Ocho de cada diez letrados judiciales secundan una protesta para pedir más medios y mejores sueldos
Aseguran que desde 2009 han asumido nuevas competencias sin recompensa alguna
Con un trabajo más silencioso y alejado del foco mediático que el de jueces y fiscales, los letrados de la Administración de Justicia, antes secretarios judiciales, se plantaron este martes ante el nuevo Ministerio de Justicia con una protesta similar a la que secundaron el pasado mayo jueces y fiscales contra el entonces ministro Rafael Catalá. La jornada de concentración ha sido secundada por el 80 por ciento de los letrados judiciales , una cifra que en el caso de Madrid capital ha llegado al 85 por ciento, según datos facilitados por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.
En la huelga han participado todas las asociaciones que engloban a los letrados judiciales: el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ).
Entre sus reivindicaciones están el desarrollo de la nueva oficina judicial bajo su «dirección exclusiva» , la implantación del expediente digital, de forma útil, operativa y dotada de los medios necesarios para garantizar su adecuado funcionamiento, la compatibilización de los distintos sistemas de gestión procesal para garantizar la coordinación entre todos ellos y que se deje a su cargo un Registro civil público, moderno y gratuito.
Protección personal ante los desahucios
El segundo bloque de quejas se refiere a sus sueldos, que no se han visto compensados con las nuevas funciones y responsabilidades que se les atribuye desde la reforma procesal de 2009, como la admisión de demandas, tramitación de la ejecución, subastas y adjudicaciones en fase de ejecución, la responsabilidad de los registros administrativos en el ámbito penal, entre otras. Recuerdan que un letrado judicial de nuevo ingreso percibe un salario de 1.400 euros.
Por último, en materia estatutaria, demandan un nuevo Reglamento Orgánico. A su juicio, cuestiones como el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva propia, la adecuación del régimen de categorías profesionales, el régimen de libranzas por trabajo extraordinario y medidas de protección personal e intimidad en diligencias como desahucios y registros policiales son «necesidades inaplazables».
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