La Ley de Seguridad Ciudadana tampoco aguanta la embestida de la oposición en el Congreso

Aunque las dos proposiciones de ley salieron adelante, es la impulsada por el PNV la que cuenta con más visos de convertirse en el marco negociador sobre el que los distintos grupos tendrán que buscar ahora un acuerdo en la Comisión de Interior. Allí proseguirá ahora una tramitación parlamentaria que nadie cree que pueda acabar antes de final de año, ni que vaya a ser sencilla. No en vano, las diferencias que existen entre los grupos parlamentarios sobre cómo reformar la actual ley son difíciles de salvar. Así, mientras el PSOE o ERC reclaman su derogación, Podemos y Ciudadanos advierten que no apoyarán regresar a la legislación precedente . En este río revuelto, el PP aprovechó también para tender la mano al diálogo y a la reforma consensuada de algunos artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana. La oferta del PP no es fruto de un cambio de convicción sino de la única estrategia posible para intentar que que los cambios que introduzca la oposición durante la tramitación parlamentaria sean los menores posibles.

De hecho, el portavoz parlamentario popular, Rafael Hernando, ha dejado claro que su grupo buscará un acuerdo sobre «lo que no ha funcionado y ver qué ha funcionado bien para poder conservarlo», siempre sobre la base de que ha sido una «ley buena para mejorar la seguridad en nuestro país».

En este contexto, y con varias enmiendas, la proposición del PNV podría sumar el apoyo del PP y Ciudadanos, acariciando la mayoría necesaria para ser aprobada, ya que se enmarca en la idea de modificación y no derogación que buscan ambos partidos. Pero hay puntos de la iniciativa vasca que los populares no comparten de ninguna manera, como la legalización del consumo público de drogas , que requerirán de una negociación intensa para poder ser solventados. El PNV también podría buscar el apoyo del PSOE ya que, aunque este partido propone la derogación de la ley actual, reconoce que su objetivo último es retirar los artículos que considera más lesivos y admite que el regreso a la Ley Corcuera solo podría ser temporal. Con Podemos, en cambio, existe coincidencia en que deje de ser infracción grave (con hasta 30.000 euros de multa) el uso no autorizado de imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

De momento, los próximos pasos de esta reforma serán la apertura del trámite de enmiendas y la ponencia posterior, que servirán para desvelar en qué términos existe una mayoría para alcanzar un acuerdo.