Los juicios que rompieron el calendario judicial

Caso Gürtel

La instrucción de la trama Gürtel, con todas sus piezas separadas, cumplió ocho años el pasado 2017 desde que en febrero de 2009 la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional denunciara una supuesta trama de financiación ilegal en el Partido Popular. Lo hizo el mismo año en que la vista oral de la conocida como «la primera época» del caso quedó vista para sentencia, después de un año y dos meses de juicio. En total 125 sesiones en la Audiencia Nacional en las que Francisco Correa , considerado el cabecilla de la trama , copó titulares y sesiones mientras en la Sala se dirimía su papel en el entramado criminal.

La Audiencia Nacional enjuiciaba en esta primera época las actividades de la trama en la Comunidad de Madrid y Castilla y Léon y en Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Madrid y Estepona entre 1999 y 2005. En total, en esta pieza del caso están acusadas 37 personas. El proceso quedó visto para sentencia y será la primera decisión judicial que esclarezca si Luis Bárcenas delinquió para obtener la fortuna que ocultó en Suiza.

Antes del juicio sobre esta primera época, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «El Bigotes», fueron condenados por los amaños en los contratos de la Generalitat en la feria Fitur de Madrid. La sentencia dictó condenas de 13 años prisión para los tres implicados. Estos presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que debe resolver.

Por otra parte, queda por establecer la fecha del juicio de la pieza conocida como los «papeles de Bárcenas», la caja B del Partido Popular que estuvo en manos de los tesoreros de la formación durante 18 años, según apunta la investigación. Tampoco se han celebrado aún el juicio de las piezas que investigan las actuaciones de la Gürtel en Jerez, Boadilla y Aena. Todas ellas, ya cerradas.

Lo que sí se está juzgando en la Audiencia Nacional es la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia . Los implicados, entre ellos Correa, «El Bigotes» y Crespo, empresarios y políticos, han reconocido actuaciones fraudulentas.

Los juicios del clan Pujol

Las causas judiciales del clan de Pujol se abrieron en 2014 después de Jordi Pujol reconociese haber ocultado «durante 34 años un dinero ubicado en el extranjero» en un comunicado. En la misma misiva, el expresidente de la Generalitat aseguraba que procedía de una herencia familiar y que pertenecía a su padre.

El 28 de julio, apenas tres días después de dar a conocer la noticia, el sindicato Manos Limpias denunció a Pujol y a su esposa, Marta Ferrusola , por cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y prevaricación, entre otros delitos. El caso llegó a la Audiencia Nacional y el magistrado José de la Mata llamó a declarar como imputado tanto al político catalán como a su mujer por un supuesto delito continuado de blanqueo de capitales. No fueron los únicos miembros de la familia en testificar ante el Ministerio Público. Oleguer Pujol , el hijo menor del matrimonio, declaró en enero de 2017 y el juez dirimió su puesta en libertad.

Tras él, Jordi Pujol Ferrusola , el primogénito, fue enviado a prisión sin fianza. Pujol Ferrusola, más conocido como Junior y a quien el juez De la Mata consideró el repartidor del dinero ilícito del clan Pujol , se encontraba en prisión preventiva desde el pasado mes de abril acusado de ocultar patrimonio a la Justicia -en total 29,9 millones de euros mientras se investigaba la fortuna del clan Pujol- y se le imputaron delitos de blanqueo. Finalmente, en diciembre de 2017, y después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le impusiera una fianza de 3 millones de euros, De la Mata decretó una fianza de 500.000 euros al entender que el riesgo de fuga había disminuido.

El caso Nóos

El caso Nóos contó con dos factores que marcaron su investigación y juicio: la relevancia de los acusados y la magnitud de sus cifras. La causa era una pieza separada del caso Palma Arena , una intrincada investigación en las Islas Baleares que por sí sola acumula una gran multitud de subpiezas.

La instrucción del caso Nóos, cuyo sumario sumaba más de 100 tomos, duró seis años . En enero de 2016, el juez Castro dio inicio al juicio en el que en un principio había 18 personas encausadas , una cifra que se redujo a 17 tras la retirada de una de las acusaciones de Manos Limpias. Entre ellos, Iñaki Urdangarin y Diego Torres , señalados por un entramado empresarial que aunaba las señaladas Nóos, Aizoon y Areté.

El juicio se alargó y durante 5 meses acusados, peritos, técnicos y testigos declararon ante el tribunal. La macrocausa quedó vista para sentencia en junio de 2016. Prevista para el mes de diciembre de aquel año, el caso se resolvió en febrero de 2017 después de que el tribunal solicitase una prórroga para trabajar, durante 3 meses adicionales, en la redacción del fallo.

Finalmente, el tribunal condenó a Iñaki Urdangarin a seis años y tres meses de cárcel y a Diego Torres a ocho años y seis meses . Urdangarin fue acusado de prevaricación -en concurso con falsedad y malversación-, fraude, tráfico de influencias y dos delitos contra la Hacienda Pública.

En la sentencia, además, se exculpó a la Infanta Doña Cristina del delito de cooperadora necesaria. También absolvió a Ana M. Tejeiro , la esposa de Torres. Ambas fueron condenadas a pagar multas de 265.000 y 344.000 euros, respectivamente. Marco A. Tejeiro y Salvador Trinxet también resultaron absueltos , pero sin ningún tipo de multa.

Cinco miembros del Gobierno balear fueron sentenciados con penas de prisión: Jaume Matas (3 años y 8 meses), José Luis Ballester (15 meses y 2 días), Juan Carlos Alía (1 año y 2 días), Miguel Á. Bonet (1 año y 2 días) u Gonzalo Bernal (15 meses y 2 días).

Además de estos rostros políticos, 5 miembros del Gobierno de la Comunidad Valenciana, entre ellos Alfonso Grau, resultaron absueltos. También Mercedes Coghen, de Madrid 2016.

Tras conocer el fallo, las partes presentaron sendos recursos de casación ante el Supremo. En concreto, Anticorrupción solicitó que la pena impuesta al marido de la Infanta se eleve finalmente hasta un total de diez años de cárcel y que la de Torres se sitúe en 12 años y cuatro meses de prisión. El incremento solicitado por la Abogacía del Estado fue de sólo 10 meses de prisión adicionales para Urdangarin.

Por su parte, Urdangarin y Torres recurrieron igualmente ante el Tribunal Supremo pidiendo ser absueltos. Matas, por su parte, tan solo solicitó la reducción de su pena. La vista, que se celebró el pasado 20 de marzo, retrasó hacer pública su decisión, que todavía no se conoce.

La sentencia de «La manada»

Los cinco jóvenes sevillanos acusados de violar en grupo a una joven durante los Sanfermines de 2016 llevan en prisión desde que fueron detenidos en julio de ese mismo año. Desde entonces, en régimen de prisión preventiva , «la Manada» ha pasado por un juicio que quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre y de cuyo fallo nada se sabe aún.

Uno de los argumentos que se esgrimen para justificar este retraso es la complejidad en la redacción del fallo que, debido a la magnitud pública del caso, debe estar perfectamente ejecutada.

Otro es la cantidad de trabajo que acumula la Sala que juzga la causa afecta a los tiempos en las causas, que en algunos casos llega a alcanzar un año de retraso.

Tal y como informó Pablo Ojer el pasado mes de febrero, cuando se cumplían 3 meses sin sentencia, solo las secciones Primera y Segunda (la que juzga este caso) de la Audiencia Provincial de Pamplona se hacen cargo de los juicios penales con peticiones superiores a los 5 años de prisión. Asimismo, acumulan los recursos de casos con penas menores a ese tiempo.