Vídeo: Puigdemont, en el aeropuerto de Copenhague, esta mañana - REUTERS

Llarena destapa a Puigdemont: quería forzar su detención para poder delegar su voto

El juez no descarta activar la euroorden más adelante, cuando esté garantizado el Normal funcionamiento parlamentario

MadridActualizado:

En su auto, el instructor encuentra «razonable» la petición del fiscal si se contempla que el investigado se encuentra fuera del territorio nacional para eludir un procedimiento penal, pero añade que tal solicitud se enfrenta a matices que conducen a que deba posponerse la orden de detención solicitada.

El juez señala que «la jactancia del investigado de ir a desplazarse a un concreto lugar, no tiene otra finalidad que buscar la detención para subvertir la finalidad de un instrumento procesal que está previsto para garantizar la observancia del ordenamiento jurídico, convirtiéndolo en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria».

Así, explica que frente a la imposibilidad legal de optar a una investidura sin comparecer en el Parlamento, Puigdemont busca que su ausencia en la Investidura no responde a su libre decisión como prófugo de la justicia, sino que es la «consecuencia de una situación que le viene impuesta», añade Llarena.

«Se busca así favorecer –dice el auto— la estrategia anticonstitucional e ilegal que este procedimiento está llamado a poner término, forzando además un contexto en el que poder delegar su voto, como si estuviera en el mismo supuesto que quienes están a disposición de este Tribunal y han sido provisionalmente privados de su libertad. De este modo, se instrumentalizaría la privación de libertad para alcanzar la investidura y el voto que parlamentariamente no puede obtener, pero perseverando el investigado en eludir su sujeción al proceso penal, evitando someterse a la jurisdicción nacional y oponiéndose desde el extranjero a la extradición que pueda cursarse».

Lógicas divergencias

En todo caso, explica el juez, la decisión de retirada de la euroorden no descansa en una desconfianza respecto de la actuación jurisdiccional de un Estado en concreto, sino en las lógicas divergencias que, en delitos complejos, pueden existir entre los ordenamientos jurídicos de distintos Estados de la Unión. Unas divergencias no solo propiciadas por la diferente opción legislativa de los parlamentos, sino también por el hecho de estar en un momento inicial de la investigación. Por tanto, deja la puerta abierta a cursarla más adelante de nuevo.