las personas que formarían parte de las mesas electorales del referéndum ilegal.

28 de septiembre

La Guardia Civil requisa 2,5 millones de papeletas y 100 urnas. La Guardia Civil interviene 2,5 millones de papeletas, 4 millones de sobres y 100 urnas en un almacén de Igualada.