Mediapro y el diario «Ara», bajo la lupa de Hacienda por su relación con el «procés»

De manera concreta, y en una carta remitida el lunes a la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, el secretario de Estado de Hacienda reclama la totalidad de los pagos, ayudas y/o subvenciones concedidas desde 2015 hasta la actualidad a alrededor de unas 40 empresas y particulares. Entre estos, y de manera destacada, Mediapro, propiedad del empresario Jaume Roures , cuyo nombre aparece en un informe de la Guardia Civil remitido al Tribunal Supremo como uno de los integrantes del «comité estratégico» encargado de dirigir el «proceso», y organizador del centro de prensa del referéndum del 1 de octubre. También se ha puesto la «lupa» sobre el diario de tendencia soberanista «Ara» así como sus impulsores y accionistas, y las empresas de estos. Así, por ejemplo, se reclama información sobre posibles pagos a Agrolimen, fabricante de Gallina Blanca y propiedad de la familia Carulla, a su vez uno de los accionistas de «Ara». También se reclaman datos sobre Ferran Rodés, vicepresidente de Habas Media y presidente del consejo editorial de «Ara» , así como los impulsores y accionistas de este rotativo, como los periodistas y empresarios Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om y Xavier Bosch, todos con gran proyección pública en Cataluña. La Generalitat tiene hasta el 12 de marzo a las 10 horas.

El listado reclamado por Hacienda también pide información sobre Oriol Soler, empresario de comunicación, también vinculado a «Ara», y editor de numerosas revistas, además de ser considerado uno de los asesores más directos de Carles Puigdemont y al que se ha llegado a calificar como uno de los «ideólogos» del proceso. En el listado reclamado por Hacienda también aparece una serie de empresas en su momento relacionadas con ERC.

El requerimiento de Hacienda es especialmente claro con respecto a la obligación de la interventora de la Generalitat, que en su momento, y con respecto a una demanda de información anterior, había alegado no tener competencias para ello, recordándole que sí esta habilitada. Por este motivo, vuelve a pedir el cuadro de ayudas y subvenciones ente 2015 y 2017 a entidades como la ANC, Òmnium, la Asociación de Municipios Independentistas, Súmate, así como a sus líderes.

En su detallado requerimiento, se exige también conocer los pagos a cuatro empresas tecnológicas por parte del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de Cataluña (CTTI), responsable técnica del 1-O, y del Cesicat, este último considerado el embrión de un centro de ciberseguridad de la Generalitat. No obstante, y según fuentes de Hacienda, la demanda de información alude en este caso a la creación de la Agencia Tributaria Catalana, creada para gestionar los impuestos propios y cedidos a la Generalitat, pero también con el propósito explícito de funcionar como estructura de estado en caso de secesión.

Junto a ello, Hacienda reclama también datos relativos a los pagos de una lista de becas artículos y libros encargados por el Instituto de Estudios de Autogobierno de la Generalitat.

Desde el soberanismo se ha denunciado siempre un supuesto celo especial de Hacienda con respecto a empresas catalanas, y las particularmente relacionadas con el proceso, algo que ahora consideran confirmado. Es en esta línea que en declaraciones a TV3 se manifestaron los empresarios Jaume Roures y Oriol Soler , que denunciaron lo que consideran una persecución «político-judicial». «Se trata de asustar y señalar a la gente», apuntaron.

En RNE, el secretario de Estado Bermúdez de Castro aclaró que no se trata de perseguir a nadie, sino determinar si el dinero público, particularmente el que se prestó vía FLA, se gastó «de manera correcta».