Los Mossos controlarán la seguridad pública coordinados por Interior
Los Mossos controlarán la seguridad pública coordinados por Interior - EFE

Los Mossos dejan en evidencia a su consejero: Interior coordinará a todas las Fuerzas de Seguridad ante el 1-O

El responsable autonómico anunció que la Policía de Cataluña no acataba la orden de la Fiscalía, lo que fue desmentido por la Jefatura del Cuerpo

MAdrid/BarcelonaActualizado:

Los Mossos d’Esquadra no están de acuerdo con que sea la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior la que asuma la coordinación del dispositivo del 1 de octubre, tal como ordenó ayer el fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada. En cualquier caso, la Jefatura de ese Cuerpo ha dejado muy claro que van a acatar sus órdenes como han hecho hasta ahora. El consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, intentó manipular burdamente la postura de la Policía autonómica al anunciar la «voluntad del Cuerpo de no aceptar la coordinación del representante del Estado español», citando incluso al major, Josep Lluís Trapero.

Las palabras de Forn provocaron estupefacción, ya que daban a entender que los Mossos no cumplirían las órdenes de la Fiscalía, lo que suponía un delito de desobediencia. Para aclarar todo, la Jefatura de los Mossos difundió una nota interna, que se leyó en todas las comisarías y que se distribuyó a todos los agentes. En ella se precisaba que no se compartía la medida aunque en ningún caso supone «una intervención del Cuerpo por parte del Estado», y añadía que «seguirá cumpliendo» las órdenes del ministerio público. Asimismo se proponía que fueran los órganos previstos por la Junta de Seguridad de Cataluña los que hicieran esa función.

Además, en la nota se recordaba que la Policía autonómica «a lo largo de toda su historia ha mostrado un respeto escrupuloso a las órdenes que le han llegado de jueces, tribunales y ministerio fiscal, posición que evidentemente seguiremos manteniendo». Y añadía que ese mismo respeto se ha tenido a la «dependencia gubernativa que emana del actual marco jurídico». Finalmente, asegura que los servicios jurídicos de los Mossos d’Esquadra y de Interior estudian ya la instrucción.

En su orden, el fiscal Superior de Cataluña, que ayer por la mañana se reunió con todos los mandos policiales afectados para comunicársela personalmente, precisa que «a la vista de los últimos acontecimientos acaecidos (...) y al objeto de facilitar las funciones de coordinación de todos los Cuerpos participantes, he dispuesto que la coordinación de los dispositivos que, en su caso, deba realizarse sea ejercida por el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, bajo mi personal dirección».

Inacción

Lo cierto es que la orden se produce después de que el pasado miércoles la inacción de los Mossos obligara a los guardias civiles que realizaron el registro de la Vicepresidencia de la Generalitat a permanecer allí casi 24 horas, acosados por una muchedumbre y sin estar protegidos por un dispositivo de seguridad mínimamente adecuado para esas circunstancias.

El episodio provocó un fuerte malestar tanto en la autoridad judicial que ordenó esa operación –el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona–, como en el Ministerio del Interior, que ayer mismo anunció que enviaría refuerzos de policías y guardias civiles. «No vamos a tolerar más situaciones como esa», fue el mensaje de las fuentes consultadas por ABC.

Romero de Tejada, en su instrucción, recuerda lo dispuesto en el artículo 46 de la ley de Fuerzas de Seguridad, que precisa que «cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, simultáneamente, miembros o Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía de la Comunidad Autónoma, serán los Mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación».

Además, el fiscal Superior ordena que se celebren reuniones de coordinación en cada provincia, bajo la dirección del que sea designado por Pérez de los Cobos.

Fuentes del Ministerio del Interior destacan que, «tal como se desprende de esa instrucción, no se ha designado ningún mando sobre los Mossos, ya que éste lo tiene el fiscal; por tanto, es falso que un coronel de la Guardia Civil vaya a mandar a esa Policía». Además, las mismas fuentes aclaran que «nadie pretende sustituir a los Mossos, ni quitarles competencias; otra cosa es que dada la situación actual, y al amparo de la Ley de Fuerzas de Seguridad, el Estado haya decidido enviar refuerzos que garantizarían el apoyo necesario a la Policía autonómica para impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre».

Antecedente del atentado

«Obviamente –añaden las fuentes– este tipo de dispositivos son siempre complejos y el fiscal Superior ha decidido que sea la Secretaría de Estado quien lo coordine. Pero los Mossos tienen todas sus competencias vigentes».

Es más; conviene recordar que en el caso de los atentados de Barcelona fueron los Mossos d’Esquadra los que coordinaron las investigaciones porque así lo decidieron el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y el juez Fernando Andreu: «Entonces la Policía y la Guardia Civil acataron las órdenes; sería cuando menos curioso que ahora la Policía autonómica no lo hiciera».

El consejero de Interior, Joaquim Forn, hizo una declaración institucional en la que afirmaba que, en la reunión celebrada en la sede de la Fiscalía en la mañana de ayer con todos los mandos policiales y el director del Gabinete de Coordinación y estudios de la Secretaría de Estado, el jefe de los Mossos había explicado que «no pueden aceptar que bajo el paraguas de la coordinación se pretenda dirigir el Cuerpo» a través de un mando de Interior.

«Desde el gobierno de la Generalitat –añadió solemne– no aceptamos esta injerencia del Estado porque se salta todas los órganos que el marco jurídico actual dispone para coordinar la seguridad de Cataluña», y acusó al fiscal de «extralimitarse en sus funciones» y violar el Estatuto y la ley Fuerzas de Seguridad, por lo que los servicios jurídicos del Govern estudian una «respuesta jurídica».