Desafío secesionista
Municipios catalanes ignoran el aviso sobre su obligación de cumplir la ley
Algunos consistorios están optando por no registrar como recibida la carta del Gobierno
Nuevos episodios de rebeldía independentista en Cataluña, otra vez en el ámbito municipal. Algunos ayuntamientos gobernados por independentistas han decidido no dar acuse de recibo de la carta del Gobierno en la que se les advertía de las ilegalidades a las que se podían exponer de seguir los planes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , con su intención de celebrar un referéndum ilegal el próximo 1 de octubre.
En un intento de triquiñuela para esquivar la misiva, algunos municipios están decidiendo no registrarla como recibida. Su jugada pasa por no sellar la carta, con lo que técnicamente no queda constancia de su llegada. Quienes utilizan esta táctica argumentan que por ley, el Gobierno tiene que usar la vía electrónica para relacionarse con las administraciones locales.
Fuentes independentistas aseguran que varios municipios, de los que no ha trascendido su nombre, están siguiendo esta estrategia, aunque solo ha dado la cara el de Tavèrnoles (Barcelona). Su alcalde, Carles Banús, detalló ayer en declaraciones a «Rac1» que todavía no saben qué harán si les llega la carta por vía electrónica.
Aviso por escrito
La misiva del Gobierno, firmada por el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro , iba dirigida a más de 1.500 secretarios, interventores y responsables jurídicos y económicos de los 947 ayuntamientos catalanes . También a las cuatro diputaciones provinciales y a los 42 consejos comarcales. En ella se detallaba su obligación de cumplir con la legalidad constitucional y estatutaria -dejando claro que no pueden colaborar ni con el censo ni ceder espacios para la campaña, entre otros-, así como con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional contra toda acción a favor del referéndum.
Las entidades soberanistas denuncian que la carta no es más que una medida de presión a la desesperada del Estado
La carta, que se mandó justo después de que el Gobierno catalán celebrara un acto para intentar implicar todavía más al mundo local y que llega a los consistorios la misma semana que se ha empezado a desgranar la ley con la que pretenden desarrollar la consulta ilegal, avisa de que «la Generalitat quiere descargar en los ayuntamientos gran parte de su responsabilidad» en la organización del referéndum y les recuerda que tienen la obligación del respeto a la legalidad.
Las entidades soberanistas denuncian que la carta no es más que una medida de presión a la desesperada del Estado. «Es lamentable», critican desde la Asociación de Municipios por la Independencia , que engloba a 787 ayuntamientos, 4 diputaciones y 36 consejos comarcales, y que considera que el paso del Gobierno es una «persecución» a los funcionarios municipales.
Por otro lado, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, reiteró ayer que si el Estado llega a recurrir al artículo 155 de la Constitución para frenar el proceso soberanista, el Parlament no acatará la decisión y seguirá «actuando como siempre» . En una conferencia, insistió en que el 1-O no será como el 9-N porque «ahora la gente sabe muy bien que (el referéndum) puede cambiar el futuro político de su país». «Las urnas y los votos siempre vencerán las amenazas y las coacciones», sentenció.
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