Justicia no descarta «reconvertir» jueces en fiscales en el nuevo proceso penal

La investigación en manos del Ministerio Público deja en el aire el futuro de unos 1.600 jueces de instrucción

Rafael Catalá, el pasado 4 de noviembre en los jardines de La Moncloa IGNACIO GIL

19/12/2016
Actualizado a las 08:46h.

Después de 180 modificaciones, medio centenar de ellas posteriores a la Constitución, el Gobierno está dispuesto a afrontar una verdadera transformación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (1882) con un cambio histórico en los protagonistas de la instrucción penal. Serán fiscales, y no jueces, como hasta ahora, los que se encarguen de la investigación , mientras que un juez de garantías se ocupará de adoptar las medidas cautelares que puedan afectar al encausado (como prisiones, fianzas o comparecencias periódicas) y de autorizar diligencias que impliquen una restricción de derechos fundamentales.

Este cambio radical en el modelo de instrucción penal requerirá una reestructuración de las plantillas judicial y fiscal en la que el ministerio que dirige Rafael Catalá no descarta la «reconversión» -voluntaria- de jueces en fiscales . Se trataría de un intercambio de carreras que existe en países como Francia o Italia y que asociaciones de jueces y fiscales ven como una posible opción.

Todavía es pronto para aventurar a cuántos de los cerca de los más de 1.600 jueces de instrucción que hay en España (el resto, hasta llegar a 5.500, se encargan de juzgar) afectará este cambio de modelo, ya que si algo está claro en el nuevo proceso penal es que si bien se necesitará un fiscal por juzgado, ya no será necesario un juez por órgano judicial, sino que un mismo juez de garantías podría hacerse cargo de varios juzgados a la vez.

Diálogo y consenso

Actualmente hay 2.500 fiscales, pero ya con las funciones que tenían atribuidas hasta el momento era un número insuficiente, como se puso de manifiesto hace un año, cuando en aras de la agilización de las instrucciones se les encomendó la revisión de las causas penales en todos los juzgados de España para clasificarlas en simples o complejas : la investigación de las primeras tiene que durar seis meses y la de las segundas se puede prolongar a dieciocho.

Fuentes de Justicia señalan que como punto de partida de la reforma hay que realizar un estudio profundo, y sobre todo consensuado con asociaciones de jueces y fiscales y con los partidos (la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige mayoría absoluta), sobre el papel de los distintos operadores jurídicos en el nuevo modelo procesal (cargas de trabajo, número de juzgados...). Solo después se hará «la ecuación», porque muchos de esos jueces que hoy son de instrucción podrían pasar a reforzar otras jurisdicciones que están atascadas .

El planteamiento no parte de cero, porque se trabajará sobre proyectos que hicieron dos ministros en gobiernos de distinto signo político: Francisco Caamaño y Alberto Ruiz-Gallardón . «Se trata de aunar los textos y sacar lo mejor de los dos», apuntan esas fuentes. No existe impedimento constitucional para que sea otro órgano distinto al jurisdiccional el que se ocupe de la investigación, mientras aquel intervenga a la hora de adoptar medidas que afectan a los derechos fundamentales. Hay que tener en cuenta que el artículo 117 de la Constitución abarca de forma exclusiva juzgar y ejecutar lo juzgado. Eso sí, en Justicia son conscientes de que este cambio no es posible sin dotar al Ministerio Fiscal de mayor autonomía.

Para el Ejecutivo el nuevo modelo procesal no solo responde a la necesidad de equipararnos con los países de nuestro entorno, sino que detrás de esta actuación está la necesaria agilización de los procedimientos. Junto al cambio de los protagonistas de la investigación (habrá que ver también qué papel desempeña la Policía Judicial), Justicia quiere articular una fase de investigación centrada en determinar únicamente si existen indicios de delito y si hay principio de prueba suficiente. Una vez alcanzado ese mínimo de convicción, la celebración del juicio debería ser inmediata y practicar allí la prueba plena, en lugar de repetirse en ambas fases, como sucede ahora.

Desde la Asociación de Fiscales , su portavoz, Jesús Alonso, subraya que la investigación en manos de un juez casa mal con la imparcialidad que de él se predica, por lo que ve necesario este nuevo modelo. Está convencido de que, si se les da la opción, muchos jueces se pasarían voluntariamente al cuerpo de fiscales. Para Alonso, el cambio de modelo tiene que ir acompañado de una revisión del sistema de recursos en instrucción (lo que ralentiza excesivamente las investigaciones al cuestionar las partes cada una de las decisiones que se toman) y del propio Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para garantizar su imparcialidad .

Ganar en eficacia

Para Álvaro García Ortiz, de la Unión Progresista de Fiscales , hay que ver hasta dónde va a llegar el papel del fiscal en su labor de investigación, porque si cada una de sus decisiones va a ser recurrible, «el sistema será garantista, pero no se ganará en eficacia». Ortiz considera que con el nuevo modelo ya no será necesario un juez de garantías por partido judicial. «Vamos a circunscripciones mucho más amplias, en las que sin duda harán falta más fiscales».

Considera que uno de los mecanismos para incrementar la plantilla fiscal puede ser el intercambio de carreras. Recuerda que los fiscales no se oponen a este nuevo modelo siempre y cuando vaya acompañado de medios. «Hay que ir a un modelo de autonomía del fiscal», dice.

En la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se muestran reacios a que los fiscales asuman la investigación. «No somos partidarios de cambiar lo que funciona», señala Manuel Almenar, su presidente. En su opinión, el problema de la instrucción en España es que es un sistema ya obsoleto.

«Hay que diseñar un proceso penal ágil, respetuoso con los derechos fundamentales. Hay que dotar a los juzgados de medios, unificar procedimientos, adscribir a los juzgados cuerpos de peritos... El problema no es el juez de instrucción», apunta. Aun así, si finalmente se opta por el cambio, a su juicio lo determinante es garantizar la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal. Respecto al trasvase de carreras, Almenar señala que una de las soluciones es que se dé la opción a los jueces de instrucción de integrarse en la carrera fiscal y que los que no quieran se queden como juez de garantías a disposición del destino que se dé al órgano en cuestión.

Desde Francisco de Vitoria , la segunda asociación judicial en número de afiliados, Raimundo Prado cree que el modelo de fiscal investigador puede funcionar. «Lo esencial es que sea independiente y que se garantice su imparcialidad», dice. Comparte con sus compañeros la necesidad de agilizar la instrucción revisando el sistema de recursos y recuerda que en esencia se trata de extrapolar un sistema que ya funciona en la jurisdicción de menores, donde el fiscal investiga. Prado considera que en un futuro los jueces que hoy instruyen podrán pasar a formar parte de los tribunales de instancia que se supone que en un futuro sustituirán a los actuales partidos judiciales.

Por último, Ignacio González, de la progresista Jueces para la Democracia , no ve ningún inconveniente en que el fiscal investigue, pero «es imprescindible su autonomía». Aunque la asociación no ha fijado una posición respecto al trasvase de profesionales de una carrera a otra, opina que «lo razonable sería la posibilidad de reconvertir al juez en fiscal, siempre que el interesado quiera. En caso contrario, que se quede como juez de garantías», dice. No obstante, como los demás, cree que hay dotar de suficientes medios a los juzgados y agilizar la instrucción porque si el actual modelo falla no es por culpa del juez. González propone que una vez finalizada la fase de instrucción se celebre una especie de vistilla que englobe todos los recursos a la vez.