Las mordidas a Convergència se pagaban a las 24 horas de reunirse con el tesorero

Como ya se ha informado, como pieza clave de toda la trama aparece el extesorero de Convergència Andreu Viloca , en un papel de «conseguidor» o intermediador entre las empresas que pagaban a la fundación de Convergència, CatDem, y los ayuntamientos o entes de la Generalitat que convocaban los distintos concursos.

Siguiendo un patrón muy preciso, la secuencia cronológica –reunión, adjudicación, nueva reunión y pago a la fundación de CDC– no dejan lugar a dudas, según la Fiscalía, sobre la «clara relación ilegal» entre ellos. Sin que haya otra explicación verosímil que no sea el del pago de la «mordida», la aportación a la fundación del partido por parte de las adjudicatarias se hacía en la mayoría de casos en un lapso de tiempo de 24 horas tras la reunión de los directivos beneficiados y el tesorero de CDC .

La investigación alude por ejemplo al concurso de 2011 de recogida de basura y limpieza viaria del Ayuntamiento de Olot (Gerona). Tras el anuncio de la licitación, el 11 de abril, al día siguiente se produce una reunión entre Viloca y Jordi Durán, de la empresa Urbaser. Una vez preadjudicada la prestación, por un importe de 2,46 millones de euros, se produce una nueva reunión entre Viloca y Durán, el 8 de septiembre. Apenas 24 horas después se produce un ingreso de 60.000 euros por parte de la fundación ACS (Urbaser) a la FundaciónCatDem. Con posterioridad a ese ingreso, la adjudicación se hace firme el 17 de octubre con el acuerdo del pleno y publicación .

El mismo patrón se sigue en la adjudicación del estudio informativo para la nueva estación de la línea AVE del Aeropuerto de Gerona. «Tras el anuncio de licitación de un concurso (...) se produjeron dos reuniones entre el Sr. Viloca y D. Antonio García Bragado de TEC-4 inmediatamente anterior a la adjudicación, y otra inmediatamente posterior a la misma». «Al día siguiente de esta última reunión, se produce un ingreso de 50.000 euros a la fundación CatDem» por la ganadora del concurso, por un importe de 608.502 euros.

El ingreso de la supuesta comisión a las 24 horas del encuentro entre el tesorero y la adjudicataria se produce también con el concurso para el mantenimiento de escuelas en Barcelona, uno de cuyos lotes se lo queda Copisa. «Una vez adjudicada la obra, a los cinco días (...) reunión nuevamente de Viloca con Xavier Tauler. Al día siguiente a dicha reunión, se efectúa un pago-donación por 25.000 euros a CatDem cuyo origen es Copisa ».

El mismo informe de la Fiscalía también alude a Daniel Osàcar, antecesor en el cargo de Viloca y de quien se sospecha que continúa implicado en los asuntos financieros de CDC. Osàcar, que esta semana se sienta en el banquillo en el inicio del juicio por el «caso Palau», se le atribuyen 500.000 euros en cuentas o depósitos fuera de España , «por lo que no se descarta que dicha persona pueda tener dinero en el extranjero en la actualidad fruto de sus supuestas actividades ilícitas».

Por otra parte, la financiación ilegal de CDC no solo se nutría de las comisiones de las empresas, sino que también procedía de retorcer la ley de Financiación de Partidos en cuanto a lo que establece el apartado de donaciones privadas. Según se incluye en un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso ABC, luego incorporado al de la Fiscalía Anticorrupción, una auditoría interna de la formación, encargada a Busquet Economistes Auditors, recordaba que, según el artículo 6 de la citada ley, «por los ingresos de las actividades promocionales superiores a 300 euros es obligatorio identificar al donante ».

CDC reconoce que recaudaba este tipo de ingresos a través de talonarios de 50 a 250 euros -lo que implicaría una donación, no un acto promocional -, y sin poder asegurar que una misma persona no comprase diversos talonarios. Durante el ejercicio analizado, 2013, y de manera significativa, este tipo de ingresos pasaron de 292.145 euros a 358.785 euros.

La misma auditoría apunta por otra parte que Convergència emitió facturas sin IVA en el ejercicio 2013 por valor de 1,2 millones . Del mismo modo, reconoce que subvenciones públicas superiores a 120.000 euros habrían ido a fines distintos a los previstos.