Los líderes independentistas rinden cuentas mañana ante la Audiencia y el Tribunal Supremo

Puigdemont, Oriol Junqueras y los antiguos trece consejeros del Gobierno catalán destituido por Mariano Rajoy declararán en la Audiencia Nacional, ante la juez Carmen Lamela. La magistrada admitió ayer a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado y acordó acumular la nueva investigación a la causa ya abierta contra el que fuera Mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. Se trata, por tanto, de la misma magistrada que encarceló de forma preventiva a los agitadores del independentismo en las calles, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, para evitar que se fuguen al estar imputados por sedición , una acusación menor que la de rebelión.

Como le pedía el Ministerio Público, la magistrada exige a los antiguos miembros del Govern una fianza de 6,2 millones de euros para garantizar una posible indemnización si son condenados en un futuro juicio. Si no depositan el dinero entre todos en un plazo de tres días, serán embargados sus bienes para cubrir dicha cantidad.

La magistrada asegura que la Fiscalía argumenta la existencia del requisito de violencia que exige el tipo de rebelión «de manera seria, racional y lógica». Lamela alega que, en este momento inicial, no se puede descartar que el plan secesionista constituya este delito, castigado con hasta veintinco años de prisión si se comete sin armas. La rebelión, en el caso de existir, absorbería los delitos de sedición, desobediencia y prevaricación , dice.

La Fiscalía, en sus querellas, acusó a los líderes independentistas de «dinamitar los cimientos del Estado de Derecho» con su plan secesionista, que creó una arquitectura normativa al margen de la Constitución para empujar hacia la independencia. El Ministerio Público considera que Puigdemont y su equipo enfrentaron a la sociedad catalana contra el Estado.

Puigdemont y su equipo están citados el próximo jueves a las 9 horas, y también el viernes. Tras los interrogatorios se celebrará una vista en la que la Fiscalía podrá pedir medidas cautelares para asegurar que los investigados no se escapan de la acción de la justicia. La medida cautelar más grave es el ingreso en prisión preventiva , que la juez solo podría acordar siempre que se lo solicite la acusación.

El mismo día –a pocos metros de distancia, en la otra orilla de la plaza madrileña de la Villa de París– están citados a las 9.30 en el Tribunal Supremo Forcadell y cinco antiguos miembros de la Mesa del Parlament. Todos ellos son investigados por el alto tribunal por su condición de aforados, una garantía que mantienen al formar parte de la diputación permanente, el órgano que rige la Cámara autonómica hasta que haya nuevos diputados.

El Supremo admitió la querella presentada contra ellos por la Fiscalía por los delitos de rebelión o sedición, y malversación, que podrían sumar penas de hasta veintiocho años de prisión. El alto tribunal asume así la competencia para investigar, y en su caso enjuiciar, a los parlamentarios .

Los jueces explican que la investigación que se abre ahora resolverá qué delitos se atribuirán a los antiguos miembros de la Mesa que tramitaron las leyes de la ruptura. El desarrollo de la instrucción –en la que se practicarán diligencias para esclarecer los hechos– «confirmará o desmentirá» si existen indicios suficientes de rebelión. Aun así, el auto de la Sala de lo Penal, del que es ponente su presidente, Manuel Marchena, anticipa que el Código Penal también castiga en el los artículos 477 y 17.1 los actos preparatorios de una rebelión, a pesar de que ésta no llega a completarse.

La sala de lo Penal, en un auto del que es ponente su presidente, Manuel Marchena, se considera competente para asumir las investigaciones abiertas contra Forcadell y la Mesa en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, si el instructor del caso, el magistrado Pablo Llarena, lo considera oportuno, por su «naturaleza inescindible» con estos hechos.