Dos transeuntes pasean por el casco histórico de Pamplona - MATÍAS NIETO | Vídeo: La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, valora la disolución de ETA, junto al lehendakari Íñigo Urkullu (ATLAS)

Navarra, en el punto de mira del nacionalismo vasco

Los partidos constitucionalistas denuncian la política del Gobierno presidido por Uxue Barkos de imponer el euskera en la enseñanza y en la Administración

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La hierba brilla en este atardecer de finales de abril. Hay parejas sentadas en el césped mientras el sol se va ocultando tras el horizonte en Pamplona. Las gruesas murallas de La Ciudadela, construidas por orden de Felipe II, no albergan cañones ni protegen al antiguo reino de Navarra porque son un parque municipal desde hace más de medio siglo. Todo parece apacible y tranquilo en esta tarde primaveral en la que los habitantes de la ciudad han aprovechado un paréntesis en el mal tiempo para salir a la calle.

Navarra es hoy la tercera comunidad española por renta per capita (29.800 euros el año pasado), goza de unos servicios públicos y asistenciales superiores a los de cualquier otro territorio, su economía creció por encima de la media nacional en 2017 y tiene el nivel de paro más bajo de España: un 9,6% de la población activa.

Todas las encuestas corroboran que los navarros son conscientes de su alto nivel de bienestar material y que existe un arraigado sentimiento de pertenencia a la tierra. Pero Navarra es también una comunidad dividida, con una profunda inquietud sobre su futuro y con un debate identitario que ha ido creciendo desde que gobierna la coalición de cuatro partidos, formada por Geroa Bai, Bildu, Podemos e IU. Esa coalición desplazó en el poder a UPN, que había permanecido desde 1996 a 2015 al frente del Ejecutivo.

«Este Gobierno trabaja para una minoría. Se ha inventado una realidad que no existe. Sólo el 6,7% habla euskera en su casa, pero se ha empeñado en imponer esta lengua en las escuelas y en la Administración, rompiendo el principio de igualdad de oportunidades. Hay falta de libertad, una política que divide a los navarros y un reparto poco equitativo de los recursos públicos. Navarra es hoy un riesgo, pero mañana puede ser un problema para España», señala Javier Esparza, presidente de UPN.

Esta advertencia es refutada por Uxue Barkos, presidenta del Gobierno navarro, que nos recibe en la sede de la Diputación Foral. Subraya con énfasis: «No estamos haciendo una política para imponer el euskera. No pedimos a nadie que lo hable. Lo que intentamos en atender a la necesidad del colectivo vascoparlante. Gobernamos para todos. Lo que no se puede combatir con datos se combate con visceralidad. Mi compromiso es presidir un proyecto en el que se sientan representados todos los navarros. Y eso es lo que he intentado a lo largo de estos tres años».

Paralelismo con Cataluña

Ana Beltrán, líder y portavoz parlamentario del PP, también difiere de la opinión de Barkos y señala: «Hay una fractura social provocada por el nacionalismo. Han dividido a los navarros en dos bloques. La gente tiene miedo. Lo que está pasando aquí es muy grave y me siento en la obligación de denunciarlo. Nadie quiere hablar de ello, pero el paralelismo con Cataluña es enorme, cada vez mayor».

Falta un año para acudir a las urnas, pero Navarra respira ya un clima claramente electoral, que se traduce en un aumento de la tensión política que se puede observar en los debates del Parlamento. Todos los partidos son conscientes de lo mucho que se juegan en estas elecciones, que podrían dirimirse por un puñado de votos.

Eso es lo que sucedió en los comicios autonómicos de 2015, en los que si Ciudadanos hubiera obtenido representación en la Cámara (le faltaron sólo varios centenares de votos), Uxue Barcos no habría podido gobernar. El bloque nacionalista suma ahora 26 escaños mientras que UPN, Partido Socialista de Navarra (PSN) y PP totalizan 24 diputados. Todas las estimaciones coinciden en que la posibilidad de formar Gobierno dependerá probablemente de la oscilación de menos 2.000 votos.

«Navarra es una sociedad muy compleja. El próximo Parlamento va a tener muy probablemente ocho fuerzas políticas y eso va a ser muy difícil de manejar. Pero no creo que la sociedad esté fragmentada o fracturada. Lo que hay son diferentes sensibilidades, aunque este Gobierno quiere imponer una sobre otra en cuestiones como la lengua y los símbolos. Eso se puede volver contra ellos como un boomerang», señala María Chivite, secretaria del PSN.

Pese a estos reproches de la oposición, el Gobierno insiste en que hay estabilidad política y en que no existe ningún tipo de fractura social en Navarra. «Hemos sido capaces de gestionar las discrepancias. Y lo hemos hecho para sumar, nunca para enfrentar. Lo que intentamos es resolver los problemas de los ciudadanos», afirma Uxue Barkos.

Hay, sin embargo, tres debates que dividen a los partidos y también a los navarros: la educación, los símbolos y la lengua en las instituciones y en la Administración pública. «Han convertido estos temas en un arma para la construcción nacional, aun a costa de romper a la sociedad», apunta Ana Beltrán.

Cuatro modelos educativos

El marco establecido para la educación, consolidado en las dos décadas en las que UPN gobernó, se basa en una zonificación en tres territorios, que son el norte vascófono, la zona mixta de Pamplona y la Ribera del Ebro, en el sur de la comunidad.

El sistema es complejo porque los habitantes de cada uno de estos ámbitos geográficos pueden elegir entre los diferentes modelos que se ofertan. Estos modelos son cuatro. En el llamado modelo A, el castellano es la lengua vehicular de la enseñanza y se estudia euskera como una asignatura más. En el modelo B, se cursa el aprendizaje en euskera y se imparten varias asignaturas en castellano. Esta opción podría decirse que se basa en una filosofía bilingüe. El modelo D ofrece una enseñanza íntegra en vasco con una asignatura de lengua castellana. Y en el modelo G todas las asignaturas se imparten en castellano. Esta opción es la que predomina de forma casi exclusiva en La Ribera, donde históricamente no se ha hablado jamás en euskera.

Hay que subrayar que cada una de las tres zonas tiene una oferta distinta. Esto significa, por ejemplo, que en la zona vasca no se puede elegir el modelo G de enseñanza totalmente en castellano. O que en La Ribera se descarta el modelo B de bilingüismo. Como se puede observar, el sistema es extremadamente complicado. Los cambios normativos realizados por el Gobierno permiten educar en vasco en las zonas de La Ribera si hay al menos siete alumnos que lo soliciten, lo cual no es nada frecuente. Por ejemplo, en Tudela, una población de casi 40.000 habitantes, sólo ha habido un estudiante que lo ha pedido. Según los datos oficiales, el 26% de los alumnos navarros son educados en el modelo D, mientras que en los territorios cercanos al Ebro el porcentaje no llega al 1% de los que se inclinan por esta opción.

El Parlamento navarro aprobó el año pasado una modificación normativa que ampliaba el número de localidades para fomentar el euskera. En concreto, más de 40 pueblos pasaron de la zona de La Ribera a la zona mixta, que sí permite optar por el modelo D. La modificación legislativa otorga competencias a los ayuntamientos para impulsar iniciativas de apoyo al euskera. En total, hay ahora algo más de 100 municipios incluidos en la zona de La Ribera, mientras que la del euskera engloba a 63 pueblos. La zona intermedia, a unos 80.

Mario Fabo, alcalde de Marcilla (UPN) y uno de los dirigentes que ha denunciado con más énfasis la política educativa del Gobierno de Pamplona, señala que los nacionalistas se han empeñado en imponer el euskera «a toda costa y gastando el dinero que sea preciso». Cuenta que en la inauguración del instituto, en septiembre pasado, la subdirectora del centro se dirigió a las autoridades, los padres y los alumnos de Marcilla en euskera, a pesar de que hay un escasísimo número de personas que lo entienden en esta población de La Ribera. Estaba presente Uxue Barkos. El alcalde, que no sabe euskera, se dirigió a los asistentes con un irónico «good morning», que no sentó nada bien a algunos cargos del Gobierno. La propia presidenta le reprochó que no hubiera dicho simplemente «egunon», buenos días en vasco.

«Un reducto abertzale»

«La educación es un reducto abertzale, los profesores son militantes que aprovechan el contacto con los chicos para hacer propaganda. Lo lógico sería zonificar la enseñanza con un único modelo para racionalizar el gasto. Aquí nadie estudia en euskera, que debería ser una opción en el norte donde sí hay población que lo habla», dice Fabo. El alcalde critica el sistema de acceso a la educación, que proporciona ventajas a los maestros que hablan euskera, que pueden participar en las pruebas de selección que se celebran tanto en castellano como en vasco. «Es un procedimiento que discrimina a los que no hablan euskera, porque ellos no pueden acceder a las plazas de los vascoparlantes, que, en cambio, sí pueden optar a las dos vías de entrada en el sistema», explica el alcalde de Marcilla.

«No hay ninguna duda de que el Gobierno que encabeza Geroa Bai está imponiendo el vasco. Esto se ve en los propios impresos de matrícula, en los que el euskera se pone siempre por delante, incluso en las zonas donde nadie lo habla. Ahora todo debe ser bilingüe, empezando por las señales de tráfico y los carteles en la calle. El euskera sólo es oficial en el norte de Navarra, pero los nacionalistas quieren que el bilingüismo se extienda a las zonas exclusivamente castellanoparlantes. Incluso las empresas tienen ahora la obligación de ofrecer un plan en euskera si quieren obtener contratos (para servicios que requieran la atención al público). Eso favorece a las empresas vascas y, concretamente, beneficia a una firma radicada en Guipúzcoa frente, por ejemplo, a otra de Zaragoza», subraya Ana Beltrán.

La batalla de los símbolos

Uxue Barkos insiste en que «hay carencias que queremos subsanar, pero no pretendemos imponer nada. Por ejemplo, en el complejo hospitalario de Navarra había una plaza que exigía el euskera frente a otras 3.000. Tenemos que conciliar intereses diversos y proteger a las minorías y hacerlo siempre con racionalidad».

«La presidenta Barkos habla de convivencia y de respeto, pero luego gobierna para los suyos. Cuida mucho una imagen de moderación, que ha logrado vender en Madrid con éxito», señala Javier Esparza.

Esta pasada semana UPN ha logrado un triunfo importante en la batalla de los símbolos. Un juzgado de lo contencioso administrativo de Pamplona ha fallado que no se ajustaba a la ley la colocación de la ikurriña en el balcón del Ayuntamiento municipal en el inicio de las fiestas de San Fermín. El tribunal ha dado la razón a UPN y a la delegación del Gobierno, que recurrieron la decisión del alcalde Joseba Asirón, ligado a Bildu, condenando al consistorio a pagar una multa de 8.000 euros. «Esa cantidad la debería sacar Asirón de su bolsillo», dice un concejal de la oposición.

La sentencia establece que el Ayuntamiento de Pamplona «carece de cobertura legal» para colocar la enseña vasca y precisa que, tras la derogación de la ley de 2003 por el Parlamento de Navarra, la comunidad debe regirse por la ley nacional de símbolos, vigente desde 1981.

Lo que sucedió hace un año es que Geroa Bai y Bildu, con el apoyo de Podemos, impulsaron una nueva normativa que permitiera a los ayuntamientos abertzales ondear la ikurriña junta a la bandera oficial de Navarra. Lograron derogar la ley vigente, pero no pudieron sacar adelante su iniciativa porque los dos diputados de IU, socios de Gobierno, se negaron a votar a favor de la medida.

Protección social

«Ha habido discrepancias en algunos puntos como éste. Pero hemos sido unos socios leales. Los avances en materia de protección social han sido muy importantes y estamos orgullosos de medidas como la renta garantizada de inclusión, el complemento de pensiones para las viudas o la mejora en los servicios de salud», manifiesta Marisa de Simón, líder de IU.

La pugna legal por los símbolos está siendo ganada por el bloque constitucionalista, ya que ha habido una decena de sentencias similares a la de Pamplona. En todos los casos, la Justicia ha fallado que la bandera que debe ondear en los edificios oficiales, junto a la nacional, la europea y la local, es la de Navarra.

Otro revés sufrido por Geroa Bai y Bildu es la revocación de un decreto sobre toponimia que pretendía la euskerización de las denominaciones de los pueblos. Tudela, la segunda población navarra, pasaba a llamarse también Tutera, un nombre que provocó las burlas de los tudelanos.

En cualquier caso, los nacionalistas no han arrojado la toalla en este asunto de los símbolos y tienen claro que, si vuelven a obtener una mayoría suficiente, harán una ley para que en los ayuntamientos pueda ondear la ikurriña junto a la bandera navarra. «Debería ser simplemente una opción para los ayuntamientos que quieran colocar la ikurriña junto a la bandera navarra», dice Barkos.

Euskera en la administración

«Para ellos es muy importante izar la ikurriña, aunque sólo sea durante cinco minutos y para los fotógrafos de la prensa, ya que esa imagen es una forma de que los ciudadanos interioricen que Navarra tiene una identidad vasca», comenta un ex dirigente de UPN.

Al igual que sucede en Cataluña, Euskadi o Baleares, el Gobierno navarro prima el conocimiento de euskera en las oposiciones a la Administración pública, lo cual es una forma de proteger el idioma y velar por las minorías para los nacionalistas. Este punto de vista no es compartido por el PP y por UPN, que han denunciado que Geroa Bai y Bildu utilizan como pretexto el idioma para colocar a los suyos en las instituciones.

Una de las personas más beligerante en este asunto es Juan Carlos Laboreo, presidente de Afapna, el sindicato mayoritario de los funcionarios navarros. «Las lenguas sirven para convivir y no para separar, pero el objetivo de este Gobierno es adoctrinar y para ello quitan a unos para poner a otros, a los suyos. A través del idioma pretenden construir un perfil ideológico del funcionario. Esto es inaceptable», señala Laboreo.

Afapna recurrió una decisión del Gobierno navarro para quitar el empleo a 107 docentes navarros castellanoparlantes, que tuvieron que ser repuestos por sentencia firme del Supremo. El presidente del sindicato sugiere que se trataba de una purga por cuestiones idiomáticas y afirma que se está promocionando la venida de profesores y profesionales de Guipúzcoa y Vizcaya para desplazar a los locales.

Función pública

«La situación es muy compleja. Hemos recurrido el decreto que regula el uso del euskera en la Administración porque discrimina a los castellanoparlantes», apunta Laboreo, que denuncia que las oposiciones en vasco son un coladero para la función pública, con un nivel de exigencia muy inferior al de las pruebas en castellano.

«Hay que preguntarse qué es lo que se pretende con esta política. ¿Qué es mejor: contratar a un buen médico especialista que solo hable castellano o a otro profesional que se exprese vasco con fluidez pero que no tenga conocimientos para operar a un enfermo?. El criterio que se está utilizando es absurdo y contraproducente para la población», concluye Laboreo.

«Han inventado una realidad que no existe. No se puede justificar que una persona por el hecho de hablar euskera tenga un montón de puntos más que el castellanoparlante. De la misma forma, es incomprensible que haya plazas de vasco en lugares donde nadie habla vasco. Se ha roto el principio de igualdad de oportunidades para acceder a la función pública», subraya también Esparza.

Sin adjetivos

María Chivite considera que los nacionalistas tienen un excesivo peso en el Gobierno en proporción a la población que representan y señala que uno de los males de este Ejecutivo es su excesiva dependencia de Bildu. «Adolfo Araiz, el líder de la izquierda abertzale en Navarra, es quien está gobernando en la sombra. Navarra es de izquierdas pero no nacionalista», apunta.

Los últimos datos del llamado «navarrómetro» que realiza periódicamente el Parlamento de Pamplona ponen en evidencia que más del 50% de la población se autodefine en posiciones de centro y de centro izquierda y que la mayoría se considera navarra sin adjetivos.

A finales de mayo próximo o principios de junio, los ciudadanos serán llamados a las urnas para decidir si revalidan la confianza en esta coalición de Gobierno, de corte nacionalista, u optan por otra fórmula. Todo está abierto.