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El juez sienta en el banquillo a 27 personas por los contratos que consiguió la Gürtel en Valencia

Autoridades y funcionarios de la Generalitat otorgaron de forma irregular a las empresas de Francisco Correa

Mónica Magariños y Francisco Correa, acusados en el caso Gürtel EFE/ JUAN CARLOS CÁRDENAS

L. P. ARECHEDERRA

Todos los tentáculos de la trama Gürtel se encaminan a los juicios correspondientes. Después de abrir juicio oral en las piezas relativas al Ayuntamiento de Jerez y a AENA , el juez José de la Mata ha sentado en el banquillo a 27 personas por las actividades de la red de corrupción en Valencia, donde altos cargos y funcionarios otoogaron contratos irregulares a las empresas de Francisco Correa .

En un auto de 116 páginas, el juez ha abierto juicio oral contra Correa, el cabecilla de la trama, su número dos, Pablo Crespo, el delegado del trama en Valencia, Álvaro Pérez, alias «el Bigotes», entre otros acusados, así como altos cargos valencianos. Entre ellos, tres exconsejeros de la Generalitat gobernada por Francisco Camps: Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado.

Los acusados serán enjuiciados por los supuestos delitos de tráfico de influencias , prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil, falsificación en documento oficial y malversación de caudales públicos por haber otorgado concesiones irregulares a empresas de la Gürtel entre 2004 y 2009, sobre todo a Orange Market, la «filial» de la trama en esta región.

El juez relata que los cabecillas de la trama Gürtel «consiguieron, con lucrativo propósito y con perjuicio para las arcas del erario público autonómico, la adjudicación y contratación irregular de numerosos contratos públicos» de diversas consellerías, organismos y empresas públicas dependientes de la Generalitat valenciana .

Todas estas actuaciones, dirigidas a través de un entramado de sociedades, buscaban «vulnerar la aplicación de la normativa reguladora de la contratación pública y alterar los documentos neceasrios para conseguir tal finalidad». Para ello, las empresas de la trama se apoyaron en las relaciones que lograron establecer de forma directa o indirecta con funcionarios de la Generalitat.

Con el objetivo de asegurar el pago de las posibles multas, el juez fija una fianza de 776.667 euros para Correa, Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños, y de entre 4.320 a 66.667 euros para otros de los acusados.

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