Oriol Junqueras y Carles Puigdemont en el Parlament de Cataluña en julio - INÉS BAUCELLS / Vídeo: Así se reparten los escaños en Cataluña

O Junqueras o elecciones

La batalla partidista y la guerra fratricida es lo único que les queda a los independentistas, que han topado con la Ley

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O Junqueras presidente o repetición de las elecciones. Esquerra no votará la investidura de Puigdemont a distancia ni aceptará que el expresidente designe a un candidato alternativo. Los republicanos están sumamente ofendidos con la campaña de los convergentes, le van a exigir a Puigdemont que cumpla con su única promesa electoral, y si no lo hace le devolverán la trampa demagógica del «presidente legímito» con la del «vicepresidente legítimo», que es a quien le corresponde ostentar la presidencia cuando el presidente falla.

Esquerra sabe que no le puede ceder el carril central de la política catalana a Junts per Catalunya, ni una presidencia por encima del bien y del mal a Puigdemont, porque significaría su vuelta a la marginalidad y cualquier oposición, y hasta cualquier discrepancia, sería vista como un ataque a Cataluña, como un vergonzoso acto de connivencia con el «enemigo».

Los estrategas de la vieja Convergència, que son los mismos que ahora trabajan para el fugado de Bruselas, pretenden de un solo golpe, con su plataforma Junts per Catalunya, fundir al PDECat y devolver a Esquerra a su techo de 12 diputados de toda la vida.

Justificar su existencia

Los de Junqueras saben que no pueden permitirse –si no quieren coquetear con la extinción– ceder a los planes de Puigdemont, y además no quieren porque son plenamente conscientes de que la vieja guardia de Artur Mas lleva meses poniendo en duda su patriotismo. Para los republicanos es vital que el próximo día 4 Junqueras salga de la cárcel, y a tal efecto, el recurso que el exvicepresidente ha presentado es tan explícito o más que la declaración que le permitió a Carme Forcadell quedar en libertad.

Si Junqueras no sale de prisión, a sus estrategas les será más difícil de forzar una repetición electoral, pero si no lo hacen lo que les acabará resultando difícil, y casi imposible de justificar es el sentido de su propia existencia como partido, y no es cosa que a ningún dirigente republicano le pase por alto. Por su parte la vieja Convergència, reencarnada ahora en Junts per Cataluña, se enfrenta a una guerra interna con el PDECat. Los antiguos colaboradores de Artur Mas intentarán reducir a lo meramente simbólico el poder de Marta Pascal y de los demás cargos surgidos del congreso que significó la refundación de Convergència Democràtica bajo las extravagantes siglas actuales. La segunda guerra –en cierto modo también interna, dentro del independentismo– la librarán contra Esquerra en general, y particularmente contra Junqueras, a quien quieren convertir en un simple pelele de Puigdemont.

Los convergentes, tras haber superado por dos diputados a ERC, usan su victoria para reivindicar la presidencia, pero les condena la propaganda del «president legítim» que hicieron cuando creían que perdían, y ahora Junqueras, si sale de prisión el próxima día 4, reclamará ser presidente si Puigdemont no puede serlo. y cada vez que los convergentes reclamen la legitimidad de Puigdemont, los republicanos le recordarán su cobardía de marcharse mientras otros fueron a la cárcel, su fraude electoral prometiendo que volvería cuando sabía que no iba a hacerlo, y que él mismo renunciara a la épica cuando estaba dispuesto a convocar elecciones autonómicas o incluso presentándose a ellas desde Bruselas mientras Junqueras no pudo hacer campaña porque acabó en la cárcel por defender la república proclamada. De fondo está lo que ambos partidos pueden realmente ofrecer como hoja de ruta de su eventual gobierno. Es aquí donde se percibe con más claridad la rotunda victoria del Gobierno –y de la idea de España en Cataluña– con la aplicación del artículo 155. Ni el PDECat, ni Junts per Cataluña, ni Esquerra van a prometer nada ilegal, ni unilateral, porque el terreno de juego y las normas de convivencia han quedado perfectamente delimitados y todo el mundo ha podido ver –y dramáticamente constatar– qué pasa cuando no son observados. El único que puede permitirse algunas licencias, siempre retóricas, es Puigdemont desde Bruselas, pero sus extravagancias empezarán a fatigar más temprano que tarde cuando se haga evidente que son estériles: y, si como es casi seguro que sucederá, no logra ser presidente, todavía más, y más rápidamente.

La batalla partidista y la guerra fratricida es lo único que les queda a los partidos independentistas, que han topado con la Ley, y si no están dispuestos ni a renunciar a su sueldo (la mano derecha de Puigdemont, Elsa Artadi, fue la trabajadora pública que más diligentemente contribuyó a implementar el artículo 155) mucho menos lo estarán a poner en riesgo su vida libre. Y todavía hay quien cree que el presidente del Gobierno no hace nada o que las elecciones del 21-D dejaron una victoria secesionista.

Allanar el indulto

Junts per Cataluña querrá exprimir el victimismo del «president a l’exili» y tratará de vivir del relato de su regreso y de acusar a España de ser un Estado «demofóbico» –¡qué conceptos, por favor!– y que persigue a las personas por sus ideas políticas. Pero lo más asombroso es que pretende volver a la carraca de pedir un referendo secesionista acordado con el Estado, tras haber constatado de todas las maneras posibles que el Estado –no sólo el Gobierno– no está dispuesto a ello. Sin poder recurrir al farol de la unilateralidad –porque el imperio de la Ley ha demostrado su vigencia y en una democracia, en las cárcel no hay héroes, sino delincuentes– tendrán que tirar mucho más de pirotecnia y emotividad que de realidad. Esquerra por su parte tendrá las mismas limitaciones que Junts per Cataluña, buscará un acuerdo con los Comunes para gobernar más allá de la cosa identitaria y una relación agradable con el Gobierno para allanar el camino del indulto o de alguna clase de clemencia ante las previsibles y severísimas condenas por lo acontecido en Cataluña los meses de septiembre y octubre.

Pero como tan poco probable es que Junts per Catalunya renuncie a la presidencia de la Generalitat como que Esquerra renuncie a su supervivencia, estas estrategias tendrán que esperar a marzo, tras unas nuevas elecciones por ver cómo se concretan.