Una magistrada alertó de la investigación a Ignacio González a través de Casals

Los investigadores tienen acreditado ese «chivatazo» porque el propio González se lo contó en una conversación al expresidente de la Comunidad Valenciana, su amigo Eduardo Zaplana , según las fuentes consultadas por ABC. Casals, que ayer declaró como investigado, se refirió a la jueza -cuyo nombre no mencionan- como amiga de la casa y mostró su preocupación porque hubieran grabado al consejero delegado. Edmundo Rodríguez presidió Innasa, la filial del Canal de Isabel II entre 2006 y 2016, cuando lo destituyó Cristina Cifuentes tras aparecer en los llamados «papeles de Panamá» vinculado a tres empresas con sede en Hong Kong.

En esa misma conversación, el expresidente muestra su inquietud porque estén siguiendo el tema de Colombia (se refiere al supuesto espionaje en Cartagena de Indias) y atribuye ese renovado interés a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, de quien habla en términos poco correctos. González se sentía acosado e intentaba defenderse y saber qué había contra él. Los investigadores sospechan que también un policía le facilitó algún tipo de información aunque no fuera directa, dado el secreto de la operación Lezo.

Una operación que se inició en 2015 y se judicializó el año pasado por parte de la Fiscalía Anticorrupción, cuyo nuevo jefe Manuel Moix está siendo cuestionado por intentar limitar el alcance de la misma , como adelantó ayer ABC. Moix trató de restringir uno de los registros que iban a pedir al juez Velasco los dos fiscales del caso. Ante esa situación, le solicitaron la orden por escrito y el jefe se la hizo llegar. Los fiscales recurrieron al Estatuto del Ministerio Fiscal y el asunto acabó el martes en la Junta de Fiscales de Anticorrupción. En esa reunión, en la que estaban presentes una veintena de miembros de la misma se examinaron algunas intervenciones telefónicas y se distribuyeron a los asistentes -otros las recibieron por mail- para argumentar la pertinencia de los registros y las detenciones que se pretendían.

El principal punto de discrepancia, según fuentes fiscales, fue el registro del Canal de Isabel II. Moix quería que se limitara a la intervención de documentos sobre la compra de sociedades de los últimos años (por algunas empresas se pagó hasta cinco veces su precio), pero la tesis de los fiscales es que había que remontarse a la adquisición de Innasa (Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A.), la matriz del Canal en Suramérica. Dicha sociedad se compró en 2001 por 83 millones de euros (la operación completa acabó costando casi 100 millones a los madrileños), diez veces más del precio pagado un año antes por otros compradores.

Esa compra afecta directamente a la gestión de Alberto Ruiz-Gallardón , presidente de la Comunidad en ese momento, quien, según los investigadores, modificó los estatutos para hacer posible dicha adquisición.

Moix quería que el registro del Canal dejara al margen todo lo relacionado con Innasa y era partidario de que se investigara en un procedimiento distinto y, por tanto, se aplazara ese registro. Las fuentes consultadas lo interpretan como una especie de «cortafuegos» para evitar que la operación pueda salpicar a Gallardón. Pero los fiscales del caso se opusieron a esa postura argumentando que los investigados podrían destruir documentación clave probatoria . Sus compañeros de Anticorrupción les apoyaron de forma casi unánime por lo que Moix aceptó la propuesta de actuación.

La sobrevaloración en la compra de Innasa hace 16 años es el punto de partida de la trama de corrupción gestada en torno al Canal de Isabel II, por cuanto los investigadores consideran que se produjo un desvío de fondos de hasta 25 millones de euros, que habrían acabado en una cuenta suiza.

La Fiscalía General del Estado negó ayer en un comunicado que Moix haya intentado obstaculizar la investigación o paralizar las pesquisas sobre Ignacio González y detalló que en la Junta de Fiscales del martes lo que se habían producido eran «puntuales discrepancias técnico-jurídicas». El jefe de Anticorrupción fue el candidato del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, pese a ser el único que no tenía experiencia en esa Fiscalía. Según las fuentes consultadas, Maza fue alertado meses antes de que los investigados en Lezo hablaban sobre Moix pero eso no afectó a su nombramiento.