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Catalá no quiere que Lesmes repita como presidente del CGPJ

A finales de año habrá que renovar el órgano de gobierno de jueces y fiscales

Rafael Catalá y Carlos Lesmes, en una imagen de archivo IGNACIO GIL

GRACIANO PALOMO

Es muy difícil encontrar en la reciente Historia de España, por no escribir imposible, un sucedido como el ocurrido estos días entre el Poder Judicial en su conjunto y un titular de la cartera de Justicia. La pregunta del millón para la que todo el mundo busca respuesta es si su declaración sobre el magistrado Ricardo González fue un «calentón» ante los micrófonos de los obispos, o, por el contrario, un ataque premeditado contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y específicamente contra su presidente, Carlos Lesmes, con el que no mantiene precisamente una estrecha relación.

Fuentes judiciales consultadas sostienen que lo que subyace en el fondo es una guerra abierta ante la próxima renovación del Consejo donde sus veinte miembros tienen que ser sustituidos, entre ellos los doce vocales procedentes de la carrera. Esas mismas fuentes subrayan que parece ser intención del actual presidente Carlos Lesmes optar a la reelección a pesar de que no cuenta con el visto bueno y apoyo del Gobierno ni del PP. Porque sabe que Rafael Catalá habría comentado al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que no está dispuesto a sostener a Lesmes un mandato más.

La lucha por el control

El próximo noviembre se cumplirán cinco años desde la constitución del actual CGPJ y, por tanto, se habrá agotado su mandato, salvo que como ha ocurrido en otras ocasiones los partidos políticos no se pongan de acuerdo y el mandato se prorrogue. La importancia del CGPJ y de sus derivadas judiciales cobran especial relevancia en la coyuntura política y nacional que nos embarga. La lucha por el control del organismo ha comenzado ya.

Son las Cortes Generales, esto es, los grupos políticos que conforman grupos parlamentarios, las que deciden sobre los veinte nuevos consejeros (diez cooptados en el Congreso y otros diez en el Senado) de los cuales doce serán vocales «judiciales» y ocho por el turno de los llamados «juristas de reconocido prestigio» . Los doce primeros suelen ser propuestos a los grupos parlamentarios por las distintas asociaciones de jueces y fiscales.

Como se recordará, las cuatro asociaciones reconocidas como tales de jueces son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria; la Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces por la Democracia, más el Foro Judicial Independiente. Históricamente siempre se ha producido una negociación entre las formaciones políticas entre los nombres que les hacen llegar las asociaciones profesionales. Ahora, la irrupción de Ciudadanos en el mapa parlamentario rompe de alguna manera el «statu quo» que había sido una constante hasta la fecha. También está por ver la posición de Podemos.

Por la APM , fuentes de la misma apuntan los nombres del gallego Celso Rodríguez Padrón, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y actual portavoz de dicha Asociación, y de Manuel Almenar, actual presidente de la APM. Magistrado de la Audiencia de Pontevedra, es un juez de reconocido prestigio, joven y de gran beligerancia a favor de la renovación del sistema judicial español.

Marcelino Sexmero, portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (con plaza en los Juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid), es un nombre fijo ante los nuevos retos del CGPJ. Otro juez en la línea de salida es Antonio Viejo, actual decano de los jueces de Madrid. El juez afiliado a la misma asociación José Manuel Ruiz también está en la línea de salida, según fuentes solventes.

Por Juezas y Jueces por la Democracia uno de los más firmes candidatos, según fuentes de la propia Asociación, es Ignacio González Vega, juez de lo Penal número 20 de Madrid. Algunos de sus colegas subrayan que se está buscando el apoyo de Podemos para alcanzar uno de los puestos más codiciados por los profesionales de la justicia en España: formar parte del Consejo General.

El Foro Judicial Independiente (FJI) fue creado en 2002 bajo el lema de una «justicia de calidad y unida». La primera presidenta fue María Tardón y en la actualidad lo es Concepción Rodriguez González del Real que podría ser la candidata del FJI al Consejo General.

Hay jueces en ejercicio que también aspiran a formar parte del órgano de gobierno de los profesionales de la justicia. Es el caso del juez de lo Contencioso en Madrid, el gallego Alfonso Villagómez Cebrián, un asiduo en las tribunas mediáticas de toda España. Villagómez, que fue asesor del ministro de Justicia, ya estuvo a punto de ser cooptado para el Consejo en el 2013, apoyado por el ex ministro Juan Francisco López Aguilar (PSOE).

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